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El Gobierno mide su resistencia con la ley de extranjería y el intento de investir a Illa

Se arriesga este martes a una derrota en el Congreso por falta de apoyos, una prueba para el PP de su debilidad un año después del 23-J.

Imagen de archivo del momento en el que se registra la ley de extranjería.
E.P.

El Gobierno arriesga su entereza, y con ella la de una legislatura maniatada por la volatilidad, en un final de julio que las circunstancias han convertido en termómetro del año transcurrido desde que Pedro Sánchez lograra contra pronóstico aguantar el tipo y la Moncloa tras las generales del 23 de julio de 2023. 

La casualidad ha hecho que este martes, justo cuando se cumplen doce meses de aquella cita con las urnas que encadenó la investidura y la coalición con Sumar a los pactos con el soberanismo, el Ejecutivo tenga que pasar la prueba en el Congreso de la reforma de una ley de extranjería que el desmarque de Junts ha dejado en manos del PP. Y en paralelo, con una trascendencia política aun mayor, el presidente se juega la incierta investidura de Salvador Illa en Cataluña que los socialistas negocian, contra el reloj, con Esquerra.

En lo más inmediato, el Ejecutivo también dialoga "al más alto nivel" y con "buena predisposición", según fuentes de los republicanos, para que estos favorezcan la toma en consideración el martes de la proposición de ley registrada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria -que gobierna las islas junto al PP- para reajustar la norma vigente desde 2000 sobre extranjería. 

En síntesis, el objetivo es un cambio en el artículo 35 para obligar literalmente a las comunidades a hacerse cargo de menores extranjeros no acompañados cuando alguna de ellas, como ocurre ahora en el archipiélago canario, vea desbordada en un 150% su capacidad de acogida. El Gobierno negocia las enmiendas de ERC, después de que el Govern fuera el único en abstenerse en la conferencia sectorial del 10 de julio que distribuyó 347 niños y adolescentes inmigrantes solos al requerir "orden, condiciones" y que se dote de más recursos a su voluntad de colaborar.

Pero el escollo para el Gobierno no está en ERC, sino en la negativa de Junts a que Cataluña participe de un régimen común de acogida. Los de Carles Puigdemont se escudan en el acuerdo de enero para ampliar las competencias catalanas en materia migratoria, el pacto 'in extremis' que evitó un batacazo al Ejecutivo en la votación de tres decretos básicos para emprender la legislatura y del que nada concreto ha vuelto a saberse. 

Ahora, siete meses después y con Puigdemont amenazando con reventar con su regreso una eventual investidura de Illa, Junts está dispuesta a endosar una derrota a Sánchez y los suyos, que ya tuvieron que retirar en mayo la ley del suelo por falta de apoyos. Un 'no' que entrega la llave al PP.

"Tienen que aprobarla (la reforma), la situación en Canarias es insostenible", presionan fuentes del PSOE, persuadidas de poder ganar este relato si los populares vetan el cambio legislativo. De hecho, los socialistas no han rebajado en público sus críticas al partido de Alberto Núñez Feijóo, antes al contrario: su portavoz, Esther Peña, le atribuyó hoy "falta de humanidad" e incluso "crueldad" por no dar una salida a "estos críos". 

Los aludidos dicen no sentirse interpelados por la narrativa del Gobierno, inciden en sus condiciones -más medios, una Conferencia de Presidentes y la declaración de emergencia migratoria- y subrayan que Feijóo, que hoy reúne a sus cargos y barones, ya se lo avisó a Sánchez: que si le fallaban sus socios, no le mirase a él.

"Todos los infiernos"

El PP ve en la ley de extranjería el síntoma de la precariedad del Ejecutivo un año después del 23-J y se inclina por explotarlo hasta la misma votación. Un revés agudizaría la dependencia de Sánchez y su gabinete, con la negociación sobre Cataluña encarando un decisivo final de julio. "Va un día mejor y otro peor, como siempre en estos casos", esquivaba el miércoles en el Congreso alguien del núcleo duro del presidente. Fuentes de ERC templan las expectativas al sostener que aún esperan "algo sustancioso sobre la mesa" y ser conscientes de que la financiación singular "abre todos los infiernos".

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