La oposición en bloque pidió ayer explicaciones al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, por los 4,1 millones de euros que pagó el Ayuntamiento de Zaragoza por una obra en una parcela que ya había vendido a Saltoki un año antes. El PSOE forzará la convocatoria de una comisión extraordinaria ante lo que considera una polémica de enorme gravedad, y desde Vox han solicitado todo el expediente para poder analizar "al detalle" lo ocurrido.

También desde ZEC exigen que se tomen "las medidas necesarias" para garantizar el cumplimiento de la normativa de transparencia y contratación pública y critican lo que consideran "otra grave falta de transparencia" en el área de Urbanismo.

La controversia tiene su origen en marzo de 2023, cuando Saltoki, que ya estaba trabajando en la urbanización de la parcela -situada en el polígono Empresarium-, se encontró que los terrenos eran, en su parte norte, "inestables" y presentaban "peligro de derrumbe" y riesgo de deslizamientos y caídas de rocas sueltas. El Ayuntamiento asumió entonces su desmonte como actuación de emergencia "en aras de la seguridad de las personas y las cosas" y sin que hubiera ningún compromiso por escrito, aprovechando el material como relleno para dos parcelas municipales cercanas.

El socialista Horacio Royo acusó al Gobierno de actuar con una "total y absoluta opacidad" al asumir el desmonte de la escombrera como una actuación de emergencia -una fórmula con la que evitó publicitarla a través del perfil del contratante-, e incidió en el coste millonario que supuso este gigantesco movimiento de tierras -nada menos que 900.000 metros cúbicos- para las arcas públicas. "Estamos hablando de un importe prácticamente idéntico al de los primeros derribos de La Romareda o la reforma de la avenida de Cataluña o de Navarra. No es una cantidad pequeña", dijo.

En su opinión, todo esto demuestra que la llegada de Saltoki, que se vendió como una operación muy positiva, "en realidad ha sido deficitaria y ha terminado costando dinero a los zaragozanos". Royo cree que el PP ha tratado de ocultar información, y duda "sobre el armazón jurídico por el que el área de Urbanismo autorizó llevar a cabo esas obras en unos suelos que hacía tiempo que ya no eran de titularidad municipal", de ahí la comisión extraordinaria solicitada.

Los diez concejales del PSOE garantizan que saldrá adelante, aunque será el Gobierno el que deba poner fecha, posiblemente a la vuelta de vacaciones. "Debemos conocer por qué el Ayuntamiento acomete obras en una parcela que no es de su propiedad. Estamos acostumbrados a que este Gobierno se instale en el alambre y en los límites de la legalidad. En una de estas vamos a acabar traspasándolos", advirtió Royo.

Desde Vox también creen necesario aclarar lo sucedido. Su portavoz, Julio Calvo, se reunió ayer con el gerente de Urbanismo y pidió una copia completa del expediente para tener acceso a los informes de los técnicos y de la Intervención. A su juicio, convendría aclarar con un jurista si, al venderse la parcela libre de cargas, el Ayuntamiento tenía que costear la operación. "Yo considero que libre de cargas quiere decir sin cargas hipotecarias o de otro tipo de servidumbres, pero un tema físico como este... No sé si puede ser considerado un vicio oculto del solar. Lo relevante es saber si ha habido informes contrarios del interventor y a pesar de eso lo han hecho o si fueron posteriores", razonó.

Se ha convertido en la norma 

Para ZEC "llueve sobre mojado en un área repleta de opacidad, informes a la carta y contratos de emergencia que, más que una excepción, parecen estar convirtiéndose en la norma". "Tanto el Interventor como el Tribunal de Cuentas han advertido ya en diferentes ocasiones sobre su mal uso", denunció el concejal Suso Domínguez. En su opinión, "no deja de tener guasa" que Serrano venda este "despilfarro de dinero público" como una inversión para la ciudad, ya que, según su criterio, "la única beneficiaria de esta actuación ha sido la empresa que compró los terrenos y que ha visto cómo el Ayuntamiento ha asumido este movimiento de tierras cuando ya no tenía ninguna obligación".

"Estamos hablando de importantes cantidades de dinero y parece que se trabaja cada vez más únicamente en favor del beneficio de algunas empresas y no del bien de la ciudad y sus vecinos", sentenció Domínguez.

La explicación de Víctor Serrano

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, insistió este lunes en que los suelos adquiridos por Saltoki se transmitieron "libres de cargas" y en que esto, según su criterio, significa que la obligación de levantarlas "correspondía al Ayuntamiento". "Por tanto, para que esos suelos fueran aptos, el Consistorio tenía que intervenir", aseguró ante la críticas de la oposición.

Según recalcó, se intervino por emergencia "cuando Saltoki se dio cuenta de que no podía proceder a la cimentación de los suelos porque había un talud que se iba a desmoronar". "Hay informes del propio servicio de Inspección Urbanística que advertían de la peligrosidad y la necesidad de contratar a la empresa por emergencia", agregó.

A este respecto, aseguró que esta fórmula no solo tenía cabida sino que está "jurídicamente documentada". Y aludió a la "oportunidad" que suponía la apuesta de Saltoki por el polígono Empresarium -con una inversión de más de 200 millones de euros y la creación de 500 puestos de trabajo-, así como a que las obras del movimiento de tierras "han servido para que el Ayuntamiento disponga jurídica y físicamente de dos parcelas valoradas en más de 5,5 millones de euros".

Pese a la controversia, Serrano recalcó que el Ayuntamiento va a seguir poniendo "alfombra roja" a los proyectos inversores que generen empleo. Como ejemplo puso el propio caso de Saltoki. En este sentido, subrayó que "el polígono Empresarium estaba absolutamente abandonado" y sin inversiones desde 2008 y que lo que hizo el Consistorio fue "donde no había suelos industriales, poder encajarlos a través de una modificación del plan parcial con un criterio de máxima eficiencia".

Asimismo, defendió la transparencia del proceso y aseguró que el expediente puede ser consultado libremente por la oposición.