Los cepos de la discordia enfrentan a la DGA con cien vecinos expulsados de un garaje de Zaragoza
Los afectados, algunos de los cuales llevaban 40 años aparcando allí, acusan de "engaño" al Gobierno de Aragón, titular del aparcamiento.
Casi un centenar de vecinos de una comunidad de propietarios del barrio de Zalfonada de Zaragoza se han quedado de la noche a la mañana sin garaje. No se ha producido ningún incendio ni inundación, las dos causas más habituales de un desalojo forzoso. La culpa la tienen los dos cepos que el Gobierno aragonés ha colocado estratégicamente a la entrada del parquin subterráneo de su urbanización para impedir el acceso a cualquier vehículo.
Pero, ¿cuáles son los motivos que han llevado a la Dirección General de Vivienda de la DGA a adoptar una medida tan drástica? El origen del problema se remonta más de cuarenta años atrás, cuando la administración pública construyó los edificios ubicados entre los números 18 y 24 de la calle de María Pastor Sancho. Una vez acabados, se escrituraron los pisos y los trasteros, pero no así las plazas de garaje. Algo absolutamente atípico. Nadie tiene todavía muy claros los motivos: desde el Gobierno aragonés hablan de una falta de acuerdo sobre el precio de compra-venta, mientras que los vecinos lo achacan a un defecto de construcción que al parecer impedía legalizar inicialmente el aparcamiento.
Sea como fuere, una situación que se preveía provisional se ha enquistado durante casi medio siglo. Y a día de hoy, como única titular y propietaria de las 98 plazas de garaje del sótano, la DGA ha decidido recuperarlas. Porque hasta ahora, eran los dueños de los pisos quienes venían utilizándolas gracias un acuerdo con el Gobierno aragonés que les permitía aparcar allí con la única condición de que ellos se hicieran cargo de los gastos de comunidad y mantenimiento. Pero la ‘entente cordiale’ parece haberse roto y los vecinos aseguran ahora que se sienten “engañados”.
Según explica Fernando López, presidente de la comunidad de usuarios del garaje, fue en agosto de 2021 cuando la Dirección General de Vivienda les pidió que sacaran sus coches del parquin para poder mejorar el sistema de extinción de incendios. “Nos dijeron que la única razón era esta y que en cuanto se instalasen los equipos podríamos volver a aparcar, hasta que de una vez por todas se decidiera acometer el proceso de adjudicación de plazas del garaje”, señala. Pero no ha sido así, porque en cuanto la DGA llevó a cabo las mejoras que le habían exigido los Bomberos, se colocaron los cepos que ahora impiden la entrada al garaje.
"El Gobierno aragonés ha jugado con nosotros"
“El Gobierno de Aragón ha jugado con nosotros. De buena voluntad, todos sacamos nuestros vehículos y seguimos pagando las cuotas de la comunidad. Y ahora resulta que hemos pagado más de 32.000 euros por nada. Porque nos prohíben volver a usar las plazas y prefieren dejar el garaje vacío, con todo el peligro que eso implica”, dice el portavoz de los afectados. Y lo hace porque nada más terminar de instalar el nuevo sistema contra incendios se declaró un fuego en el sótano, “donde vimos que se había colado gente y había metido sofás, colchones y otros enseres”. Los vecinos temen que ahora que el enorme aparcamiento vuelve a estar diáfano se repitan los problemas de okupación.
Los expulsados del garaje acusan también a la DGA de actuar de forma unilateral y sin contar con los dueños del centenar de trasteros que se ubican en el aparcamiento, que son ellos. “Nadie discute que las plazas de garaje son suyas, pero no lo son los accesos, ni los pasillos, ni el resto de zonas comunes. Pagamos el IBI de los trasteros y tenemos derecho a acceder a ellos. Pero ahora, con los cepos que han puesto, solo podemos hacerlo a pie. Si queremos dejar allí cualquier electrodoméstico u objeto pesado tenemos que llevarlo a rastras desde la puerta. Y pueden llegar a ser más de 50 metros”, indica.
La DGA justifica su decisión
Al ser preguntada por la situación que denuncian los cien vecinos afectados por el desalojo de Zalfonada, la DGA recuerda que la legítima propietaria de todas las plazas de garaje sigue siendo la administración autonómica a través de la Dirección General de Vivienda. Las fuentes oficiales consultadas por HERALDO admiten que hace un tiempo hubo un acuerdo con los vecinos para ceder el uso en precario del parquin. “Pero la inspección de Bomberos obligó a acometer unas mejoras y hubo que pedir a estas personas que sacaran sus vehículos”, indican.
Desde el Gobierno aragonés aseguran que, una vez solucionadas las deficiencias del sistema anti-incendios, se han detectado una serie de filtraciones que afectan al garaje y que corresponde arreglarlas a la comunidad de propietarios de las viviendas. Y mientras este problema no se solucione, insisten, no se podrá impulsar el proceso de venta y adjudicación de las plazas.
Según ha podido saber este diario, el arreglo de dichas filtraciones tiene un presupuesto de en torno a 200.000 euros. Al parecer, se ha consignado la partida y los trabajos podrían comenzar el próximo mes de septiembre. “Ojalá sea así y entonces no tengan otra excusa”, señala el representante de los afectados, confiado en poner fin a una situación que considera inverosímil.
