Puigdemont, Comín y Puig ven "prudente" regresar a España entre el 25 de junio y el 25 de agosto
Así lo ha anunciado el candidato de Junts a las elecciones europeas.
El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha asegurado que volverá a España entre el 25 de junio y el 25 de agosto "en el marco de las investiduras" en el Parlament, y que lo hará junto al expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ a revalidar el cargo, Carles Puigdemont, y al exconseller Lluís Puig.
"Para ser prudente, nuestra vuelta no puede ser antes del 25 de junio, ni tampoco más tarde del 25 de agosto. El periodo de retorno es ése", ha destacado Comín en una entrevista este jueves en Rac1.
Los grupos parlamentarios catalanes tienen hasta el 25 de junio para convocar la primera sesión de investidura y, como máximo, hasta el 25 de agosto para investir a un nuevo presidente catalán. De no hacerlo, se agotaría la legislatura y se convocarían nuevas elecciones para otoño.
Comín ha asegurado que este jueves, con la aprobación definitiva de la Ley de Aministía, es probablemente uno de los días más felices de su vida, y ha afirmado que si los jueces no retiran las medidas cautelares, que incluyen orden de prisión, contra él "estarán prevaricando".
No obstante, los fiscales del Tribunal Supremo encargados de la causa del procés, al mismo tiempo que en el Congreso de los Diputados tenía lugar este jueves por la mañana la votación que daba luz verde a la controvertida norma, informaban al fiscal general del Estado de que los delitos de malversación de caudales públicos por la intentona secesionista -uno de los ilícitos de los que está acusado el expresident huido y por el que ya está condenado entre otros Oriol Junqueras- no son amnistiables, según el criterio de la Unión Europea.
Y que, por tanto, el Ministerio Público del Supremo no tiene intención de pedir al alto tribunal que levante las órdenes de detención y otras medidas cautelares del proceso dictadas por el 1-O, entre otros contra el expresidente de la Generalitat huido, contra quien sigue pensando una orden de captura que se ejecutará cuando vuelva a España, salvo que el juez Pablo Llarena la levante en ejecución de la amnistía.
Los fiscales del procés, tanto de forma oral como en su informe, sí que defendieron que la amnistía sí que borraría a todos los efectos los delitos de desobediencia y desórdenes públicos, que son los tipos penales de los que se acusa Puigdemont y a otros cabecillas independentistas procesados en Madrid y en los tribunales catalanes, después de que el delito de sedición desapareciera del Código Penal por la reforma impulsada la pasada legislatura por el Gobierno de Pedro Sánchez.
