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Acusa por falso testimonio al menor que lo denunció por abusos sexuales en Zaragoza

Un septuagenario, con una discapacidad del 75%  y problemas de movilidad, fue juzgado en su día y absuelto del delito que le atribuyó el joven. 

Imagen de los juzgados penales de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Imagen de los juzgados penales de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Heraldo

Un hombre de 72 años y con una discapacidad física del 75% que en su día fue denunciado por abusos sexuales por un adolescente de 16 años y luego quedó absuelto ha decidido ahora presentar una querella criminal contra el joven por denuncia falsa y falso testimonio. El septuagenario, que tiene reconocido un grado II de dependencia y precisa de una tercera persona para los actos más básicos de la vida, considera que el menor faltó a la verdad cuando le atribuyó ese delito y otros dos de amenazas y coacciones. 

La acusación acarreó una petición de cárcel de cuatro años y medio y el pago de 6.000 euros por daños morales. La Fiscalía también se sumó y solicitó tres años y medio de cárcel. Sin embargo, la juez lo absolvió al no encontrar evidencias del delito contra el adulto y apreciar una decena de contradicciones en las declaraciones del joven. La sentencia no fue apelada y adquirió firmeza en enero de 2023.

El vecino de Zaragoza fue denunciado en 2018. En esos momentos, el jubilado padecía numerosas patologías tales como obesidad mórbida (pesaba 140 kilos), diabetes, ictus, cáncer de colon intervenido, fracturas en las muñecas, fascitis plantar y muchos problemas de movilidad en los hombros y para desplazarse. Para salir a la calle debía usar silla eléctrica y en su casa tenía una de ruedas para desplazarse, pero con dificultades. Su condición física le obligaba a contratar a personas que se ocuparan de su atención personal -ayudarlo a vestirse y a desnudarse-, del cuidado de la casa y de tareas domésticas como hacer la comida, ir a Correos, hacer gestiones en bancos, acompañarlo a citas médicas o ayudarle en sus desplazamientos.

Habitualmente como asistentes contrataba a varones jóvenes, de entre 18 y 21 años, y en marzo de ese año, al fallarle la ayuda varios días, contactó con el menor -entonces le faltaba un mes para cumplir 18 años- al ver en milanuncios.com uno en el que se ofrecía para cuidar niños o tareas similares.

Tras un primer encuentro en el que acordaron que le pagaría la hora a 6 euros y le explicó las tareas, el menor acudió a su casa durante cinco días no consecutivos. Los cuatro primeros todo fue normal, pero el quinto, según denunciaría luego, cuando el hombre le dijo que buscara una receta en el ordenador vio, supuestamente, unas fotos pornográficas de menores y se asustó. Después diría que esa misma mañana lo había amenazado para que entrara en su dormitorio, le había dicho que no iba a salir de allí si no hacía lo que le decía y luego le había obligado a masturbarle mientras el adulto le hacía tocamientos.

Para la juez del caso todo esto no quedó acreditado durante la vista oral. Al contrario, los informes médicos demostraron la incapacidad total del septuagenario para mantener erección alguna ni eyacular. Su abogado, Alejandro Aldea, cuestionó estas y otras afirmaciones del menor, como que su cliente, declarado gran inválido, podía “andar perfectamente” sin silla de ruedas (tiene reconocida una dificultad de movilidad de 15 puntos) y que movía los brazos “estupendamente”. Resaltó igualmente que el joven dijo que el hombre se “quitó el pijama” y se fijó en que tenía “pelo en el pecho”, pero no se percató de una cicatriz de 29 centímetros, ni de la necrosis en ambas piernas ni tampoco de su disfunción eréctil.

El abogado del jubilado plantea en la querella, que ha sido admitida a trámite, que el motivo de tal denuncia fue que su representado no accedió a dar al menor un dinero que precisaba para cuestiones personales y “presumiblemente” para obtener una indemnización de 6.000 euros.

Ahora es él quien reclama una fianza de 50.000 euros al joven, que ya ha cumplido 23 años, para hacer frente a la posible responsabilidad civil, en el caso de que fuera condenado, al considerar que mintió tanto en lo referido a los abusos sexuales, como en las amenazas vertidas para cometer el abuso y en el supuesto delito de coacciones que dijo que cometió al impedirle abandonar el domicilio.

El Código Penal castiga con penas de seis meses a dos años de prisión y multa tanto el delito de denuncia falsa y el de falso testimonio en causa judicial.

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