Solo el 36% de los profesores de Aragón están dispuestos a que los alumnos usen el móvil en clase
Una encuesta llevada a cabo por el Consejo Escolar de la Comunidad refleja que la mayoría de los docentes y de las familias no aprueban que los escolares lleven dispositivos en los centros educativos.
Solo el 36,2% del profesorado de Aragón está dispuesto a permitir que los alumnos lleven sus teléfonos móviles personales a clase, siempre y cuando el docente informe con la debida antelación sobre la necesidad de su uso en el aula. Una postura que comparten las familias, de las que el 64% tampoco aprueban la idea de que sus hijos vayan al centro escolar con sus propios dispositivos. De hecho, solo un 9,3% de los maestros no ven inconveniente en que los estudiantes los tengan en todo momento, aunque en su mayoría se trata de profesionales de Formación Profesional, educación de adultos y enseñanza de idiomas.
Estos son algunos de los datos que se desprenden de una encuesta llevada a cabo en el Consejo Escolar de Aragón entre 15.171 personas (8.611 familias, 2.404 docentes y 4.156 alumnos) tanto de centros públicos (11.495) como concertados (3.487), y que residen en zonas urbanas (11.188), suburbanas (835) y rurales (3.148). Este estudio, que se completa con la celebración de tres mesas redondas con expertos, se ha llevado a cabo a raíz de la solicitud del Departamento de Educación del Gobierno aragonés de un informe para debatir y analizar la problemática del uso inadecuado de los móviles y dispositivos electrónicos por parte del alumnado.
El Consejo Escolar entiende que el móvil personal puede ser una herramienta útil para el aprendizaje a partir de secundaria, cuando los chavales tienen 12 y 13 años en primero de la ESO, pero no en las etapas de infantil y primaria. No obstante, tanto el profesorado como los progenitores abogan mayoritariamente por no permitir que los chavales acudan con los móviles a los institutos a no ser que sean algo más mayores.
De hecho, su utilidad en el proceso de enseñanza divide las opiniones de los docentes: el 47,1% opina que puede resultar beneficioso, siempre condicionándolo al contexto de la actividad lectiva que se desarrolle, y el 45,5% no está nada de acuerdo con permitir su uso en el aulas. Únicamente el 4,5% del profesorado está completamente a favor de emplearlo en todo momento.
La solución no pasa por una prohibición
El Consejo enumera las repercusiones negativas que el abuso de los móviles tiene en la salud de los menores y en el entorno escolar, pero también defiende que la solución no pasa por una prohibición en un mundo tecnologizado como el actual, sino en "ayudar a los jóvenes a controlar el tiempo y saber afrontar los riesgos que se esconden detrás", dice en su análisis sobre el estado de esta cuestión en Aragón.
El informe de este órgano consultivo, en el que están representados todos los colectivos que intervienen en la comunidad educativa (el alumnado, las familias, las organizaciones sindicales y los partidos políticos) señala que el actual marco regulatorio de Aragón es reconocido “como un avance importante en este tema tan complejo y visceral”, aunque echa en falta un mayor desarrollo y una adaptación a las diferentes etapas y edades. Educación prohibió el pasado enero utilizar el móvil y otros dispositivos como relojes inteligentes en el aula, recreo y extraescolares.
Pese a este apoyo, también recoge la existencia de carencias en la norma, como que ya la ley de autoridad del profesorado permite que un maestro solicite un teléfono a un alumno y este debe entregarlo sin necesidad de la intervención de dos miembros del equipo directivo, tal y como se requiere. A ello añade que hay centros, como los rurales agrupados, en los que puede no haber ninguno cuando se produce una infracción.
Con dos móviles al centro para burlar la normativa
El Consejo Escolar advierte sobre la importancia de atender la franja de edad entre los 12 y 14 años, “donde se observa un aumento en el acceso a tecnología y redes sociales, pero aún se cuestiona su capacidad para comprender los riesgos asociados”, explica. También alerta de la tendencia del uso nocturno de dispositivos tecnológicos, ya bautizada como ‘vamping’, que “puede afectar al rendimiento académico y generar agresividad y tensiones entre el alumnado y el docente afectando a la convivencia escolar”.
El dosier recoge que ya se han detectado casos de adolescentes que llevan dos móviles al centro, uno para entregarlo y otro para usarlo a escondidas. También incorpora la sugerencia de que se instalen armarios específicamente designados para dejar los dispositivos a la entrada del centro y recogerlos al finalizar el horario escolar.
Lo que deja claro el estudio del Consejo Escolar es que el móvil debe permitirse por motivos de salud, como es el caso de la diabetes y de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, entre otros. También hay un consenso generalizado en torno a la idea de que si se impone una prohibición para el uso de móviles al alumnado, esta misma restricción debería aplicarse al personal docente y no docente.
El Consejo Escolar recomienda el desarrollo de la competencia digital para el alumnado, independientemente del uso de los móviles, y sugiere que los centros proporcionen alternativas tecnológicas para que se puedan adquirir estas habilidades. Además propone desarrollar programas que deben enfocarse en concienciar, sensibilizar, informar y formar sobre el uso de la tecnología y sugiere que se cree una asesoría especializada en cuestiones legales y de apoyo relacionadas con el uso de pantallas digitales.
También plantea que, ante la creciente inquietud de los padres, se reconsidere la práctica de hacer deberes con dispositivos móviles. Mientras, desde los centros educativos se considera necesario una valoración y control por parte de las familias cuando se hacen tareas escolares digitalizadas.
Por su parte, desde el Departamento de Educación señalan que las valoraciones del informe del Consejo Escolar "refuerzan" la orden que Educación publicó el pasado 23 de enero, que limitaba el uso de los móviles en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos. De hecho, recuerdan que se sometió a votación y no tuvo ningún voto en contra.
