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El dictamen de las renovables urge a regular el sector en Aragón, pero no detecta ilegalidades
El pleno de las Cortes aprueba el documento, que limita la unanimidad a 19 de las 166 conclusiones centradas en recomendaciones.
Tras seis meses de trabajo, 16 sesiones y 50 comparecencias, las Cortes de Aragón han aprobado este viernes el dictamen de la comisión de investigación de las renovables sin que se haya demostrado ninguna de las supuestas irregularidades que llevaron a PP y Vox a impulsarla. Sus 19 conclusiones aprobadas por unanimidad, el 11% de las 166 incluidas en el documento, son meras recomendaciones, aunque con ellas se urge a la Administración a regular el despliegue de los parques eólicos y plantas solares.
Los grupos parlamentarios han destacado igualmente otra de los acuerdos unánimes, la petición directa al Gobierno autonómico para que aclare la disparidad de criterio en su seno sobre la potestad de los ayuntamientos para poder regular la instalación de la energía verde en sus municipios.
Las sombras de sospecha se han quedado reducidas a las intervenciones de los diputados Juan Vidal (Vox) y de Tomás Guitarte (Teruel Existe), quien ha destacado que hay hasta nueve bloques de denuncias sobre irregularidades en los tribunales que afectan a un centenar de proyectos de renovables.
Con los votos particulares aprobados por mayoría del cuatripartito con el respaldo del PP, se sostiene que no hay evidencias de que hubiera fraccionamiento de proyectos para conseguir las declaraciones de impacto ambiental, incompatibilidades de las consultoras que evaluaron las instalaciones o que los empleados públicos sufrieran presiones para cambiar de criterio o acelerar expedientes. Y solo tras el cambio de voto del PP, que se ha desdicho de que no hubiera presiones a alcaldes y concejales, ha salido adelante la propuesta de Vox de que sí las hubo. Y lo ha hecho con el respaldo de Teruel Existe, que se ha sumado con los populares a las otras 14 presentadas por la extrema derecha.
El parlamentario socialista Carlos Pérez Anadón ha recordado que la comisión de investigación nació al calor de la campaña electoral de las autonómicas celebradas hace un año "con el tono subido" y ahora ni siquiera se apuntan responsabilidades políticas por la gestión del cuatripartiro. El portavoz popular y coordinador de la comisión, Fernando Ledesma, ha replicado que la Cámara "no es la Fiscalía ni tiene capacidad de investigación penal".
Con un tono muy distinto al que llevó al PP a plantar la comisión, Ledesma ha vuelto a reprochar al Gobierno de Javier Lambán por no haber querido "ordenar la implantación de las renovables, ni organizar el trabajo de los funcionarios". "Y lo peor es que lo hizo consciente y voluntariamente", ha reiterado por segundo día, sin dejar de contestar a Pérez Anadón que las responsabilidades políticas se "ventilaron" el pasado 28-M.
Por su parte, el parlamentario socialista le ha afeado que pese a las duras críticas del Gobierno PP-Vox a su predecesor en materia energética no haya revisado de oficio ni un expediente. "Todo lo que hizo el PP fue para ganar el 28 de mayo y luego ha existido cierto remordimiento y contricción", ha aseverado.
El diputado voxista Juan Vidal ha llegado a sostener que el objetivo era esclarecer lo ocurrido, no identificar irregularidades para llevarlas a la Fiscalía. "Eso alguien se lo ha sacado de la manga", ha dicho entre risas de buena parte del hemiciclo.
Al igual que el PP, ha sostenido que el cuatripartito renunció a ordenar el despliegue de las renovables y dejó "desamparado" a los pequeños municipios.
El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha sido muy crítico con el resultado de la comisión por considerar que se ha cerrado "en falso", sin investigar "la verdadera gravedad de los hechos" y convirtiéndose en una justificación de las actuaciones. No se ha quedado ahí, ya que ha reprochado la "dejación de funciones" en el control y protección de los valores ambientales por parte del Ejecutivo de Lambán.
El líder de CHA, Joaquín Palacín, de CHA, ha destacado que se ha demostrado que no hubo un "agujero negro" en la gestión de las renovables como llegó a sostener el ahora presidente aragonés, Jorge Azcón. Y ha destacado que la comisión de investigación se convirtió en una de estudio, en la que logró sacar adelante la necesidad de un nuevo modelo energético.
Andoni Corrales, de Podemos, ha mantenido el eslogan de ‘renovables, sí, pero no así’, lo que le ha llevado a defender una moratoria, pero sin obviar las críticas al "ruido" durante la campaña de los ahora socios en el Pignatelli, PP y Vox.
Álvaro Sanz, de IU, ha revalidado su "firme compromiso" con las renovables tras criticar que la comisión impulsada por PP y PAR, que debía "arrojar luz" sobre la tramitación de las renovables, se haya convertido en una "herramienta de meras recomendaciones".
Por último, Alberto Izquierdo, del PAR, ha subrayado que se ha demostrado que en Aragón no hubo un "coladero" porque ni se fraccionaron proyectos para lograr el aval ambiental ni hubo presiones.
