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Los promotores de Arcosur acusados de administración desleal: "Pensábamos que todo estaba pagado"
Los dos socios niegan sobrecostes en la construcción de un bloque de pisos y alegan que la entidad bancaria que financió la obra retuvo una serie de pagos.
Los responsables de una promoción de 220 viviendas construidas en el zaragozano barrio de Arcorsur entre 2008 y 2012 comparecieron este miércoles ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza para defenderse del delito de administración desleal que les imputa la Fiscalía. En la primera sesión de las dos previstas, los socios y administradores de Salas y Vecín Inmuebles, José Luis S. G. y Dolores V. V., insistieron en que su forma de actuar fue correcta a pesar de que una vez los pisos fueron entregados afloraron deudas que se creían pagadas y de que las acusaciones consideren que desviaron dinero para otros fines como honorarios y gastos injustificados. La estimación del perjuicio económico causado a los propietarios de los pisos es de 3,4 millones de euros. De parte de él, los acusados responsabilizaron a Caixabank, la entidad bancaria encargada de la financiación de la obra. “Pensábamos que todo estaba pagado, en el banco había dinero suficiente”, afirmaron.
Salas y Vecín Inmuebles publicitó y promovió en 2008 la construcción del bloque situado en las actuales calles Invasores del Espacio, Dolmen de Tella y Paseo de los Arqueros. Además, tras la constitución de la Comunidad de Bienes Arcosur 15, en la que quedaron englobados los futuros vecinos, estos otorgaron a la empresa los poderes necesarios para que gestionara el proceso constructivo de los pisos, tanto libres de protección oficial. “Siempre fuimos claros con ellos, estuvimos a sus disposición en todo momento y les ofrecimos cuanta información demandaron”, aseguraron los dos acusados durante la vista oral. Aunque, eso sí, nunca celebraron ningún tipo de junta general por no considerarlas operativas.
Las viviendas se entregaron a finales de 2012 y en febrero de 2013 se firmó la escritura con la que fue disuelta la comunidad de bienes. También se procedió entonces a la distribución hipotecaria individual de los préstamos de acuerdo con la cuota de participación de cada comunero y se reconoció una deuda a favor de Salas y Vecín de 1,9 millones de euros en concepto de honorarios.
Fue después cuando les llegaron las reclamaciones a los vecinos. La junta de compensación exigió 563.857 euros por los costes de urbanización y Banco Popular reclamó dos pagarés entregados a la constructora Megaria por valor de 683.421 euros. La explicación que los acusados dieron a estas dos deudas que deberían de haber quedado resueltas en el momento de la disolución de la comunidad de bienes fue la negativa de Caixabank a liberar dinero de los diferentes préstamos suscritos con ella. “Existía un compromiso de Caixabank para retener 600.000 euros que se debían destinar a la junta de compensación y dimos por hecho que los pagos a Megaria se habían efectuado; periódicamente enviábamos al banco una relación de los gastos que debían ser satisfechos”, explicaron.
El primer testigo en comparecer fue precisamente el responsable territorial en Aragón de Caixabank en el momento de los hechos juzgados. “Sé que hubo dificultades para conciliar los números presentados por la gestora con las que manejábamos en el banco”, expuso. “Entiendo que si en la cuenta hubiese habido dinero, se hubiese pagado. Si todo está correcto, el banco paga”, comentó también.
Con posterioridad a la disolución de la Comunidad de Bienes Arcosur 15, los acusados accedieron a sus cuentas para disponer de 514.531 euros correspondientes a un aval existente en Abanca. Según indicaron, seguían teniendo poderes para ello y fue una de las maneras de satisfacer los 1,9 millones de euros de sus honorarios pendientes. Otra había sido la adjudicación de varios pisos a los que sus propietarios iniciales habían renunciado, pero que los acusados no han podido inscribir al tener constituidos ellos una sociedad limitada y tratarse los apartamentos de viviendas de protección oficial.
Durante el juicio, José Luis S. G. y Dolores V. V. reconocieron que se habían completado préstamos entre la Comunidad de Bienes Arcosur 15 y la Comunidad de Bienes Arcosur 21. “Sería por algún momento de falta de liquidez”, indicó Dolores V. V. Además, también se puso sobre la mesa un pago de 309.265 euros por parte de Comunidad de Bienes Arcosur 15 a Gótico Construcciones, una empresa que nada tuvo que ver en las obras de la promoción. “Obedece a una factura correspondiente a nuestros honorarios que ingresamos directamente a una empresa con la que estábamos trabajando en otra promoción en la calle de Las Armas, quizá lo más correcto hubiese sido que ese dinero pasase primero por nuestras cuentas”, comentó de nuevo Dolores V. V.
Según el informe de una perito judicial en la promoción hubo una serie de sobrecostes tasados en 2.247.953 euros que los acusados niegan. “La obra costó 600.000 euros menos de lo presupuestado”, aseguró José Luis S. G.
La Fiscalía solicita para Dolores V. V. y José Luis S. G. 18 meses de prisión y una responsabilidad civil de 3.478.905 euros. Más elevadas son las peticiones de las acusaciones particulares, a cargo de los letrados Alfredo Gil López y Mariano Tafalla. El primero pide seis años de cárcel y el segundo, que añade el delito de apropiación indebida, reclama 12 años de privación de libertad y una indemnización de 4,2 millones de euros.
