PSOE y Vox descargan toda la presión del pacto migratorio en las comunidades del PP

Con más de dos semanas por delante hasta la conferencia sectorial que negociará la reforma de la ley de extranjería para el reparto obligatorio de menores migrantes, los partidos han remarcado este lunes unas líneas rojas para el acuerdo en muchos casos incompatibles. El PSOE ha vuelto a tender la mano al PP para cerrar un pacto que haría tambalear los gobiernos autonómicos que comparte con Vox. Y desde la formación de extrema derecha dicen que “no se contempla” que sus socios cedan a la llegada de inmigración ilegal a sus territorios. En este escenario, los populares se muestran “abiertos al diálogo” pero mantienen sus exigencias de financiación suficiente y compromiso de todas las comunidades.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido al principal partido de la oposición alcanzar nuevos acuerdos de Estado, como el reciente del CGPJ, en cuestiones territoriales clave, como la reforma de la financiación autonómica o el reparto de parte de los 6.000 menores migrantes que acoge Canarias en la actualidad. En una entrevista en la Cadena Ser, el líder del Ejecutivo ha asegurado que ahora hay una “puerta abierta” para dialogar con el PP.

Casi a la misma hora, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el encargado de pilotar la reforma de la ley de extranjería, advertía que sin el respaldo de los conservadores el proyecto “sería un fracaso”. El dirigente canario ha dejado claro que el Gobierno no aceptará el órdago de Junts, que solo dará su sí en caso de lograr la transferencia de la competencia de inmigración y, por tanto, eludir la obligación a acoger a este cupo de menores.

“Si alguna comunidad o algún partido político dice en mi comunidad no, indudablemente esa propuesta no se va a aceptar”, ha subrayado en la Televisión Canaria. A su juicio, es “necesaria” una “justa redistribución” de los menores por todas las comunidades, porque hay algunas “con seis o siete millones de habitantes y donde apenas llegan”.

El ministro, de hecho, ha lanzado un aviso. "Una vez que ya tengamos esa sectorial -que se celebrará el 18 de julio- y presentemos el texto a los partidos políticos, si hay partidos que no apoyan esta medida, indudablemente seremos contundentes contra ellos”, ha advertido.

Y en la misma línea, la portavoz nacional de los socialistas, Esther Peña, ha recordado en rueda de prensa desde Ferraz que el debate gira en torno a “menores y niños que huyen del hambre, las guerras y la desesperanza, que solo buscan un futuro mejor. Es una cuestión de solidaridad y humanidad”.

Pactos de investidura

Por su parte, Vox tensaba desde su lado la pinza al PP. El portavoz nacional, José Antonio Fuster, manifestaba que su formación “no puede alertar de una manera más clara sobre las consecuencias de esta política de puertas abiertas y multiculturalismo fallido que se aplica en España”. A su juicio, “cada día la realidad de esta inmigración incompatible muestra dramáticas consecuencias en forma de asesinatos, robos y violencia”.

Respecto a la amenaza de romper los gobiernos de coalición que mantiene con los populares en cinco comunidades, entre ellas Aragón, Fuster ha asegurado que Vox “no contempla otra opción que no sea que el PP cumpla sus compromisos firmados”. El portavoz ha remarcado que en dichos pactos, ambas formaciones acordaron “trabajar para devolver a los menores no acompañados a sus familias y países, no a cronificar la inmigración ilegal masiva extendiendo el problema por toda España”.

Desde Aragón, su compañero y vicepresidente de la Comunidad, Alejandro Nolasco, ha defendido hoy que “es un peligro tener a gente aquí que no sabes quiénes son, qué han hecho en sus países o si arrastran condenas penales”.

Por ello, ha insistido en que el acuerdo firmado para la investidura de Jorge Azcón en la Comunidad prevé “no facilitar el tráfico de personas humanas” ni “fomentar el efecto llamada”. Este conflicto ya llevo a los dos socios a convocar la comisión de seguimiento del pacto, tras el anuncio de la recepción de un pequeño grupo de menores procedentes de Canarias. Aquel encuentro se cerró en falso.

En el PP mantienen que sus comunidades serán “solidarias” y que cumplirán con la “legalidad”. Respecto a la negociación en sí de la reforma de la ley de extranjería, los conservadores exigen garantías de financiación suficiente para cubrir los costes de acoger a los menores, así como evitar que comunidades como Cataluña o País Vasco eludan esa obligación.

De momento, y ante el ofrecimiento de Sánchez de nuevos pactos con el PP en materia de financiación autonómica o del reparto migratorio, el presidente Azcón ha dicho este lunes que su formación “siempre está abierta al diálogo”.

No obstante, y de puertas para adentro, en el PP trasladan que la responsabilidad está en el Gobierno central y en su dificultad para llegar a un acuerdo con sus propios socios de investidura, como Junts o PNV.