El fiscal general del Estado, al borde de la imputación por el caso del novio de Ayuso
El juez del TSJ de Madrid eleva al alto tribunal la causa por presunta revelación de datos reservados sobre González Amador.
Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado en democracia en no ser considerado idóneo para el cargo por el Consejo General del Poder Judicial tras ser propuesto por el Gobierno, va a ser el primero también en ser investigado por el Tribunal Supremo. El juez del Tribunal Superior de Madrid que instruye la causa por supuesta revelación de datos reservados sobre Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso al que se atribuye fraude tributario, ha decidido elevar el procedimiento para que sea el Supremo quien determine si hay motivos para actuar sobre el máximo responsable del Ministerio Público, aforado ante el alto tribunal.
García Ortiz asumió en primera persona la autoría del comunicado divulgado el 14 de marzo en el que la Fiscalía confirmaba que había existido una negociación con González Amador para que eludiera una eventual pena de cárcel a cambio del reconocimiento del fraude y el pago de una multa. El fiscal general siempre se ha escudado en que esa nota informativa está amparada por la legalidad porque su objetivo era salir al paso del "bulo" -achacado al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez- de que habían sido los acusadores públicos del caso los que habían dado el paso de explorar una salida para la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El magistrado Francisco José Goyena dictó ayer una doble resolución por la que despeja el camino a seguir en la instrucción a partir de ahora. Por una parte, está el auto de 20 folios en el que relata los hechos investigados, que se centran en la citada nota del 14 de marzo que ha dado lugar a la querella tanto de González Amador como del Colegio de Abogados de Madrid contra Julián Salto, el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial madrileña, y contra la fiscal jefe de la misma, Pilar Rodríguez.
El juez toma tres decisiones, a partir de la convicción de que existen indicios delictivos suficientes para proseguir con el procedimiento porque en la comunicación del Ministerio Público se destaparon datos protegidos sobre la situación procesal de González Amador y un intercambio de correos electrónicos entre el abogado de éste y Salto. Una, mantiene la investigación sobre Rodríguez porque "la impresión" del juez es que la querellada "no dijo toda la verdad" en su declaración, "bien por omisión, bien por indicar que no lo recordaba". Dos, sobresee las actuaciones en lo que se refiere a Salto, al considerar que su papel en la elaboración de la nota informativa que ha desencadenado estas diligencias previas "fue meramente instrumental", al recibir un mandato de la fiscal jefe. Y tres, la de mayor trascendencia por la colisión a la que puede abocar entre la Fiscalía General del Estado y el Supremo: el instructor eleva a la Sala de lo Penal del alto tribunal la sospechas sobre García Ortiz para no causarle indefensión. Un traslado que ya había solicitado el propio aforado.
"La cabal prosecución"
Ese auto preludió una segunda resolución del magistrado, la "exposición motivada" por la que pide al Supremo que se encargue de investigar si el máximo responsable del Ministerio Público ha podido incurrir en el delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal. Goyena se justifica al encontrarse "ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias de investigación haría necesaria su contrastación con la versión de estos hechos que pudiera dar el excelentísimo señor fiscal del Estado".
La suerte de García Ortiz queda así en manos del Supremo, con el que viene librando un pulso también inédito. Los magistrados de lo Contencioso le anularon primero por "desviación de poder" -el eufemismo judicial del enchufismo- el ascenso de su predecesora, mentora y amiga Dolores Delgado, a la sazón exministra de Justicia, a fiscal de sala de lo Militar en el Supremo; y después, un nombramiento parejo, esta vez cómo responsable de Memoria Democrática, por incompatibilidad con el trabajo que desempeña ahora su marido, el exjuez Baltasar Garzón.
Y en paralelo, la misma sala del alto tribunal tiene sobre la mesa el recurso, por su supuesta falta de idoneidad, presentado por la Asociación Independiente de Fiscales contra la renovación de García Ortiz por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El fiscal general, que no piensa dimitir como le exige el PP ante su "insostenible" situación, subrayó ayer mismo que la decisión de Goyena, "ni alterará el normal funcionamiento de la institución" que encabeza ni su "trabajo ordinario" al frente de la misma. García Ortiz ha recibido en las últimas semanas el espaldarazo expreso de Sánchez, al que la oposición reclama que le apremie a renunciar si él no lo hace. Lo contrario significará, a ojos de los populares, que continúa ejerciendo como "el ministro número 13" del Ejecutivo.
