Vox rechaza la llegada de migrantes a Aragón y el PP critica la reforma legal del Gobierno

La política migratoria vuelve a ser objeto de confrontación entre los socios de Gobierno en Aragón. Mientras Vox rechaza de plano la acogida de  migrantes y la propuesta de la Moncloa de reformar la ley de extranjería para regular el reparto de menores, el PP no descarta el acuerdo, aunque eso sí, se muestra muy crítico ante lo que consideran un "parche". 

El Gobierno central llevará a una conferencia sectorial con las comunidades una propuesta para la reforma de la ley de extranjería que fijará los criterios de redistribución de menores extranjeros llegados al país. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, compareció este miércoles tras concluir la ronda de contactos con los grupos políticos en el Congreso, y anunció que llevará un documento que integre las reivindicaciones recibidas para que los representantes autonómicos le den el visto bueno. 

El objetivo del Ejecutivo central es validar la reforma legislativa en la Cámara Baja en julio. Antes deberá pasar el filtro de la conferencia sectorial, pero tanto el ministro como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha participado en las negociaciones, se mostraron optimistas.

La clave será convencer al PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades. Los conservadores no cierran la puerta al acuerdo, pero exigen garantías de financiación por parte del Estado para afrontar los costes derivados de atender a los menores. En este sentido, el ministro explicó que su propuesta contempla de forma «específica» este asunto.

En el preámbulo, por ejemplo, se alude a ofrecer las «medidas financieras que fueran necesarias», mientras que el articulado señala que «se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente».

El PP no salió satisfecho de la reunión. La representante nacional de los conservadores en la negociación, la aragonesa Ana Alós, explicó que serán las autonomías y no Génova las que fijen su posición. Pero se mostró muy crítica con lo que considera «un parche» que no concreta la financiación ni da respuesta a la crisis migratoria. «Salimos muy preocupados», comentó. La oscense pidió actuar contra las mafias de tráfico de personas y alertó de que el PNV y Junts negocian por su cuenta la transferencia de la competencia, por lo que quedarían fuera de la obligación de recibir a menores.

En este sentido, Torres advirtió que ahora el foco es otro y que es necesaria una respuesta «urgente» ante una «emergencia» como la que está viviendo Canarias con la llegada de migrantes.

El único partido que se negó en rotundo a negociar la modificación legal fue Vox, que gobierna en cuatro comunidades con el PP, entre ellas Aragón. De hecho, el rechazo de la formación de extrema derecha a la llegada de migrantes ya fue motivo de confrontación entre el presidente Jorge Azcón y el vicepresidente Alejandro Nolasco, que llegó a forzar la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de investidura en la Comunidad, aunque sin mayores consecuencias.

Solidaridad territorial

Nolasco dijo ayer que la reforma es «más de lo mismo, no soluciona nada porque sigue incentivando el efecto llamada hacia la inmigración ilegal». El vicepresidente de Aragón volvió a relacionar la llegada de migrantes con «consecuencias catastróficas» como «casos más frecuentes de delincuencia». Y lanzó un órdago a su socio del PP: «tal y como se encuentra firmado en el pacto de gobierno, Aragón no se va a ofrecer a recibir inmigración ilegal».

Por contra, la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, recalcó que el «criterio básico a preservar» es el interés superior del menor sin olvidar que vienen «para buscar una vida digna». A la espera de conocer el texto definitivo, insiste en que se debería «contar siempre con el acuerdo y el consenso de todas las autonomías» y plantea que se tengan en cuenta los porcentajes en relación a la población protegida y se incluya «la financiación adecuada».

En la misma línea, Tomás Guitarte (Teruel Existe) defiende que además de priorizarse un ejercicio de solidaridad compartida entre todas las regiones, se debe contar con «las garantías de que se dote de financiación».

En Podemos, Marta de Santos cree que «las políticas de migración deben tener como epicentro que ningún ser es ilegal, y crear políticas en origen para que nadie deba abandonar su país por falta de oportunidades». Mientras, Álvaro Sanz, de IU, hace una lectura política y critica la «incoherencia» del PP, «que en Canarias exige esta reforma pero, donde depende de Vox, o calla o se opone, como hemos visto y sufrido en Aragón». Considera que la reforma supone de facto otorgar «rango legal y estructural» a la práctica que venía produciéndose en las conferencias sectoriales «sin mayores problemas».

Finalmente, Alberto Izquierdo subraya desde el PAR la necesidad de «seguir apoyando a las comunidades que reciben un mayor número de menores no acompañados, contando con el respaldo económico del Gobierno».