Coloca una minicámara en el baño femenino de la farmacia donde trabajaba
El investigado reconoció los hechos cuando el artilugio fue descubierto por una compañera de trabajo que lo denunció ante la Guardia Civil de Tarazona.
Un hombre de 43 años fue detenido el pasado 9 de julio por la Guardia Civil de Tarazona por colocar una minicámara orientada al inodoro del baño femenino de la farmacia donde estaba empleado. El artilugio fue descubierto el 21 de junio por una compañera del trabajo del investigado, el cual trató de quitar importancia al asunto y le pidió que no lo denunciase. Pero, tras contar el hallazgo a la jefa de la farmacia y al resto de trabajadoras, acudió al puesto del Instituto Armado para denunciar los hechos ocurridos en un pueblo de la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Los agentes abrieron una investigación y tomaron declaración a varias empleadas que podrían haber sido grabadas por la cámara. Las afectadas les contaron que sabían que el sospechoso, que trabaja como informático, había comprado un aparato de grabación porque, según él, quería averiguar quién le “robaba” el correo. Explicaron que cuando lo adquirió llegaron a comentar entre ellas que igual lo utilizaba para grabarlas en el trabajo o escuchar sus conversaciones, pero que nunca pudieron imaginar que lo pudiera colocar en el baño. Pero el análisis de los vídeos obtenidos por la cámara cumplió sus peores presagios, ya que todas las imágenes son de las zonas genitales y glúteos de las mujeres que usaban el retrete. Se sospecha que la cámara pudo ser colocada en mayo.
Según las diligencias trasladadas al juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona, los encargados de la investigación creen que, dadas las características del equipo, los vídeos se grababan y almacenaban de manera autónoma en la tarjeta de memoria y podía estar funcionando un mes. Las imágenes son todas de mujeres y no hay ninguna del varón.
El aparato grababa vídeo, pero también audio y se activaba con el movimiento, circunstancia esta última que permitió captar la conversación del momento en que la empleada lo descubre y, enfadada e indignada, entre reproches e insultos, pide explicaciones al denunciado. En principio, este no sabe qué decir y le llega a decir que no es “justificable” lo que ha hecho pero lo califica de “gilipollez” y le pide que “no se preocupe” porque las imágenes no han sido divulgadas. Ante la dueña del establecimiento, el investigado negó que lo hubiera hecho por un motivo sexual y se excusó en que estaba “muy estresado con el trabajo” y que se le había “ido la pinza”.
Después de entrevistarse con las afectadas, los agentes decidieron detener al sospechoso el pasado 8 de julio como presunto autor de un delito contra la intimidad y otro de descubrimiento y revelación de secretos. En el cuartel, el hombre se acogió a su derecho a no declarar, aunque el juzgado encargado del caso considera que hay indicios suficientes de la comisión del delito. De hecho, como solicitó la Fiscalía, se le ha impuesto una orden de alejamiento para proteger a las tres denunciantes al entender que existe un riesgo de que profiera amenazas, insultos o incluso de agresión.
En un principio, el Ministerio Público solicitó que la prohibición de comunicación y aproximación fuera de 300 metros, aunque su abogada defensora, Rocío Notivoli, se opuso porque la distancia entre el domicilio del imputado y el de una de las mujeres es de no más de 150 metros, por lo que la orden supondría que tendría que abandonar su vivienda habitual. Finalmente, la jueza acordó que la distancia fuera de 150 metros, medida que si incumple acarrearía otras que podrían implicar una mayor restricción de libertad.
