El Ayuntamiento de Zaragoza pagó 4,1 millones por una obra en la parcela que ya había vendido a Saltoki
Asumió como actuación de emergencia el desmonte de la escombrera que se encontró la compañía al construir su centro logístico en Empresarium.
La implantación del centro logístico de Saltoki le ha acabado costando una suma millonaria a las arcas municipales. El Ayuntamiento de Zaragoza publicitó hace dos años que no solo había logrado atraer una inversión estratégica con la que se iba a generar 500 empleos, sino que hacía negocio con la venta de parte del suelo, con la que se ingresó 2,5 millones. Pero lo que no ha contado es que ha asumido como obra de emergencia un gigantesco movimiento de tierras cuando ya había pasado un año de la compraventa y sin que hubiera ningún compromiso por escrito. Y ha abonado por ello más de 4,1 millones.
Los hechos se remontan a marzo del 2023, cuando Saltoki ya estaba trabajando en la urbanización y se encontró que los terrenos eran, al norte, "inestables, con peligro de derrumbe, deslizamientos y caídas de rocas sueltas". En un informe, el arquitecto jefe de la unidad de Control de Obras, Ignacio Zabala, indicó que se trataba de una escombrera de gran altura y extensión generada a base de vertidos de excavaciones de otras parcelas del polígono y que procedía que el Ayuntamiento asumiera su desmonte "en aras de la seguridad de las personas y las cosas". Eso sí, propuso su aprovechamiento como relleno de dos parcelas municipales cercanas.
Lo que iba a ser una obra de emergencia se convirtió en un monumental movimiento de tierras ejecutado en una parcela privada: cerca de 900.000 metros cúbicos, equivalente a la capacidad de más de 85.000 camiones. La mayor parte, 800.000 m3, se utilizó para rellenar parcelas municipales, y el Ayuntamiento también asumió el coste de llevar otros 100.000 m3 a un vertedero autorizado. Porque allí no solo había cascotes y tierra de otros suelos de Empresarium como señalaba el informe de Urbanismo, sino uralita (hecha con amianto), neveras, sanitarios y hasta ruedas.
El desmonte comenzó en la primavera de 2023 tras la preceptiva autorización del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y se alargó hasta principios de este año. La primera certificación ascendió a 263.160 euros por trabajos acometidos entre el 1 y el 25 de abril y se contabilizó tres meses después a cargo de la partida de demoliciones derivadas de obras de urbanización.
Revés en Intervención
Sin embargo, el expediente fue devuelto a Urbanismo por la Intervención, que exigió al servicio de Inspección Urbanística que informara acerca de la propiedad sobre la que se habían asumido las obras de emergencia y si se habían acometido por ejecución subsidiaria. También reclamó que diera cuenta de las actuaciones seguidas en relación a "la efectiva repercusión de su coste al obligado legal". Es decir, si la factura se iba a pasar a Saltoki.
Las obras continuaron, pero la segunda certificación no se expidió hasta cinco meses después y se fechó el 13 de diciembre. Ascendía a 1.039.891 euros por obras acometidas entre el 26 de abril y el 30 de septiembre.
A estas alturas, intervino ya el gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía, para que el área de Hacienda autorizara la excepcionalidad del gasto, referido a la segunda certificación sobre el movimiento de una parcela que calificó de municipal pese a apuntar a renglón seguido que fue "objeto de enajenación en favor de Saltoki".
En su escrito, indicó que ni siquiera se había pagado la primera certificación porque desde Intervención se solicitó acreditar la titularidad, que daba por "aclarada". Eso sí, solicitaba la excepcionalidad para pagar la segunda, "justificada en que la obra ha resultado ejecutada prácticamente en su totalidad" y había saldo suficiente para ello.
La consejera de Hacienda, Blanca Solans, autorizó la excepcionalidad y la Intervención evidenció que, además de los "defectos formales" detectados, el órgano competente para la contratación de estas obras era el Gobierno de Zaragoza dado el importe del contrato de emergencia. Entonces, ascendía a 1,29 millones y, como ya apuntó el órgano de control, se desconocía si habría más certificaciones. No obstante, estimó procedente continuar con la tramitación del expediente mediante convalidación como planteó el gerente de Urbanismo.
El mismo día que lo firmó el interventor, José Ignacio Notivoli, Urbanismo elevó al Gobierno de Zaragoza la propuesta de pago y se autorizó. Todo en el mismo día, el 27 de diciembre. Abadía insistió por segunda vez en la titularidad municipal de la parcela en la que se había asumido un gigantesco desmonte pese a que se vendió a Saltoki. Y repitió el argumento del "riesgo inminente" de desprendimiento del talud, que achacó a su morfología "a base de residuos depositados a modo de vertido directo y sin compactación".
La explicación concluía con el argumento de que el traslado de las tierras a suelo municipal situado en el mismo Empresarium, de unos 60.000 metros, "favorece la posibilidad de una modificación de Plan General para su calificación como suelo industrial".
La cosa no acabó ahí, ya que este año afloraron otras cuatro certificaciones para su convalidación por el Gobierno de Zaragoza. La factura de mayor cuantía, de 1,187 millones, está fechada el 26 de febrero por trabajos acometidos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. Las tres restantes, hasta sumar un desembolso total de 4.152.910 euros por el movimiento de tierras, se autorizaron finalmente el pasado jueves.
Urbanismo: "No es un gasto, sino una inversión"
Fuentes oficiales del área de Urbanismo sostienen que los 4,1 millones de euros desembolsados por el gigantesco movimiento de tierras de Saltoki "no es un gasto, sino una inversión". Su argumento lo sustentan en que el grueso del material extraído, 800.000 metros cúbicos, ha servido para rellenar una parcela industrial de diez hectáreas destinada a su venta y otra reserva a la instalación de un huerto solar, de otras siete hectáreas.
La tesis de Urbanismo es que se podrían llegar a obtener 5,6 millones, por lo que el cómputo de la operación sería positivo para las arcas municipales, incluso sin incluir la venta de la parcela. En este sentido, apuntan que el suelo industrial que se pretende enajenar, y por el que aseguran que hay interesados, no se podría vender sin ser previamente compactado. Incluso llegan a alegar que ha salido "más barato" porque las tierras de Saltoki estaban al lado.
Las citadas fuentes oficiales indican, además, que todas las facturas de pago del movimiento de tierras han pasado por la Intervención, lo que les daba "tranquilidad". Y alegan que la venta del suelo municipal se hizo "libre de cargas" y suponía una operación de interés público para atraer una inversión de un centro logístico de 175 millones de euros y que generará hasta 500 empleos. "El activo está por encima del pasivo", concluyen.
