El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los cuatro fiscales que intervinieron en el juicio del ‘procés’ que apoyen la aplicación de la ley de amnistía a los principales dirigentes independentistas encausados, entre ellos Carles Puigdemont, Marta Rovira y Oriol Junqueras. 

Los fiscales se oponen al entender que el delito de malversación por el que estaban condenados o imputados no entra dentro del ámbito de aplicación de la norma. En este choque dentro de la Fiscalía se impondrá el criterio de su máximo responsable, pero esto no avala ni la constitucionalidad de la polémica amnistía ni su adecuación a las leyes europeas.

García Ortiz ha emitido la orden que se temían los fiscales del ‘procés’ (Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y los aragoneses Javier Zaragoza y Fidel Cadena). En su escrito, reclama que apoyen amnistiar el delito de malversación en contra de su criterio al entender que no hacerlo se opone a "la voluntad del legislador, la voluntad de la ley y el propio tenor literal de los preceptos". La orden del fiscal general, un jurista que ya ha sido desaprobado repetidamente por la cúpula del Ministerio Público y desautorizado en dos ocasiones por el Supremo por el ascenso de Dolores Delgado, ha provocado la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal deja claro que la decisión última siempre corresponde a García Ortiz. No obstante, la argumentación de los cuatro fiscales del ‘procés’ para oponerse a aplicar la ley de amnistía al delito de malversación es sólida y bien fundamentada, y reclama la presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.