García Ortiz, un fiscal general con el Supremo al acecho y su reelección bajo denuncia
El fiscal general ordena a los fiscales del 'procés' perdonar todos los delitos y ellos se niegan a acatarlo.
La decisión del presidente Sánchez de situar a quien fue su primera ministra de Justicia, Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía General del Estado ha acabado operando como una suerte de pecado original que salpica a su sucesor, Álvaro García Ortiz, al que acompaña la polémica desde que accedió a la máxima responsabilidad del Ministerio Público hace menos de dos años por la retirada por enfermedad de su antecesora, mentora y amiga. Si ya el nombramiento de García Ortiz por el Ejecutivo levantó ampollas por la afinidad con Delgado, reprobada varias veces como ministra por el PP, y las sospechas de supuesta inclinación parcial en beneficio de Sánchez, su ejecutoria avanza marcada por una controversia que se asoma a un punto crítico con sus subordinados a cuenta de la amnistía.
El destino inmediato del fiscal general, el primero en no contar con el aval del Consejo del Poder Judicial por falta de idoneidad para el cargo, pasa por la Junta de Fiscales del Supremo del martes y, algo muy infrecuente, por los magistrados del alto tribunal. Su Sala de lo Contencioso, presidida por Pablo Lucas, ha anulado el propósito de García Ortiz de promocionar a Delgado primero como fiscal de Sala de lo Militar -le atribuyó "desviación de poder", eufemismo jurídico del enchufismo-; y, después, como responsable de la Fiscalía de Memoria Democrática, por conflicto de intereses con su pareja, el exjuez Baltasar Garzón.
Al borde de la imputación
Pero pese a la desautorización que implican ambas resoluciones, no es esto lo más preocupante para García Ortiz, que se encuentra al borde de la imputación -él mismo ha pedido que la acusa se eleve al Supremo por su condición de aforado- por la filtración que investiga el Tribunal Superior de Madrid de datos reservados del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado de fraude tributario. Y en paralelo, el fiscal general vuelve a ser protagonista de otro pleito ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, que deberá sentenciar sobre su continuidad en el cargo después de que la Asociación Profesional de Fiscales recurriera su renovación por el Gobierno tras el 23-J.
