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PP-Vox sacan adelante la segunda actividad en la Sanidad aragonesa con la ley de emergencias

Levantan el veto a los jefes de servicio y de sección de los hospitales para trabajar en la privada, vigente desde 2016, entre duras críticas de la oposición.


El coordinador de la ponencia de la ley de emergencias, José Antonio Lagüéns, con su compañera del PP María Navarro, antes del pleno que ha aprobado este viernes la norma.
El coordinador de la ponencia de la ley de emergencias, José Antonio Lagüéns, con su compañera del PP María Navarro, antes del pleno que ha aprobado este viernes la norma.
Oliver Duch

Los socios del Gobierno de Aragón, PP y Vox, han sacado adelante este viernes la segunda actividad para los jefes de servicio y de sección de la Sanidad pública a través de una enmienda a la ley de emergencias. El consenso para aprobar la normativa se ha roto en el punto relativo a los médicos, que ha provocado las críticas en bloque de la oposición.

Como ya adelantó HERALDO, el Ejecutivo autonómico ha querido levantar la exclusividad vigente para los directivos del sistema público de Salud, impuesta por el Gobierno de Javier Lambán en 2016, que les impedía poder trabajar y operar en la sanidad privada. Y lo hizo enmendando el proyecto de ley del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón.

La medida permitirá compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con la privada a los 125 jefes de servicio de todos los hospitales de Aragón, y a los jefes de sección, de los que hay 214 en el Clínico y en el Servet. De este modo, podrán operar o pasar consulta en las clínicas, como ya se permitió por iniciativa del Gobierno PP-PAR presidido por Luisa Fernanda Rudi en 2010.

El coordinador de la ponencia de la ley, el diputado popular José Antonio Lagüéns, ha asegurado que no se ha tratado de una "decisión oportunista", ya que ha considerado que modernizar y adaptar la ley de emergencias en un periodo de máxima alerta por los incendios estaba justificada.

En la misma línea que el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha justificado la segunda actividad para los jefes de servicio aduciendo que se trata de "un tema de flexibilidad de los recursos humanos", de modo que los sanitarios estén "donde más se les necesite". Por ello, ha tildado la interpretación de la oposición de "torticera y desafortunada". 

El parlamentario socialista Daniel Alastuey ha hablado de "esperpento" y ha criticado los "vasos comunicantes" entre la sanidad pública y privada que vuelve a abrir el PP. Y aún le ha parecido más grave por el hecho de que los jefes de servicio son los responsables de planificar el trabajo en el sistema público. "Quieren exportar el talento para poner al servicio del sector privado, volver a las políticas antiservicios públicos de Rudi. Es indignante", ha aseverado.

En similares términos se ha posicionado el portavoz de CHA, José Luis Soro, quien ha indicado que levantar la exclusividad vigente desde 2016 solo servirá para que más sanitarios puedan trabajar en la privada y no al revés. Eso sí, ha apuntado que también dará cobertura a  algún médico para asumir una jefatura y seguir compatibilizando su trabajo público y privado. Además, ha lamentado la "mala praxis legislativa" del PP por utilizar la ley de emergencias en vez de tramitar una por lectura única con un único punto.

A las críticas se ha sumado también el representante de Teruel Existe, Joaquín Moreno, que ha lamentado la "descapitalización de la sanidad pública en beneficio de la privada". El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha considerado igualmente "indecente" que los sanitarios que deben planificar el sistema público puedan de nuevo poder trabajar en las clínicas y hospitales privados. 

En lo que no ha habido divergencias es a la hora de aprobar el resto de la ley, elaborada por el anterior Gobierno y que sustituye a la normativa de 2002 con el fin de regular el sistema de protección civil, la gestión de emergencias, las actuaciones del sector público y establecer la coordinación necesaria entre los distintos niveles del sector público. De hecho, Andoni Corrales, de Podemos, ha mostrado su perplejidad por la inclusión de la segunda actividad de los jefes médicos ad en una ley de consenso y "muy necesaria para Aragón".

Los que no han entrado a valorar el fin del veto a compatibilizar la sanidad pública y privada han sido David Arranz, de Vox, y Alberto Izquierdo, del PAR. El primero ha defendido que con la nueva norma Aragón esté mejor preparada para emergencias y el segundo se ha centrado en en el reconocimiento a los presidentes de las comarcas para decidir en los operativos.

 

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