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El Gobierno central autoriza el macroproyecto de 21 parques eólicos al sureste de Teruel

El Consejo de Ministro concede el permiso de construcción al Clúster Maestrazgo, con 125 molinos,  que impulsó Forestalia antes de vender el proyecto al fondo danés CIP. 

Uno de los parques eólicos promovidos el año pasdo por Forestalia junto con Engie y Mirova en la sierra de Luna, en las Cinco Villas.
Uno de los parques eólicos promovidos por Forestalia, el principal promotor de renovables en Aragón.
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El polémico macroproyecto de 21 parques eólicos impulsado por Forestalia al sureste de Teruel ya tiene el visto bueno definitivo del Gobierno central para impulsar las obras. El Consejo de Ministros ha culminado este martes la tramitación administración con la autorización de construcción, lo que permitirá al fondos danés que compró los proyectos, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), levantar los 125 aerogeneradores previstos en las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. Se trata de la mayor actuación de energía renovable tramitada en España.

Pese a tratarse de una inversión de más de mil millones de euros que podría generar 1.300 empleos directos durante su construcción, el Ejecutivo central no ha querido informar de su aprobación en la referencia de sus acuerdos. Conscientes de la oposición de sus socios de coalición y el rechazo que ha generado, especialmente en la Comunidad Valenciana donde se evacuará la producción a través de una línea de alta tensión, las fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) consultadas por HERALDO han optado por guardar silencio.

El denominado Clúster Maestrazgo superó a finales de 2022 la declaración de impacto ambiental, aunque se redujo su alcance a 125 de los 161 aerogeneradores, casi el 78% de los proyectados. Su potencia, sumada a la de las dos plantas solares que también superaron el preceptivo trámite ambiental, alcanzará los 784 megavatios. Más de medio centenar de personas trabajarán durante la fase de explotación.

El Miteco no solo redujo el número de molinos, de 200 metros de altura, sino que obligó a modificar la ubicación prevista de 36 para que se ajustaran a los criterios requeridos de compatibilidad ambiental, paisajística y de optimización del aprovechamiento del recurso eólico. 

Los parques se construirán en los términos de Cantavieja, Fortanete, La Iglesuela del Cid, Mirambel, Mosqueruela, Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo, mientras que las infraestructuras de evacuación de la energía generada llegarán a los municipios castellonenses de Portell de Morella, Cinctorres y Morella para acabar en la subestación de esta última localidad.

Forestalia aseguró  en su momento que los nuevos emplazamientos disminuirán el impacto visual desde Cantavieja y Mosqueruela y se conseguirá mejorar la compatibilidad en zonas de comederos, dormideros y con las propias poblaciones de águila real, águila culebrera, buitre leonado, alimoche y quebrantahuesos.

En todo caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite a principios de año un recurso contencioso administrativo contra uno de los 21 parques eólicos del Clúster Maestrazgo. La iniciativa legal es compartida por Teruel Existe y Paisajes de Teruel con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y la plataforma castellonense contra las líneas de alta tensión.

El frente judicial no resultó un contratiempo para el fondo danés CIP,  que hace dos meses anunció la compra de los aerogeneradores a la división Onshore Wind de GE Vernova por una cuantía superior a los 700 millones. Los equipos se fabricarán en instalaciones repartidas por localidades ubicadas en cuatro autonomías. La compañía apuntó  entonces que solo estaba pendiente de obtener la autorización administrativa de construcción para comenzar las obras, motivo por el que tiene consignada la totalidad de la suma milmillonaria.

CIP ha señalado que a la inversión inicial de 1.000 millones se sumarán otros 1.400 millones en gastos de operación y mantenimiento durante toda la vida útil del proyecto, que se alargará 25 años, de acuerdo con el informe de impacto socioeconómico realizado por una consultora independiente.

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