Hasta 18 altos cargos y asesores de Vox en el Gobierno de Aragón, a la espera de la decisión de Abascal
La decisión de la dirección nacional del PP de aceptar el reparto de un cupo de menores extranjeros no acompañados (menas) podría forzar la salida de Vox en el Ejecutivo que comparte coalición con los populares.
El acuerdo de gobierno negociado por Vox con el PP dejó en sus manos las consejerías de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia y Agricultura y Ganadería, que en el caso de romper obligaría a desalojar sus mesas y despachos a 18 altos cargos y asesores. Todos ellos están pendientes de la determinación que tome el líder nacional, Santiago Abascal, que mantiene a sus máximos cargos institucionales en los cinco gobiernos autonómicos que comparten con el PP, los de Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana, al margen de la toma de decisiones. En todo caso, los dirigentes regionales han mantenidos contactos sin que haya servido para despejar la incógnita.
Los primeros damnificados si se consumara la amenaza de Abascal, además de los consejeros, serían los ocho directores generales que han nombrado, a los que se sumarían los jefes de gabinete, secretarias y el propio equipo de comunicación, formado por tres profesionales.
El vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Alejandro Nolasco, y el titular de Agricultura y Ganadería, Ángel Samper, tenían este miércoles la agenda despejada, pero el líder autonómico del partido sí comparecerá este jueves ante los periodistas para informar por la mañana sobre una iniciativa vinculada con el Camino de Santiago a su paso por Aragón.
El gabinete del vicepresidente se quedó de guardia en el edificio Pignatelli a la espera de la comparecencia de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego (IU), tras la conferencia sectorial en la que se debatió tanto los cambios en la Ley de Extranjería para hacer obligatoria la solidaridad de las autonomías a la hora de acoger inmigrantes como el reparto de cupos de menores no acompañados. Y en este punto es donde divergen del PP, que pretende responder ante la última oleada de cayucos que ha colapsado la capacidad de respuesta de las autoridades de Canarias.
