Aínsa, considerado como uno de los pueblos más bellos de Aragón, y Canfranc, a los pies de las pistas de esquí de Astún y Candanchú, son los únicos municipios, ambos en la provincia de Huesca, que han decidido regular la concesión de viviendas para uso turístico (VUT), mientras que Zaragoza ha admitido que lo va a estudiar.

Aragón cuenta con 3.388 viviendas de uso turístico con capacidad para 21.184 personas, de las que 2.141 se localizan en la provincia de Huesca. En territorios como el Alto Gállego, la Ribagorza o la Jacetania se concentran la mayor cantidad de este tipo de unidades, con 829, 560 y 521, respectivamente.

En la provincia de Teruel hay contabilizadas 467 y 780 en la de Zaragoza. De ellas, 657 en la capital de la comunidad.

Zonas tensionadas

Desde el Departamento de Fomento y Vivienda del Gobierno de Aragón han admitido que el Ejecutivo no tiene previsto apoyar la declaración de zonas tensionadas porque considera que su resultado es el contrario al que se persigue y estiman que marcarle a un propietario privado un precio máximo de alquiler desincentiva la oferta, porque los propietarios los sacan del mercado y, lejos de reducir los precios, los incrementan al constreñir la oferta.

Un paso que sí han dado los ayuntamientos de Aínsa y Canfranc, que cuentan desde 2023 con una normativa para limitar este tipo de viviendas.

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El pueblo medieval de Aínsa aprobó en abril del pasado año una modificación de su plan general de Ordenación Urbana que impone que este tipo de VUT deben ubicarse en planta calle o primera y el acceso debe estar habilitado para personas con movilidad reducida, además de que limita su número a un 10 % del total de viviendas del edificio en el que se ubiquen.

El alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, ha reconocido que su primera intención fue "prohibirlas", si bien fue desaconsejado por los técnicos y se optó por impulsar esta iniciativa desde cuya aprobación ya no se han solicitado más licencias, y se mantiene el número en 39.

Pueyo ha admitido que fue una decisión adoptada casi en campaña electoral, que generó "revolución y enfado" entre los propietarios, pero ha apuntado que era necesaria porque aunque aumentaba el parque de viviendas, no lo hacía la población.

El municipio de Canfranc, que suma 67 pisos turísticos dados de alta, optó de manera inicial, en enero de 2023, por una moratoria para la concesión de nuevas licencias y ya ha dado el paso, pendiente de su aprobación definitiva por el pleno, para modificar su plan urbanístico para delimitar por zonas el número de VUT.

Además, este año ha impulsado una inspección de viviendas de alquiler que se anuncian a través de internet y que han derivado en la apertura de 15 expedientes por no cumplir la legalidad, como ha explicado el alcalde canfranqués, que busca impulsar el alquiler de larga estancia y favorecer así la disponibilidad de vivienda a los trabajadores de la hostelería y de las pistas de esquí.

Los problemas derivados de la falta de vivienda han llevado al actual gobierno a impulsar un ambicioso plan para construir vivienda de alquiler, entre otros para facilitar su ejecución en zonas turísticas en las que el precio excede de las posibilidades de las personas que se desplazan a estos puntos para trabajar y también se han entablado negociaciones con alcaldes de municipios de más de 3.000 habitantes para la cesión de suelo para este tipo de pisos, entre otras medidas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ha admitido que estudia posibles fórmulas (desde las más flexibles a las más restrictivas) para introducir límites, aunque en esta capital no existe ningún barrio ni distrito tensionado por las VUT. El Casco Histórico es el que concentra más viviendas de este tipo por su cercanía a las zonas monumentales.