Alertan del cierre de algunos centros Único de depilación y medicina estética en España

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha advertido sobre el cierre de varios centros de depilación láser y medicina estética Único en diferentes ciudades españolas, a la vez que ha informado a las personas afectadas que tienen derecho al reembolso del importe de los bonos y tratamientos que hayan pagado y no vayan a recibir. Según ha explicado a HERALDO una clienta de Zaragoza de uno de estos centros, "tenía cita en Grancasa y estaba cerrado. Me deben 400 euros".

La asociación alertó hace un mes del cierre sin previo aviso de un centro ubicado en Córdoba. En las últimas horas también ha tenido conocimiento del cierre de cuatro clínicas en Canarias y dos en Cantabria. Facua no descarta que en los próximos días o semanas puedan cerrar otros Centros Único localizados en diferentes puntos del territorio nacional.

Ante esta situación, la asociación informa a los afectados que la empresa está obligada a cumplir con los compromisos que adquirió, por lo que en caso de que finalmente no vaya a prestarles los servicios abonados deberá reintegrarles el importe de los tratamientos o la parte proporcional de los mismos.  

Derecho a cancelar la financiación 

Por ello, recomienda a los perjudicados que en caso de retrasos o cancelaciones de los servicios contratados presenten su reclamación contra el centro, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones. En caso de que los tratamientos se hayan financiado a través de una entidad vinculada al contrato de servicios estéticos, los usuarios también deben presentar una reclamación a la entidad financiera con la que hayan suscrito el préstamo, informándoles del cese de actividad del centro y exigiéndole, por ello, la paralización del cobro de los recibos.

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Facua aconseja a los afectados que soliciten su historia clínica con el fin de poder reclamar el crédito de la parte del tratamiento no realizado en caso de que la empresa finalmente entre en concurso de acreedores. También pide a los usuarios que conserven toda la documentación relativa a los pagos y el contrato hasta que hayan recuperado todo el dinero.

Sin regularización en el sector

Addemás, Facua ha criticado que el Gobierno no haya realizado ningún tipo de modificación de la normativa que regula este tipo de clínicas para asegurar la protección de los derechos de los consumidores en este sector de actividad y con un modelo de negocio vinculado a contratos de financiación. "La más urgente, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para autorizar la apertura, de forma que quede cubierto el riesgo de cierre o quiebra de la compañía", apuntan desde la asociación.

En este sentido, Facua recuerda que tras el cierre total de iDental en junio de 2018, en cuyo proceso judicial ejerce la asociación la acusación particular, se dirigió a la entonces ministra de Sanidad, Carmen Montón, para que acometiera una modificación de la normativa que regula los centros sanitarios privados.

Además, reclamó al Gobierno que se reforzaran los controles de la Administración a estas clínicas, se regulasen las autorizaciones y procedimientos de cierre en aquellas comunidades autónomas que aún no lo hacen, se revisaran las sanciones que se deben imponer en caso de que incurran en incumplimientos de la norma.

También instó a que se regulara la información de la clínica que debe estar disponible al público, tanto en cartelería como en toda la documentación que se entregue al usuario (contratos de financiación, facturas, etc.), incluyendo la denominación social y comercial, administrador, datos de contacto, procedimiento para interponer reclamaciones, solicitud de historiales clínicos, etc. De esta forma, la asociación asegura que los usuarios pueden saber a quién se tienen que dirigir a la hora de reclamar por un cierre o cualquier otro tipo de problema.

Recientemente, tras el continuo cierre de clínicas dentales y estéticas de estos años, Facua señala que se ha vuelto a dirigir a la ministra de Sanidad, Mónica García, al , secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y al Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, instándoles a abordar una mejora de la regulación de las clínicas sanitarias privadas para reforzar la protección de los usuarios.