Los principales indicadores de las condiciones de vida de los aragoneses siguen estando por encima de la media española, constata el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) en su informe anual de 2023, presentado este miércoles en Zaragoza. La Comunidad fue el año pasado la cuarta de España con menor vulnerabilidad social y presenta un índice de desigualdad muy inferior a la media nacional, aunque el crecimiento económico y del empleo no se ha traducido en mayor calidad de vida, lo que en parte puede explicarse por una subida del IPC todavía importante.

El documento presentado a la prensa por Juan García Blasco, presidente del CESA, destaca en el ámbito social que la población aragonesa experimentó en 2023 un crecimiento relevante, "impulsado por la llegada de personas extranjeras atraídas por la favorable coyuntura económica y las expectativas de empleo". 

La contribución de la población extranjera a la economía aragonesa y el bienestar de la sociedad, según el CESA, son patentes, ya que muchos de los trabajos carentes de mano de obra local o nacional son desarrollados por extranjeros. "Su plena inclusión como ciudadanos, el respeto de todos sus derechos y la lucha activa contra la discriminación deben ser elementos esenciales de las políticas públicas", subraya el documento.

El informe del CESA incluye también cuestiones preocupantes relacionadas con ciertos sectores de la población. Todavía uno de cada cinco aragoneses, reseña, es considerado persona en riesgo de pobreza o exclusión social. Asimismo, lamenta que ha aumentado el número de hogares con dificultades para afrontar gastos relacionados con la vivienda y con otras dificultades financieras. 

El cambio producido desde la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV), recoge el documento del CESA, "ha supuesto en la práctica una reducción de ingresos para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica, situación que podría paliarse a través de la prestación aragonesa complementaria al IMV (PACIMV), cuya gestión convendría revisar para que se pudiera alcanzar a un mayor número de personas y aumentar su grado de cobertura".

El CESA recalca en el informe que la disponibilidad de vivienda facilita la integración de personas en situación de vulnerabilidad. Por ello apunta que "sería de interés estudiar el reforzamiento e los programas de vivienda social, favoreciendo, mediante medidas fiscales o garantías, la puesta a disposición por los propietarios de viviendas con este fin, lo que podría redundar en una mejora del parque de viviendas".