Los vecinos del Gancho y Pignatelli de Zaragoza denuncian miedo a salir de casa por la inseguridad

Unas doscientas personas, vecinas del Gancho y del entorno de Pignatelli de Zaragoza, han salido de nuevo a la calle para denunciar los "muchos años de sufrimiento" a causa de la "dejadez" y "abandono" que sufren sus calles, desidia que atribuyen a entidades y administraciones públicas de «todo tipo».

Ante las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Delegación del Gobierno en Aragón, han exigido soluciones que les permitan vivir pacíficamente en su barrio. Reclaman un plan de seguridad pero no solo policial, sino también urbanístico, social y patrimonial. Solicitan una reunión con el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, para que "actúe de inmediato" para paliar la "desastrosa" situación que atraviesan estos vecinos.

Los afectados, que han creado una nueva plataforma vecinal, reconocen que este año se ha llevado a cabo alguna actuación municipal, pero la consideran totalmente insuficiente. Igualmente, se anunció por la entonces delegada del Gobierno, Carmen Sánchez, y el propio Azcón la elaboración de un "plan de seguridad" que no ha visto la luz.

Explican que la situación se ha agravado por las "okupaciones masivas" que se han incrementado a uno y otro lado de la calle de Conde Aranda, okupaciones que van ligadas a un aumento de la delincuencia.

Vivimos a diario una inseguridad total. Tenemos miedo a salir a hacer lo más básico, como trabajar, comprar o pasear nuestras mascotas", señalaron. "Los principales problemas son la okupacion, la degradación de edificios, la inslaubridad causada por plagas de chinches, las basuras que dejan todo el día en la vía pública, violencia extrema en las calles o las amenazas a vecinos que denunciamos lo que ocurre", expuso Óscar Villanueva, uno de los portavoces de la plataforma. "No podemos hacer una vida normal como cualquier zaragozano porque estamos amenazados. Necesitamos ayuda porque la situación es ya de urgencia", añadió.

Beatriz, vecina de la calle de San Pablo, reside al lado de un edificio totalmente okupado en la calle de Boggiero y en el que las broncas son diarias. "Vivo en plena zona de guerra", decía. "Y la cosa va a peor porque si abres la boca te amenazan. Se están creciendo porque saben que la Policía no les puede hacer nada y a ti no te queda más remedio que tragar. Y estos (en referencia a los responsables políticos), tocándose las narices. No hay derecho a que no hagan nada", añadía enfadada.

Beatriz coincidía con Carmen en contar que los robos con intimidación, tirones y agresiones se suceden a diario. Ellas se buscan itinerarios alternativos para no pasar por según que lugares. "Si llamas a la Policía porque ves que se están matando en la calle, traficando con drogas o les da por poner la música a todo trapo a las dos de la madrugada te llaman chivata y te advierten para que te ‘cuides’", cuentan. Resaltan que la Policía está "harta" de intervenir porque soluciona el problema puntual "pero nada más"

Durante el acto, que se celebró guardando las distancias físicas de seguridad, leyeron un manifiesto en el que recordaron que el barrio del Gancho, con mil años de antigüedad, fue durante siglos puerta de entrada a la ciudad y residencia de ciudadanos venidos de todas partes. "Siempre ha sido y es un barrio hospitalario y multicultural donde todos con respeto y buena convivencia tienen cabida", dijo Juan Francisco López Almazán, encargado de leer el comunicado.

Al margen de la calle de Las Armas, donde sí se ha notado la intervención de las administraciones, el resto de esta zona del Casco Histórico es un fiel reflejo del abandono político. La dejadez se aprecia en el evidente deterioro urbanístico, agravado con las crisis económicas y las okupaciones de edificios cuyos propietarios han hecho igualmente dejación de sus responsabilidades.

"Nosotros estamos implicados como ciudadanos en la mejora del barrio y ofrecemos nuestra colaboración para buscar soluciones, porque no queremos que se convierta en uno de tantos de otras ciudades, como el de Malasaña, en Madrid, o el del Born, en Barcelona, donde por degradación y abandono han terminado siendo derribados para hacer viviendas y locales de lujo por multinacionales", indicó Óscar Villanueva.

En cuanto a las medidas a adoptar, hizo hincapié en que cuando "interesa" y se lo "toman en serio", los que tienen en su mano solucionar las cosas, como los responsables políticos, policiales y de los tribunales, actúan. "Nosotros también necesitamos que los edificios okupados sean desalojados en dos meses y medio, como ha ocurrido con el hotel San Valero de la céntrica calle de Manifestación.

"Pero nosotros llevamos diez años en esta situación y lo malo es que con el paso de los años los okupas se hacen dueños de los pisos", señaló Óscar Villanueva. Distinguió, no obstante, entre las personas que usurpan las viviendas por necesidad y ante la falta de recursos de Zaragoza Vivienda y quienes lo hacen para montar "narcopisos" o esconder objetos robados.

El manifiesto no tuvo quien lo recogiera

Los vecinos echaron de menos la presencia de responsables del gobierno municipal que atendieran sus peticiones y recogieran su manifiesto. A pesar de ello, lo leyeron en público para dejar constancia de sus quejas. Hace un año, el movimiento vecinal Calles Dignas organizó una protesta similar y, aunque también reclamaron la presencia del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, fue finalmente Alfonso Mendoza, concejal del PP y presidente de la junta de distrito del Casco Histórico, quien dio la cara por el gobierno PP-Cs.

Este domingo los únicos políticos que se acercaron por la plaza del Pilar fueron la portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, y la concejal del mismo grupo María Ángeles Ortiz, así como representantes de Vox. Estos últimos indicaron ayer que van a plantear "de nuevo" la creación de un órgano de apoyo y asesoría legal frente al fenómeno de la okupación para ofrecer ayuda legal y económica a las personas físicas víctimas de "allanamiento u okupación".

El portavoz de la plataforma ciudadana anunció que la concentración de ayer no será la única y que la repetirán en unas semanas si no les hacen caso. De entrada, han dado un plazo a las instituciones de quince días.