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Bandas y violencia juvenil en Zaragoza: toque de queda, candado digital y otras 'medicinas'

El goteo de agresiones y delitos protagonizados por menores en los últimos meses ha puesto el foco sobre un problema para el que se buscan soluciones.

Delincuencia juvenil en Zaragoza.
Delincuencia juvenil en Zaragoza.
K. U.

Hace solo unos días, una jueza de Zaragoza condenaba a un chico de 15 años por una agresión sexual a una amiga de 13 en un pueblo de la Ribera Alta del Ebro. El pasado abril, la Policía Nacional detenía a otro menor por un violento asalto con mataleón a un hombre de 62 años en el barrio zaragozano de Las Fuentes. En febrero, otros tres chavales eran arrestados por una triple paliza en pleno Camino de Las Torres en la que una de las víctimas fue un policía de paisano. A finales del pasado año, cuatro menores encapuchados la emprendían a golpes contra un joven de 24 años al que llevaban tiempo acosando en el Actur. Y durante la última noche de Haloween, una veintena de críos acorralaban en Villanueva de Gállego a otro chaval, al que propinaron patadas, puñetazos y hasta correazos.

Todos estos son casos reales y recientes. Sucesos conocidos ocurridos en Zaragoza capital o su entorno y que constatan hasta qué punto la violencia se inocula cada vez antes entre los jóvenes. Algunas voces autorizadas alertan de una pérdida del principio de autoridad: en el caso de los menores, hacia sus padres y profesores, principalmente ¿Se trata de una consecuencia más de la pandemia? ¿El origen de esta mayor agresividad está en internet y las redes sociales? ¿Por qué han proliferado como lo han hecho las bandas juveniles en la capital aragonesa? Y lo más importante, ¿hacia dónde evoluciona esta violencia?, y ¿cuál es la mejor forma de atajarla?

Una jueza de Zaragoza condena al único adulto identificado por acorralar y agredir a un joven en una fiesta de Halloween.
Una jueza de Zaragoza condena al único adulto identificado por acorralar y agredir a un joven en una fiesta de Halloween.

El problema no se circunscribe ni mucho menos a Zaragoza, donde la tasa de delincuencia es inferior a la de otras grandes ciudades del país. Pero ni siquiera afecta solo a España. Es más, el incremento de la violencia juvenil parece bastante más preocupante en Francia, donde los alcaldes de algunas urbes de mediano y gran tamaño han empezado a adoptar medidas drásticas. El mejor ejemplo, la ciudad de Cagnes-sur-mer, de 50.000 habitantes y situada en los Alpes Marítimos, donde su incombustible regidor, el conservador Louis Nègre, lleva dos décadas decretando un toque de queda que impide salir a la calle después de la once de la noche a los menores de 13 años que no vayan acompañados de sus padres. La medida se aplica de primavera a otoño.

Con el mismo argumento, frenar la violencia relacionada con los más jóvenes, otras ciudades del país vecino están imitando la fórmula. Lo han hecho en Béziers (75.000 habitantes), en Occitania. Pero también en Les Pennes-Mirabeau (20.000 habitantes), en la Provenza. La próxima en sumarse podría ser una población mucho mayor: Niza (345.000 habitantes), capital de los Alpes Marítimos. La decisión de restringir las libertades de los chavales en favor de una mayor seguridad no ha estado exenta de críticas, pero el propio ministro del Interior, Gérald Darmanin, se ha mostrado a favor de esta política.

Un marco legal garantista

El marco legal francés y español son muy dispares. Pero, ¿se podría llegar a recurrir a estos particulares toques de queda en Zaragoza o en cualquier otra de nuestras ciudades? HERALDO ha pedido su opinión a representantes de distintos estamentos: judicial, policial, escolar… Y todos coinciden en que trasladar aquí esta estrategia se vería “fuera de lugar”. Primero, porque no creen que la magnitud del problema sea la misma. Pero sobre todo, porque entienden que la apuesta por la prevención y la educación pueden ser mucho más efectivas.

“Ni se me había pasado por la cabeza. Pero es que tampoco lo veo”, confiesa Carlos Sancho, fiscal de Menores en Zaragoza durante ocho años y encargado de velar ahora por la protección de esta franja de la población desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). “Un toque de queda de este tipo afecta a los derechos fundamentales de las personas. Y no debemos olvidarnos de que los menores también lo son, por lo que también tienen libertad ambulatoria, de asociación... Nuestro marco legal es muy claro al respecto. Y tenemos el ejemplo reciente de una crisis sanitaria como la covid, con todo el ajuste normativo que obligó a hacer para decretar los confinamientos”, explica.

Dos de las víctimas del ataque del camino de Las Torres.
Dos de las víctimas del ataque del camino de Las Torres de Zaragoza, en febrero de 2024.
Atestado policial
Carlos Sancho: "La ley sí contempla ya medidas de libertad vigilada para chavales que han cometido determinados delitos. Y no solo para los más graves, como homicidios o lesiones"

Al margen de la complejidad normativa, Sancho no cree en medidas restrictivas generalizadas para intentar acabar con problemas como el de las bandas o la violencia juvenil. De hecho, apuesta más por las medidas individualizadas. “La ley sí contempla ya medidas de libertad vigilada para chavales que han cometido determinados delitos. Y no solo para los más graves, como homicidios o lesiones. Se pueden aplicar a los autores de hurtos y robos reiterados u otros ilícitos”, recuerda el fiscal del TSJA. Sancho no descartaría por tanto toques de queda ‘personalizados’ para los delincuentes juveniles, “pero siempre bajo un control judicial y nunca de forma preventiva, sino tras la comisión de un acto criminal”

Apuesta por la prevención desde las aulas

Desde la Policía Nacional, el comisario provincial de Zaragoza, Javier Abadía, tampoco es partidario de las restricciones que se han implantado en algunas ciudades francesas para combatir la violencia juvenil. “Yo no veo que sea la solución. Porque está demostrado que alguien que quiere salir, al final encuentra la forma y sale. En España hemos invertido más en la prevención, creo que anticiparnos al problema resulta mucho más rentable. El Plan Director de la Policía persigue prevenir cualquier riesgo que afecte a la seguridad y el bienestar de nuestros menores y jóvenes, tanto en la escuela como en su entorno”, indica. Para ello, llevan años impartiendo charlas en los colegios con una “estupenda” respuesta. “Abordamos temas como el juego y las apuestas, las agresiones sexuales, la violencia de las bandas… Se trata de que conozcan una realidad que les afecta y de darles instrumentos para afrontarla”, añade.

A lo que muestra una mayor predisposición el comisario Abadía es a una limitación de la edad de acceso a ciertos contenidos de internet o las redes sociales. “Un niño de 10 años no puede presenciar un descuartizamiento en vivo. Ni eso ni muchas de las barbaridades que ahora se ofrecen en la red”, comenta. “Creo que sería muy útil contar con un sistema de identificación de confianza que técnicamente impidiera a un menor acceder a algo así. ¿Coartaría algo su libertad? Sí, pero sería bastante más práctico que impedirle salir a la calle”, asegura.

Javier Abadía: "Un niño de 10 años no puede presenciar un descuartizamiento en vivo. Ni eso ni muchas de las barbaridades que ahora se ofrecen en la red"

En cuanto al aumento de las agresiones y los delitos cometidos por menores, Javier Abadía entiende que la evolución tecnológica y las redes sociales “han contribuido a generar una sensación que a veces no es real”. “Ahora, en cualquier parte hay un móvil que lo graba y lo publica todo. Las 24 horas, los 365 días del año. Tenemos mayor acceso a la información, nosotros y nuestros jóvenes: pero eso no significa que antes ciertas cosas no ocurrieran. También hay más denuncias, porque la sociedad evoluciona y todo fluye más fácil”, apunta.

Redes sociales, botellón y ocio alternativo

Los que tampoco son ajenos al goteo continuo de casos relacionados con la violencia juvenil en Zaragoza y su entorno son los padres de los escolares. Por ello, desde colectivos como la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fapar) o la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa-Aragón), sus respectivos presidentes transmiten su preocupación.

“Claro que es un asunto que nos inquieta. Pero no somos partidarios de ningún toque de queda para los menores o políticas similares. Las medidas tienen que ser educativas. Y en ellas venimos trabajando desde hace tiempo. Hay que abordar el problema de la delincuencia juvenil desde una perspectiva integral y las familias no podemos obviar nuestra responsabilidad”, señala Miguel Ángel Sanz, desde Fapar. Recuerda que los talleres y charlas que se imparten en los centros escolares no van dirigidas solo a los chavales. “Estamos trabajando también con los padres, para que sepan identificar las amenazas. Que sepan por ejemplo cómo funciona una red social y sean conscientes de la realidad a la que están expuestos sus hijos cuando las usan", apunta.

M. A. Sanz: "Estamos trabajando también con los padres, para que sepan identificar las amenazas. Que sepan por ejemplo cómo funciona una red social y sean conscientes de la realidad a la que están expuestos sus hijos"

En la misma línea de la prevención, Miguel Ángel Sarralde, presidente de Concapa-Aragón, destaca las instrucciones que en marzo de 2023 dio el Departamento de Educación del Gobierno aragonés para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la forma de actuación y captación de las bandas latinas y juveniles. “Nos preocupa bastante este fenómeno, porque ha supuesto un claro punto de inflexión. Y gracias a iniciativas y protocolos como este, tenemos más herramientas para combatirlo”.

Alerta sobre los niños a partir de 10 años

Según informó la propia DGA, en lo que va de curso se han detectado 7 posibles casos de pertenencia a estas bandas, además de un afectado, frente a los 11 que se notificaron en todo el pasado año lectivo las aulas de Aragón. Todos los casos se registraron en la provincia de Zaragoza, 5 en la capital y 3 en otras poblaciones. Por niveles educativos, 4 de detectaron en Secundaria, 2 en Formación Profesional Básica y 2 más en Primaria. Desde la Consejería de Educación se recomienda que, a la vista de la realidad social, se preste atención a las conductas y el comportamiento de los chavales a partir de los 10 y 11 años.

Sarralde insiste en la necesidad de dar más “énfasis” a los servicios sociales para canalizar el problema de las bandas. “Nos consta que ya están trabajando bien, pero es preciso que estos servicios se refuercen”, indica.

M. A. Sarralde: "La Policía Local ha hecho un gran trabajo para atajar los macrobotellones que se hacían en las riberas del Ebro o los parques. Pero eso ha dado lugar a los microbotellones, más numerosos y más dispersos"

El representante de las familias en la educación concertada aboga también por dar una “alternativa de ocio saludable” a los chavales. Y confiesa su preocupación por un nuevo problema que vienen detectando en la evolución de los botellones en la capital aragonesa. “La Policía Local ha hecho un gran trabajo para atajar los macrobotellones que se hacían en las riberas del Ebro o los parques. Pero eso ha dado lugar a los microbotellones, más numerosos y más dispersos. Nos preocupa bastante, porque nos consta que ahora nuestros hijos se van más lejos y vuelven muchas veces solos. Es un problema complejo, pero tenemos que hacer algo”, asegura.

Filtros para el acceso de los menores a la red

En cuanto a los peligros de las redes sociales e internet, Miguel Ángel Sarralde explica que el Consejo Escolar de Aragón cuenta con una comisión que está debatiendo sobre la posible implantación de un ‘candado’ digital para determinadas franjas de edad. “Hemos empezado por abordar el asunto desde del punto de vista de la salud. Y los profesionales coinciden en que cuanto más tarde se produzca el acceso de los menores a los móviles y las redes mejor. Creemos que un sistema de identificación para menores puede ser un buen recurso, pero hay que articularlo bien”, explica.

La Agencia Española de Protección de Datos ya está trabajando en el desarrollo de un sistema piloto de verificación de la edad, de la mano de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Como informó a comienzos de año el Gobierno de España, “se trata de una herramienta que ha sido testada en los principales navegadores y que conjuga la protección a la infancia y el interés superior del menor con el derecho a la privacidad y el derecho fundamental y a la protección de datos de carácter personal del conjunto de la ciudadanía”. En cualquier caso, todavía no hay un calendario para su posible entrada en vigor.

A la hora de intentar acabar con las distintas forma de violencia entre los menores, desde Concapa creen que figuras como el alumno ayudante o mediador -“que voluntariamente se ofrece a acompañar a otros para evitar casos de acoso u otros problemas de adaptación”- y los planes de convivencia pueden ser muchos más útiles que cualquier toque de queda.  

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