El Constitucional suspende de forma cautelar la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón
El Tribunal admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno central. La DGA se reafirma en su postura y recurrirá la medida mientras el ministro Torres les pide que "reflexionen".
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón. Los magistrados, además, han decretado la suspensión temporal de la ley con la que el Ejecutivo de PP y Vox eliminó la regulación autonómica, que ahora vuelve a estar en vigor. Tras el anuncio, la DGA ha mostrado su "respeto a las decisiones judiciales aunque no las comparta" y ha anunciado que pedirá "de manera inmediata el alzamiento de la medida suspensiva". En cambio, el ministro Ángel Víctor Torres ha celebrado la resolución y ha pedido a los responsables del Pignatelli que "reflexionen".
El pleno del Constitucional ha acordado este lunes estudiar el recurso del Ejecutivo central, que considera que la ley aragonesa podría vulnerar los derechos de las víctimas del franquismo, además de ser contraria a competencias estatales.
Al haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida de forma automática y temporal esa ley que deroga la norma que estaba vigente en Aragón desde 2018.
En su demanda, el Ejecutivo central alega que la ley podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, por la derogación de los preceptos relativos al estatuto de las víctimas. Además, sostiene que la norma podría ser contraria a competencias estatales en relación al artículo 149.1.1 y del deber de colaboración así como el 149.1.30 CE.
La derogación de la ley de memoria se ha traducido en un duro enfrentamiento entre el Gobierno central y el de Aragón. El Ejecutivo de Pedro Sánchez viene denunciando que PP y Vox buscan "invisibilizar" a las víctimas del franquismo, tal y como respaldó posteriormente un informe de la ONU. La DGA, por contra, defiende que ha actuado "desde la más escrupulosa legalidad", y ve motivaciones políticas y electorales en esta ofensiva.
Con las posturas totalmente distanciadas, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y su vicepresidente de Vox, Alejandro Nolasco, rechazaron sentarse a negociar en la comisión bilateral planteada por el Gobierno central para resolver este tipo de desencuentros. La consecuencia inmediata fue la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en el TC por parte de la Moncloa y previo aval del Consejo de Estado.
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Desde la DGA ha reiterado este lunes tras conocer el pronunciamiento del TC su "convencimiento de que la ley de derogación es plenamente constitucional, puesto que se tramitó desde la más escrupulosa legalidad y las Cortes de Aragón tienen autonomía y derecho para derogar sus propias normas".
Fuentes del Pignatelli añaden que "la ley de derogación cuenta con el aval de los informes favorables del Consejo Consultivo de Aragón y de los letrados de las Cortes de Aragón", y advierte que "la suspensión de la ley de derogación es automática, pero que cabe petición de alzada contra dicha disposición suspensiva". De hecho, anuncian que van a "solicitar de manera inmediata el alzamiento de la medida suspensiva".
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado "contento" de la resolución del TC y ha querido lanzar un mensaje a la DGA. "Quiero invitar al Gobierno de Aragón, que no quiso hablar con nosotros, a que reflexione".
Torres ha subrayado que "fue inusual que no quisiera sentarse para negociar y evitar el recurso, lo normal es que se sienten", para añadir que "ahora tienen suspendida su ley". El ministro se ha mostrado confiado de que el Tribunal ratificará la inconstitucionalidad de la derogación de la ley ya que "dificulta a las asociaciones acceder a las subvenciones, no da publicidad a las exhumaciones y no trabaja por la justicia, la reparación y la verdad".
A su juicio, esta derogación es fruto de una exigencia de Vox al PP, una formación que "es capaz de eliminar de sus leyes la condena al franquismo". "Es una lástima, porque la dictadura y el totalitarismo deben ser condenados por cualquier demócrata", ha concluido.
