El juez cita a Begoña Gómez a declarar como investigada el 5 de julio
La mujer de Pedro Sánchez declaraá por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio a las 10.00 por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Gómez en el marco de las diligencias previas 1146/2024 en las que investiga una serie de contratos públicos adjudicados a empresas del aragonés Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que ella codirigía.
Fuentes jurídicas han confirmado que el juez Juan Peinado interrogará a Gómez después de escuchar --el próximo domingo 16 de junio-- a varios cargos de Red.es que comparecerán en calidad de testigos.
Gómez tendrá que acudir el 5 de julio con su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, quien le representa en este procedimiento. Al comparecer como investigada, podrá acogerse a su derecho a no declarar o responder solo a las preguntas de su letrado.
La esposa del jefe del Ejecutivo no tendrá obligación de contestar al resto de partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, Vox o Movimiento de Regeneración Política de España.
El instructor abrió diligencias de investigación el pasado abril al admitir a trámite la denuncia que presentó Manos Limpias contra Gómez, a quien acusaba de actuar "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno.
"Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas", denunciaba el sindicato, que apoyó su denuncia en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas.
La Audiencia Provincial de Madrid avaló la decisión de llevar a cabo las pesquisas, aunque reprochó al juez que decretase el secreto de las actuaciones. Los magistrados rechazaron el recurso de la Fiscalía --que pedía el archivo de las diligencias-- al entender que sí existían "datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación" en lo relativo a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés.