La reordenación y mejora de las líneas de bus de Aragón se demora hasta septiembre
La complejidad administrativa, la entrega de la flota y su equipación electrónica alargan la adjudicación definitiva. Los contratos se firmarán en verano.
Con más de un año de retraso sobre la previsión inicial, Aragón estrenará a partir del mes de septiembre la reordenación y mejora de sus líneas de autobús interurbano. La complejidad administrativa que conlleva la revolución en el sistema concesional del transporte público ha alargado el procedimiento, al igual que el reto que ha supuesto para las empresas dotarse de la nueva flota, para lo que encargaron al mismo tiempo la fabricación de 243 autocares, y ahora su equipamiento electrónico para permitir la prestación de las rutas.
El servicio interurbano por las tres provincias se ha concentrado en tan solo quince concesiones, cuya resolución dejó encauzada el entonces consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, con la firma de la propuesta de adjudicación a once grupos de empresas. Al mismo tiempo, se licitó el transporte metropolitano de Zaragoza, agrupado a su vez en otras cuatro concesiones. Dos ellas, las dependientes del grupo catalán Masats, del grupo Direxis, serán las primeras en ponerse en marcha este mismo mes, mientras las otras dos, dependientes de Alsa, tendrán que esperar al otoño porque los autobuses eléctricos encargados aún no están disponibles.
La mejora será más que evidente para los usuarios del transporte público por carretera, dado que el servicio llegará a un total de 1.235 núcleos repartidos por las tres provincias, todos los que tienen más de 10 habitantes. Esto beneficiará a más de 20.000 vecinos que ahora carecen de cobertura para viajar en el día a su centro de salud y a los hospitales y que ahora dispondrán de taxis, furgonetas o microbuses para llegar a sus cabeceras de comarca. Y desde allí podrán conectar en media hora con las líneas que llegarán a los capitales.
Además, otros 365.000 aragoneses se beneficiarán de la mejora introducidas tanto en las frecuencias como en los horarios vigentes. Y todos se ahorrarán un 10% en el precio medio del billete que pagan en la actualidad.
La ampliación y mejora del servicio, unidas a su abaratamiento, implicarán un mayor coste para el erario. El déficit actual asciende a 11,5 millones de euros anuales y pasará a 20,3, un 76,5% superior porque, entre cosas, se harán 2,6 millones de kilómetros más al año, hasta llegar a 18,6. De este modo, las arcas públicas afrontarán más de la mitad del coste del servicio, que se incrementará de 28,9 a 35,7 millones.
No obstante, la factura final para la Administración autonómica será menor porque el presupuesto anual para sufragar las quince concesiones se fijó en 12 millones y ascenderá realmente a 9,8 gracias a las rebajas presentadas por las empresas concesionarias.
El nuevo sistema redundará en beneficio del viajero, dado que no solo tendrá más frecuencias y mejores horarios, sino que contará con una integración tarifaria que hará que, de media, se abarate el billete en el citado 10%. La percepción mínima será 1,35 euros y se pagarán ocho céntimos por kilómetro, independientemente de donde se viva.
El nuevo modelo concesional de transporte ha requerido hasta tres legislaturas para hacerse realidad, dado que la planificación se remonta al Gobierno de Luisa Fernanda Rudi. Las 118 concesiones están caducadas y la prestación del servicio se debería haber rediseñado para 2017, aunque ha hecho falta un largo procedimiento para hacer efectivo. Eso sí, el nuevo modelo dará estabilidad porque se alargará una década.
La previsión del Gobierno aragonés es tramitar a lo largo del mes los requerimientos a las empresas concesionarias, de modo que tendrán tres días naturales para atender las subsanaciones previas a la adjudicación definitiva. Esto supondrá que deberán presentar certificados de solvencia, las matrículas de los autobuses que conforman la flota, las facturas del equipamiento de material tecnológico o los contratos de alquiler de las cocheras, entre otra documentación.
Posibles recursos
El procedimiento no acabará aquí, ya que se deberá elevar un informe a la mesa de contratación para que haga la propuesta de adjudicación definitiva. A partir de ese momento se abrirá un plazo de quince días hábiles para presentar un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa).
Fuentes del sector consultadas por este diario indicaron que podrían recurrirse hasta cuatro de los contratos autonómicos y metropolitanos. Aunque esto ocurra, se mantendrá el despliegue del nuevo mapa concesional y quedarán en suspenso únicamente los sectores recurridos hasta que el Tacpa resuelva. Los viajeros dispondrán hasta entonces del servicio vigente.
El calendario permitirá al consejero de Fomento, Octavio López, firmar los contratos a partir de finales de agosto, por lo que en el mejor de los casos se pondrá todo en marcha a partir de septiembre, salvo que haya nuevos retrasos sobrevenidos. De este modo, se podría hacer coincidir con las rutas escolares, una cuestión crítica porque se reservan plazas en las líneas regulares.
La espera permitirá a las empresas dotarse definitivamente de su flota de autobuses tras haber sufrido "tensiones en la cadena de suministro" y, sobre todo, dotarla del sistema de ayuda a la explotación (SAE).
