La resaca de tres sucesos en Zaragoza: "El enfermo mental necesita ayuda inmediata"
Los expertos reflexionan sobre el goteo de agresiones y crímenes cometidos durante los últimos años por personas que no controlaban sus actos.
El dramático apuñalamiento de una mujer que paseaba con su perro por el Canal Imperial junto al Parque Grande de Zaragoza llevó el pasado domingo a la detención de un joven de 25 años al que la Policía Nacional atribuyó después otros dos intentos de homicidio: el de un hombre al que habían agredido esa misma mañana en el barrio de La Paz y el de una anciana de 85 años a la que un ciclista golpeó con una cadena en la cabeza el pasado 20 de mayo en San Gregorio. A la vista del informe médico-forense, tras tomar declaración a R. C. S., la jueza de guardia ordenó su ingreso en la Unidad Penitenciaria Psiquiátrica del Hospital Miguel Servet por el tiempo que los facultativos consideren necesario para su posterior traslado a prisión. Porque, como indicaba en su auto la magistrada, el estado psíquico actual del investigado lo hace peligroso “para él mismo y para los demás”.
Los expertos en salud mental advierten del peligro que entraña estigmatizar a estos enfermos y aseguran que cuando son tratados de forma adecuada no son personas violentas. Al mismo tiempo, reconocen que faltan medios e información, lo que agrava un problema de por sí importante. Pero lo ocurrido el pasado domingo no puede considerarse un caso aislado, puesto que los enfermos mentales han protagonizado graves agresiones e incluso varios crímenes durante los últimos años en Zaragoza.
A modo de ejemplo, el sorpresivo y violento ataque sufrido por una mujer el pasado 1 de abril justo después de tener un accidente con el coche en la A-2. Quien la agredió fue su pareja, al parecer, en pleno brote psicótico. Y en idénticas circunstancias se encontraba Enrique San Agustín Bautista, de 50 años, cuando el 16 de enero de 2023 unas “voces” lo llevaron a acabar con la vida de su compañero de piso en el Arrabal. Los forenses dejaron muy claro que se trataba de una persona inimputable, por lo que las partes pactaron una condena de 17 años de internamiento. Ni siquiera fue preciso escenificar ningún juicio.
Especialmente trágica resultó la muerte de una niña de 3 años a la que su propio padre, Nossa Churchill, le cortó el cuello en Las Delicias el 14 de septiembre de 2020. El jurado consideró también acreditado que el acusado tenía sus facultades mentales alteradas cuando degolló a su hija y recomendó su ingreso en el centro penitenciario psiquiátrico de Fontcalent (Alicante) para cumplir una condena de 18 años.
Al hombre que el 11 de enero de 2019 se atrincheró en una vivienda de Fuentes de Ebro tras propinar dos golpes mortales a su madre con un objeto “estrecho y delgado” -posiblemente, el atizador de la chimenea-, la Audiencia de Zaragoza le impuso una pena de 15 años. El autor del crimen, Julio Pérez Lapeña, de 44 años, tenía diagnosticada una esquizofrenia, por lo que también fue derivado al presidio alicantino.
La muerte de un joven en Andorra
Como ponen de manifiesto estas tres muertes, las víctimas de este tipo de enfermos son muchas veces familiares o personas de su entorno más próximo. Pero no siempre son terceros quienes pagan con su vida un problema de salud mental mal gestionado. Los propios enfermos pueden llegar a hacerlo. A modo de ejemplo, lo ocurrido el 11 de enero de 2021 en la localidad turolense de Andorra, donde un guardia civil abatió de tres disparos a un joven de 30 años cuando estaba sufriendo un brote esquizofrénico. Según la sentencia que absolvió al agente, este actuó en cumplimiento de su legítimo deber y en defensa propia, dado que la víctima se abalanzó sorpresivamente sobre él armado con un destornillador poniendo en riesgo su vida.
Trágica resultó también la muerte del joven que en la mañana del 23 de noviembre de 2021 se quitó la vida a cuchilladas en la fuente de la plaza de Roma de Zaragoza. El fallecido, que había provocado un enorme revuelo entre los viandantes al correr desnudo empuñando un arma blanca y dando gritos, acabó rodeado por la Policía. Lo agentes trataron de tranquilizarlo, pero él acabó autolesionándose. Nunca se llegó a confirmar oficialmente, pero parece que también tenía problemas de salud mental.
"No hay que asociar el delito a la salud mental"
“No hay que asociar el delito a la salud mental. Una cosa son las enfermedades mentales y otra cosa son los delitos. Y ni todos los que delinquen son enfermos mentales ni todos los enfermos mentales delinquen”. Con esta premisa como punto de partida, la médico forense y profesora de la Universidad de Zaragoza Dolores Serrat intenta sensibilizar a la sociedad sobre el estigma que arrastran no solo quienes sufren una enfermedad mental sino también sus familias. A estas últimas les aconseja buscar ayuda lo antes posible, “porque cuando un paciente no quiere tomar la medicación, es muy difícil obligarlo”.
“En las fases agudas están previstos tratamientos e ingresos psiquiátricos involuntarios. Existen dos procedimientos: el urgente, decretado por un médico y avalado después por un juez; y el ordinario, cuando la situación no es tan urgente y la autorización judicial va por delante. Pero las cosas no son fáciles. Y el familiar que está siendo testigo del empeoramiento del paciente muchas veces no sabe cómo actuar”, advierte Serrat. En ese afán por plantar cara a la enfermedad y sus derivadas lo antes posible, la profesora recuerda que se puede trasladar el problema al médico de familia, que es el que mejor conoce a un enfermo crónico, “pero llegado el caso también se puede acudir a la Fiscalía o al propio juzgado para intentar conseguir el ingreso forzoso del enfermo”.
Pero ¿qué ocurre cuando no se llega a tiempo y un brote psicótico acaba en delito y con su autor en prisión? Dolores Serrat no es ajena a la delicada situación en que se encuentran los servicios sanitarios penitenciarios. “Si no me equivoco, las últimas estadísticas que he visto dicen que en las cárceles españolas hay 200 facultativos para atender a más de 48.000 internos”. La cifra es abrumadora.
Solo hay dos centros penitenciarios psiquiátricos en todo el país: uno en Alicante y otro en Sevilla. Pero resulta imposible trasladar allí a todos los reclusos con problemas de salud mental, por lo que solo ingresan los casos más graves. Y aunque existen ‘parches’ como los módulos penitenciarios de hospitales como el Miguel Servet de Zaragoza, como recuerda Serrat “la justicia tarda su tiempo y las estancias en estas unidades no pueden ser prolongadas”. “Conclusión, faltan profesionales y fallan las medidas o soluciones intermedias”, reconoce.
Las drogas y otras dependencias
Como director gerente de la Fundación Centro Solidaridad Zaragoza (CSZ), gestora del programa, Proyecto Hombre, Jesús Sánchez es también un perfecto conocedor del problema de la salud mental en Aragón. Principalmente, porque entre quienes lo padecen figuran muchos drogodependientes o enfermos con patologías adictivas, un colectivo con el que CSZ lleva casi cuatro décadas trabajando. “En cuanto a la inversión que se está haciendo en adiciones, Aragón está muy a la cola. En Cataluña, por ejemplo, cuentan con 26 comunidades terapéuticas residenciales, cuando aquí solo tenemos una”, explica.
Pero ¿qué son las comunidades terapéuticas residenciales? Como el propio Sánchez explica, se trata de los centros donde se ingresa a los enfermos cuando el tratamiento ambulatorio resulta a todas luces insuficiente. “Nosotros solo disponemos de una en Zaragoza que cuenta con 45 plazas. Pero es que tenemos una lista de espera para cubrir otras 50 solicitudes de ingreso”, precisa. Recuerda también que la rotación es lenta, porque las estancias se prolongan en torno a seis meses.
Cuando la falta de medios hace imposible el tratamiento en régimen residencial, la solución intermedia pasa por las Unidades de Atención y Seguimiento de Adicciones (UASA). Dependen del Gobierno aragonés y hay diez repartidas por las tres provincias. “Desde nuestra Fundación gestionamos dos en Zaragoza y por ellas pasaron el año pasado 1.228 pacientes. A estos hay que sumar los más de 400 familiares a los que también prestamos ayuda”, cuenta el director de CSZ.
Al hablar de los enfermos mentales que cumplen condena, Jesús Sánchez coincide en que el sistema penitenciario arrastra un enorme déficit de profesionales sanitarios. “En la cárcel de Zuera, que tiene 1.300 internos, se han pegado varios meses sin ningún médico. Se han apañado como han podido, con enfermeros, telemedicina… ¿Qué ocurre entonces con el tema de salud mental? Que está muy dejado de la mano de Dios, claro. Si no hay médicos, mucho menos hay psiquiatras”, indica.
Desde la Fundación CSZ reconocen que el panorama es “complicado”, pero prefieren verlo desde una perspectiva positiva. “Pese a todo, con lo que tenemos, estamos haciendo cosas importantes. Y contamos con programas muy interesantes también dentro de las cárceles”, asegura. Pero quiere dejar algo claro: “Tanto dentro como fuera de la prisión, dar una respuesta inmediata al enfermo mental que pide ayuda es esencial. De no hacerlo, corremos el peligro de que nunca más vuelva a intentar solucionar su problema y de que todos terminemos pagándolo”, apostilla.
