La Audiencia de Zaragoza se niega a sacar de la cárcel al cabecilla de la última cacería de bandas
El tribunal recuerda que el joven no quiso facilitar ni un teléfono de contacto ni una muestra de ADN y que podrían pedirle más de 8 años de prisión.
Cuando lo detuvieron, no quiso facilitar ni su domicilio ni un teléfono de contacto. Por supuesto, también se negó a someterse a una prueba de ADN. Sin embargo, ahora está empeñado en que le dejen salir de prisión. Se trata de Osmy Eliu O. A., el nicaragüense de 19 años al que la Policía Nacional detuvo en la madrugada del pasado 11 de febrero en Zaragoza por la violenta emboscada de la que fueron víctimas dos jóvenes de 21 y 23 años en el Camino de las Torres en Zaragoza, en la que también resultó herido de gravedad un policía de paisano que trató de auxiliarlos.
Por dos veces ha pedido ya el investigado la libertad provisional. Y por dos veces se la han negado los jueces. El pasado mes de abril lo hizo el titular del Juzgado de Instrucción número 1, encargado de las pesquisas, y ahora ha vuelto a hacerlo la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Para los magistrados, la gravedad de los hechos y el potencial riesgo de fuga o reiteración delictiva aconsejan mantener entre rejas al encausado. Máxime, recuerdan, cuando la instrucción del caso está “ya casi ultimada” y los indicios que existían contra el presunto agresor “permanecen e incluso se han reforzado”.
Los hechos se produjeron en torno a las 6.40 en pleno centro de la capital aragonesa. Cuatro amigos acababan de salir de una conocida discoteca de la zona cuando escucharon a un grupo de jóvenes coreando una especie de ‘himno o cántico’. Los primeros se asustaron y aceleraron el paso con intención de coger un taxi, pero no les sirvió de nada. Porque al llegar a la altura del número 145 del Camino de las Torres les dieron alcance y empezaron a agredirles. Y no solo soltando puñetazos y patadas, sino también lanzándoles botellas de cristal e incluso piezas de una vajilla que cogieron de un contenedor.
Fue reconocido "sin ningún género de dudas"
Un agente de la Jefatura Superior de Policía de Aragón fue testigo de la agresión y trató de ponerle fin. El funcionario estaba libre de servicio, pero al ver sangrando a dos de los jóvenes se identificó como agente de la autoridad con su placa. Lejos de deponer su actitud, los agresores la emprendieron también contra él propinándole “una brutal patada en la cabeza” que lo hizo caer al suelo “completamente noqueado”. Finalmente, tanto el policía como los otros dos chicos acabaron en el hospital. De hecho, los dos últimos tuvieron que pasar por el quirófano.
A la hora de oponerse a la petición de libertad, la Audiencia Provincial recuerda que Osmy Eliu O. A. -al que asiste la letrada Carmen Sánchez Herrero- fue localizado por la Policía en las inmediaciones del lugar de los hechos “presentando lesiones en una mano y el pantalón ensangrentado”. Pero es que, además, fue reconocido “sin ningún género de dudas” por una de las víctimas. En concreto, por el policía que trató de auxiliar a los dos jóvenes atacados.
El tribunal recuerda que son varios los delitos por los que el joven nicaragüense podría acabar en el banquillo de los acusados. Por un lado, el de lesiones en agresión, que conlleva una pena de entre dos y cinco años de prisión. El ataque al funcionario del Cuerpo Nacional de Policía podría costarle al investigado una segunda imputación por atentado, con una pena de hasta tres años. Sin olvidar que la triple paliza se enmarca en un ataque perpetrado por un grupo de hasta diez personas -esa madrugada se detuvo a otros tres chicos a los que también investiga un juez de Menores-, lo que permite adivinar que cabría atribuirle un tercer delito de pertenencia a grupo criminal, también castigado con privación de libertad.
“En definitiva, tanto los hechos como la conducta del investigado Osmy Eliu O. A. al presentar evidencias de haber participado en la agresión son reveladoras de violencia y peligrosidad”, dice la Audiencia de Zaragoza en un auto que aplauden las acusaciones -a cargo de los letrados Marco Antonio Navarro y Olga Oseira- y permite allanar el camino para dejar en prisión provisional al investigado hasta la celebración del juicio.
