Urbanismo ha impuesto en un año 56 sanciones en la zona Pignatelli de Zaragoza

El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado entre septiembre de 2019 y agosto de 2020 un total de 56 actuaciones en el área Pignatelli entre sanciones, incoaciones y requerimientos a edificios y solares. De ellas, 46 corresponden a inmuebles y otros 10 a parcelas de la zona.

Tal y como han informado fuentes municipales, gran parte de estos expedientes se concentran en las calles de Ramón Pignatelli, Cerezo, Agustina de Aragón y José Zamoray, donde los vecinos llevan tiempo denunciando graves problemas de convivencia. En algunos casos, esos expedientes todavía continúan abiertos. “Se han llevado a cabo cuantas actuaciones urbanísticas han sido posibles con objeto de mantener la integridad de estos inmuebles”, explican.

En este entorno existen más de 75 edificios protegidos por estar catalogados como bien de interés artístico o ambiental. Muchos de ellos, okupados o desatendidos, se han degradado tanto que los vecinos de la zona temen incluso que puedan generarse situaciones de peligro. De hecho, según los cálculos de la recién constituida ‘Plataforma de Afectados del Gancho de Zaragoza’, en la zona habría okupados hasta seis edificios enteros y otros tantos pisos sueltos.

Según los datos facilitados por el consistorio, las mayores incidencias urbanísticas se registran en la calle Pignatelli. Allí, de un año a esta parte, se han abierto hasta 16 expedientes, de los que una decena siguen activos. Buena parte de ellos se refieren a requerimientos de obra o de inspecciones técnicas y también a multas y sanciones por incumplir la normativa.

Unos metros más allá, en la calle Agustina de Aragón, se abrieron siete expedientes sobre fincas y uno sancionador con orden de ejecución sobre un solar. En esa misma vía un único edificio acumula seis multas coercitivas y múltiples requerimientos de sanción.

En la calle Cerezo, de los ocho expedientes tramitados en el último año, cinco permanecen activos. Desde urbanismo también recuerdan que el consistorio actuó de forma subsidiaria sobre los números 8 y 10 de la calle José Zamoray, que tuvieron que derribarse ante el colapso de la estructura y la declaración de ruina inminente. Además, el pasado mes de julio también hubo que asentar otro edificio colindante al descubrirse una sima debajo de él.

A este respecto, desde la plataforma aseguran haber manifestado su preocupación al consistorio desde hacía dos años. “Se ha actuado cuando se han caído dos plantas del edificio”, comenta su portavoz, Óscar Villanueva. El colectivo señala que también hay edificios apuntalados en los que continúa viviendo gente y que algunos de sus tejados son de uralita, un material tóxico por contener fibra de amianto. Además, lamentan que “una maraña legal” dilate tanto los expedientes . “Hay mucho requerimiento, pero pocas actuaciones”, consideran.

La suciedad es otro de los problemas que sufren los residentes. El estado de algunos inmuebles y la falta de civismo de algunos ciudadanos les genera plagas de insectos, malos olores y situaciones de insalubridad. “Tenemos unas plagas de chinches tremendas. Cada vez que alguien saca un colchón a la calle es porque está infestado”, señala Villanueva.

Por todas estas cuestiones, la plataforma mantuvo el pasado día 1 de septiembre una reunión con el Justicia de Aragón, que ha abierto un expediente para recabar información. No obstante, desde el Justicia recuerdan que muchas de las reivindicaciones de la zona “escapan a la administración local y autonómica”.

Los planes de rehabilitación

Para muchos, la esperanza son los planes de rehabilitación creados en los últimos meses. En octubre de 2019 se promovió un convenio con el Ministerio de Fomento, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza para invertir 3,2 millones en la rehabilitación de viviendas y locales comerciales de la zona. El llamado ARRU permitirá rehabilitar 200 viviendas en un plazo de cinco años.

También está en proceso de redacción del Plan Especial de Rehabilitación Integral (PERI), pero la plataforma se muestra reticente. “Se nos dijo que iban a contar con los vecinos, pero de momento nada, entonces no sabemos lo que van a hacer. Estamos expectantes”, comentan. Además, insisten en que todas estas actuaciones tendrían que ir acompañadas de otras intervenciones en el plano social. “Lo que queremos es vivir tranquilos en nuestro barrio. Ya no es indignación, es enfado”, concluyen.