Aragón recibirá 1,1 millones para costear parte del profesorado universitario extra por la nueva ley
Con esta cuantía, el Ministerio de Ciencia financiará 94 plazas de ayudantes doctor mientras que la DGA abonará las 62 restantes.
Los desencuentros por quién costea los nuevos puestos de profesores ayudantes doctor que se precisan para la puesta en marcha de la nueva Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) parece que empieza a llegar a su fin. Tras una polémica que lleva coleando varios meses, Aragón ya tiene garantizado que recibirá este primer año, de septiembre a diciembre, 1.175.035 euros para financiar 94 de estas plazas mientras que la DGA abonará las 62 restantes. Desde el Ejecutivo autonómico recordaron que ahora falta por cerrar el convenio a seis años, hasta el curso 2029-2030, para costear estos 156 empleos.
La Conferencia General de Política Universitaria, celebrada este miércoles y presidida por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha ratificado la aprobación del programa para la incorporación de talento docente e investigador a las universidades públicas españolas, que destinará 1.175.035 euros a Aragón para la incorporación de 94 profesores ayudantes doctor al campus público.
Con este programa, el Gobierno financiará la contratación de un total de 3.400 profesores ayudantes doctor a partir del próximo curso 2024-2025 durante seis años en las universidades públicas españolas. El resultado de la votación ha contado con 17 votos a favor (un Ministerio y 16 comunidades autónomas) y un voto en contra (una única comunidad autónoma).
La Conferencia General de Política Universitaria, formada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y las comunidades autónomas, ha dado luz verde a la inversión inicial de 46,7 millones de euros para la puesta en marcha del programa en todas las autonomías y la UNED, así como los criterios de reparto, autorizados este martes por el Consejo de Ministros.
La ministra Morant ha afirmado que “nunca antes un Gobierno ha manifestado un compromiso tan claro y rotundo por las universidades públicas de nuestro país; y lo hacemos con el total convencimiento de que las universidades son un gran ascensor social y la garantía de la investigación para asumir los retos de la sociedad”.
150 millones de inversión por curso académico
En total, el Ministerio destinará una dotación de 150 millones de euros anuales por curso académico a partir del curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato, para la financiación de estas plazas, que posteriormente deberán estabilizar las universidades.
La ministra ha avanzado que, tras esta decisión por parte de la Conferencia General de Política Universitaria, “se firmarán los convenios y acuerdos con las comunidades autónomas que quieran participar en el Programa.”
“Hoy se ha dado un paso fundamental. Ahora hay que dar otro paso tan importante como éste con la firma de los convenios para que el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas nos comprometamos a hacer todos los cambios necesarios en las universidades para bajar la temporalidad del 49% actual de media al 20%, que es el objetivo marcado en la Ley Orgánica del Sistema Universitario”, ha manifestado Morant.
Satisfacción en la Conferencia de Rectores
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha celebrado que Gobierno y comunidades hayan alcanzado un acuerdo para financiar la reestructuración de las plantillas de profesorado conforme a lo que marca la LOSU. La presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha valorado la ratificación de la puesta en marcha del programa y ha aplaudido que se hayan impuesto "el diálogo y la responsabilidad institucional".
Alcón ha recalcado la importancia de disponer de los recursos necesarios para "planificar el relevo generacional y la estabilización del profesorado" que fija la ley y ha destacado que es una muestra del trabajo conjunto entre universidades, Gobierno y comunidades autónomas.
La CRUE, recuerda en un comunicado, ha mantenido en estos meses un intenso diálogo con las autoridades educativas para facilitar un consenso que dote a las universidades de los recursos imprescindibles para competir en igualdad de condiciones con los sistemas universitarios europeos. Es de esperar, asegura la Conferencia de Rectores, que el acuerdo ratificado en la Conferencia sea el primer paso de una colaboración entre las administraciones para alcanzar el objetivo general de destinar, como mínimo, el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) al gasto en educación universitaria pública en el conjunto del Estado.
