CEOE y Cepyme Aragón discrepan del Gobierno y abogan por dejar el despido improcedente tal y como está
UGT Aragón insiste en la necesidad de reformar el despido improcedente en España porque es "predecible para los empleadores" ya que saben lo que les va a costar y urgen a cumplir con la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre esta materia publicada hoy.
La legislación laboral española no va a cambiar por la resolución publicada hoy íntegramente por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que considera "insuficiente" la indemnización por despido improcedente, una normativa, que dicen, incumple el artículo 24 del CEDS "al no tener un efecto disuasorio suficiente para los empleadores".
Así lo entienden CEOE y Cepyme Aragón, que es un "nuevo frente que quiere abrir el Ministerio de Trabajo en el ámbito del diálogo social, pero que no tiene carácter vinculante", frente a lo que sostiene la propia ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que asegura que sí lo tiene ya que "los tratados internacionales y todo lo que deriva del Comité Económico y Social en Europa (CEDS) hoy se convierte en fuente de derecho en España".
Frente a la posición de la ministra que defiende el carácter vinculante de la resolución del CEDS, Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón, recuerda que fue el propio Gobierno, en respuesta a una pregunta de Vox, el pasado 18 de junio, el que dijo que "la actual indemnización tasada y basada en criterios objetivos otorga seguridad jurídica al sistema y ofrece ventajas tanto para los trabajadores (al eximirles de la prueba del daño realmente causado en caso de despido improcedente) y para las empresas (al lograrse un efecto neutro en la decisión de contratación)".
Es más, recuerda Arnau, en esa respuesta del propio Gobierno, se dice también que "el marco legal español ya es coherente con el artículo 24 de la Carta Social Europea, proporcionando una reparación adecuada a los trabajadores despedidos sin razón válida (despido improcedente) por lo que no se prevé una modificación de la regulación al respecto".
Con esta respuesta en la mano, Arnau no entiende que un mes después, cuando se publica (ha sido este lunes) la resolución íntegra del CEDS (la adelantó UGT Aragón el pasado jueves), el Gobierno diga lo contrario a lo que dijo hace un mes y quiera ahora sí reformar la legislación laboral española sobre el despido improcedente. "No se puede estar todo el día abriendo nuevos frentes y cambiando las reglas del juego porque eso perjudica la competitividad de las empresas", ha manifestado el director general de CEOE Aragón.
Preguntado por lo que dijo el secretario general de UGT Aragón, Juan Arcéiz, la semana pasada de que "el despido improcedente se ha convertido en un coladero", Arnau no lo comparte. "No es un coladero: las empresas contratan como pueden y cuando acaban las cargas de trabajo en un mercado laboral marcado por la estacionalidad reducen ese coste laboral", ha señalado.
Asimismo, Arnau ha criticado una "regulación excesiva con 12 nuevas normas en 2023 que obliga a las empresas cuando el Gobierno debería ser más un facilitador del mercado laboral y no imponer 'café para todos", en referencia a la última reforma laboral que ha reducido la temporalidad en los contratos dejando a las empresas sin gran parte de la flexibilidad de la que disponían.
Igual que Arnau que entiende que la legislación laboral no se va a cambiar por esta resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), Carmelo Pérez, secretario general de Cepyme Aragón, entiende que la legislación actual "no se va a modificar porque esta resolución del CEDS no es de obligado cumplimiento".
Ya hay sentencias, ha reconocido Pérez, "que reconocen indemnizaciones por encima de lo que marca la ley para el despido improcedente, pero con carácter excepcional, no como norma, al igual que otros países europeos". Por eso, entiende el secretario general de Cepyme Aragón que esta resolución no va a cambiar nada de forma inmediata".
Además, ha añadido, "solo hay transposición de las directivas europeas, pero no de las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, que son recomendaciones y no tienen un carácter vinculante". Carmelo Pérez ha recordado que "ha llegado el verano sin pactar la reducción de jornada y ahora viene la ministra Yolanda Díaz con la resolución europea sobre el despido improcedente. No se puede estar continuamente incrementando los costes para las empresas", ha afirmado.
Desde UGT Aragón, su secretario general, Juan Arcéiz, ha recordado que fue su sindicato el que puso denuncia en 2022 ante el CEDS sobre que las indemnizaciones por despido injustificado no permitían a las víctimas obtener una compensación adecuada, y que finalmente el 20 de marzo de 2024 este organismo europeo les dio la razón, concluyendo ahora en esta resolución que dice que la legislación española no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea e invita a reformarla.
Dicha resolución entiende que el despido improcedente no tiene carácter disuasorio al conocer los empleadores lo que les va a contar la extinción laboral por este motivo.
