El Gobierno precisa que sólo modificará la ley mordaza sobre injurias y calumnias
El Gobierno ha confirmado que aborda con Sumar una modificación de la parte de la norma que tiene que ver con la libertad de expresión.
El Gobierno ha confirmado que aborda con Sumar una modificación de la ley mordaza y ha precisado que será "única y exclusivamente" sobre lo relacionado con los delitos de injurias y calumnias, es decir con la parte de la norma que tiene que ver con la libertad de expresión.
Y eso se está abordando dentro del paquete de medidas de "regeneración democrática", que mañana presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pleno en el Congreso de los Diputados.
Así lo han explicado la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que han avanzado también que hay otras materias de la ley mordaza que se están discutiendo con otros grupos y que estarán fuera del decreto ley.
También se están planteando en esas conversaciones otras cuestiones, como el de la publicidad institucional, que también se enmarca dentro del paquete de calidad o de regeneración democrática.
Sumar ha anunciado este martes que el paquete de medidas de regeneración democrática que ha pactado con el PSOE incluye una modificación legal para reparar públicamente a aquellas personas con relevancia pública que son investigadas judicialmente en casos que finalmente no acaban en juicio, pero sobre las que hay "cientos de titulares" contra su honor.
El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha anunciado que más allá de la modificación de un artículo de la denominada ley mordaza y de una reforma del Código Penal para proteger la libertad de expresión, también han pactado con el PSOE modificar la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
El objetivo de esta modificación, según ha explicado, es ofrecer una reparación pública a aquellas personas investigadas con proyección pública y sobre las que se generan "cientos de titulares" en instrucciones judiciales prolongadas en el tiempo, pero que finalmente no acaban con la apertura de un juicio oral.
