El uso del coche privado aún cuadriplica el del transporte público en las ciudades
El sector exige que las ayudas se prolonguen, con el autobús tratando de liderar la transición energética al ser el medio menos contaminante.
Las familias dedican el 12% de su gasto anual al transporte, según revela la encuesta del Banco de España. Un porcentaje nada desdeñable que se reduciría si se lograra el cambio modal que persigue la Ley de Movilidad Sostenible, entre otros objetivos. El vehículo privado supone actualmente el 26% del total de las emisiones de efecto invernadero, por lo que es "vital" impulsar la transición del coche al transporte público, indican los expertos consultados.
La movilidad en España es muy dependiente del coche. En trayectos interurbanos concentra tres de cada cuatro viajes (76%), seguido a mucha distancia del autobús (8,4%), el avión (7,8%) y el tren (6%), según el Ministerio de Transportes. Además, en la mitad de los hogares hay, al menos, un coche y solo el 4% son eléctricos.
Lo más problemático a nivel medioambiental es que el coche no es solo el medio predominante para viajar entre ciudades, sino también dentro de las áreas metropolitanas, donde suponen el 46% de los viajes, mientras que el transporte público solo representa el 11% del total. Sin embargo, el transporte público es clave para la estrategia de descarbonización y transformación del modelo de movilidad; en especial el autobús, que- según datos de la DGT- es el medio que menos emisiones de efecto invernadero genera por viajero/km, en una eficiencia muy similar a la del ferrocarril. Y si se saca al tren de la ecuación y solo se tiene en cuenta el transporte por carretera, el autobús emite hasta un 80% menos por viajero/km que el coche privado.
Y es que aunque la movilidad en transporte público se está recuperando frente a niveles prepandemia, el ritmo de crecimiento es "todavía bastante lento" y está influenciado por las medidas de apoyo del Gobierno en 2023 y 2024. Unas medidas que Alberto Cillero, director de Estudios y Licitaciones de Alsa, pide que se conviertan en un cambio estructural, que no se queden en ayudas coyunturales. "El cambio modal no ocurre solo, hay que darle continuidad a las medidas y hacer el transporte público más atractivo", asegura en un encuentro con este periódico. Los datos del INE de cierre de 2023 revelan que utilizaron el transporte público un 2,7% más de usuarios que en 2022; es decir, crecimiento pero moderado. A su juicio, el tren y el autobús deberían hacer frente común porque el objetivo no es competir entre ellos, sino quitarle viajeros al vehículo privado. "El bus tiene una capilaridad que le hace ser un 'player' necesario e insustituible más allá del desarrollo del sector del tren», explican fuentes de Alsa.
El coste actual de funcionamiento del sistema de transporte público urbano y metropolitano en España asciende a 7.000 millones de euros, y el Gobierno aporta unos 350 millones (6% del total), según datos de Atuc, la asociación española de operadoras de transporte urbano colectivo. Desde la organización lamentan que las aportaciones del Estado a los ayuntamientos no son suficientes para hacer crecer los sistemas de transporte público urbanos, tan importantes para descarbonizar las ciudades. En Atuc reclaman al Gobierno que incrementen las ayudas, lo que podría llegar de la mano de la nueva Ley de Movilidad Sostenible.
El PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) incluye entre sus objetivos reducir un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, una senda coherente con el objetivo a largo plazo de convertir a España en un país climáticamente neutro antes de 2050. Y los tres sectores que deben rebajar más sus emisiones son el de la generación eléctrica, la industria y el de la movilidad y el transporte, al que se le atribuye casi un 30% del total de emisiones.
Para lograrlo, el PNIEC contempla cinco vectores de actuación: la apuesta por el transporte público, apoyo a la digitalización del transporte, impulso al vehículo eléctrico hasta los 5,5 millones en 2030, uso de biocombustibles y desarrollo de ciudades inteligentes y diseñadas en torno al peatón y al ciclista.
Una de las medidas más importantes es la renovación de las flotas del transporte público. En cuanto a la cuota de cada medio, los coches tendrían que bajar del 75% en 2025 al 67% en 2030. Ocho puntos de caída que se repartirían entre el autobús -para alcanzar el 14%- y al ferrocarril, hasta el 13%. "Es una ley muy ambiciosa pero tremendamente necesaria", destacan desde Alsa.
Todos los autobuses urbanos de Alsa serán cero emisiones en 2035
El objetivo es ambicioso, pero Alsa, líder de transporte de viajeros en España y Reino Unido, se ha propuesto incrementar su flota urbana cero emisiones del 33,8% actual al 100% en 2035. Y para 2040 todos los autobuses de largo recorrido de España serán también cero emisiones. Con esta renovación de flotas se dejaron de emitir 27.000 toneladas de CO2 en 2023, según su plan de sostenibilidad.
Alsa adquirió en 2007 el primer vehículo eléctrico y desde ese momento ha ido probando todas las tecnologías disponibles para lograr una triple sostenibilidad: medioambiental, seguridad y económica. Así lo explica Miguel Ángel Alonso, director de Ingeniería y Fondos Europeos de la compañía, que indica que desde 2017 están introduciendo vehículos de batería en las rutas urbanas, pero resalta dos hándicaps. El primero, la limitada autonomía, de unos 250 kilómetros, por lo que solo el 60% de las líneas urbanas podrían cubrirse con ellos. Y, en segundo lugar, el peso de estas baterías, lo que conlleva más gasto energético de los modelos.
Por este motivo, desde hace cuatro años están apostando por el hidrógeno como una solución más eficaz en su área de actuación. Presentan el doble de autonomía y se cargan en 10 minutos, por lo que permite hacer los mismos recorridos que vehículos diésel.
Con este tipo de tecnología se plantean incluso llegar a las líneas de largo recorrido. En este sentido, señalan que la administración debería acompañar a la industria, para que el modelo sea "rentable y sostenible".
