El Tribunal Supremo ha dado carpetazo definitivo a la macrogranja de 20.000 terneros que proyectaba la empresa navarra Ganados Jiménez Cambra en la localidad monegrina de Torralba de Aragón y que en su día levantó una gran contestación social por sus posibles efectos ambientales ya que iba a ser una de las más grandes del país.

La inversión ascendía a 8 millones y prometía crear 30 empleos pero en su día los ayuntamientos de Torralba, Senés de Alcubierre, Robres, Torres de Barbués, Tardienta, Barbués y Almuniente alegaron en contra de su instalación.

La promotora presentó un contencioso-administrativo contra una disposición transitoria del Real Decreto 1053/2022 que estableció las normas básicas de ordenación de las granjas bovinas. Contra él se opusieron tanto la Administración General del Estado como las organizaciones conservacionistas Greenpeace España y Ecologistas en Acción-CODA.

Este RD pretendía desarrollar una normativa básica estatal que abordara la evolución del sector en los últimos años, su importante componente social, la elevada profesionalización e internacionalización, unida a los nuevos retos en materia medioambiental y climática, seguridad alimentaria, bioseguridad y bienestar animal.

Entre otros objetivos, clasificaba a las granjas por categorías en función de su capacidad productiva para modular el nivel de exigencia de requisitos en cada caso. Y para ello, se consideraba necesario establecer una capacidad máxima aplicable a las nuevas granjas y con límite de tamaño para las posibles ampliaciones.

La empresa solicitó la nulidad de su disposición transitoria primera por considerar que infringía los límites de potestad reglamentaria ya que imponía con carácter retroactivo su aplicación a los expedientes que estaban todavía en tramitación afectando "gravemente" a los que tenía pendientes de resolución por parte de la administración, como la macrogranja de Torralba de Aragón dedicada al cebo de bovinos para un total de 20.000 plazas (530 Unidades de Ganado Mayor-UGM).

El Gobierno de Aragón, a través del Instituto de Gestión Ambiental (Inaga), ya emitió en 2022 una declaración de impacto negativa atendiendo al informe vinculante de la Confederación Hidrográfica que no autorizaba la toma de agua que pedía del canal de Monegros para cubrir una demanda anual de 307.000 metros cúbicos; y porque aumentaría "de forma notable" las emisiones difusas a la atmósfera por la cría de animales, la gestión del estiércol (30.000 metros cúbicos se tratarían en una planta de compostaje propia y otros 43.000 se llevarían a otra planta de Teruel) y el incremento de gases de efecto invernadero por el tránsito de vehículos pesados (solo para trasladar el estiércol se necesitarían 1.350 camiones cada año).

Heraldo

La empresa presentó un recurso de alzada ante el Inaga por considerar que se había comportado como órgano ambiental y sustantivo a la vez. Pero a la fecha de la presentación del contencioso, aún no se había resuelto.

En sus alegaciones al contencioso, la Administración defendió que cuando entró en vigor el reglamento impugnado (30 de diciembre de 2022), la promotora no había obtenido aún la autorización preceptiva para la granja de Torralba "por lo que ningún derecho había podido adquirir ni consolidar antes de esa fecha".

Y el Supremo coincide en que cuando se aprobó la discutida disposición transitoria primera solo existía "una simple expectativa de obtener la autorización" por lo que desestima el recurso.

El proyecto contemplaba levantar esta macrogranja a 1.200 metros de Torralba (el mínimo exigido es 300), un pueblo de un centenar de habitantes, con una superficie construida de seis hectáreas sobre unos terrenos de 167. Se preveía ejecutar en cuatro fases e iba a estar destinada al engorde de terneros desde 4-5 meses hasta los 14-16, con un peso de 500 kilos. Los animales se distribuirían en 400 corrales al aire libre con 50 en cada uno.