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Aragón rechaza pagar al Estado la factura de los pacientes en el exterior que haya prescrito
Asume el coste desde 2020, unos 5 millones de euros de los 26 millones que pide el Ministerio. La Consejería de Sanidad no descarta incluso llegar a la vía judicial.
El Ministerio de Sanidad reclamó a principios de año a Aragón el pago de 26,2 millones de euros por la atención a pacientes aragoneses en otras comunidades autónomas en concepto de saldo negativo del Fondo de Cohesión Sanitaria. Desde el Ejecutivo de Azcón, sin embargo, consideran que se va a abonar solo la parte que no ha prescrito. Es decir, los importes correspondientes a las anualidades desde 2020, con la salvedad de que en 2021 y 2022 se dejaron en suspenso por la covid. Así, el coste que asumiría la Consejería de Sanidad rondaría los 5 millones.
Basan esta decisión en que "se ha de actuar con rigor" y "no se pueden reclamar unas cantidades que tendrían que haberse liquidad anualmente, ni hacerlo cuando no se tiene la seguridad de que se sustentan en una atención sanitaria real". Desde la DGA han anunciado su intención de "llegar hasta donde sea necesario, incluida la vía judicial, para defender los intereses de los aragoneses".
El consejero José Luis Bancalero ya mostró su sorpresa al conocer esta deuda y acusó al anterior Ejecutivo de Lambán de "dejación de funciones" por no haber resuelto esta cuestión cuando gobernaba. Reconoció, asimismo, que este asunto no se mencionó en el traspaso de poderes.
El Fondo de Cohesión Sanitaria se creó en 2006, tras el traspaso de competencias de Sanidad a las comunidades para compensar la atención a los pacientes derivados entre ellas. Su pago es asumido por los Presupuestos Generales del Estado hasta 2012. A partir de esa fecha, se considera extrapresupuestario y se va notificando a las regiones las cantidades que adeudan o que se les deben.
Entre los motivos que alega Sanidad para rechazar la cuantía completa –desde 2013 a 2023– figura que se exige el saldo acumulado durante diez años, "cuando debería ser una liquidación anual". Recuerdan que Aragón cuenta con una ley de Hacienda, que establece la prescripción a los cuatro años del derecho al reconocimiento o liquidación de toda obligación que no se hubiere solicitado. El plazo se ha de contar desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación y no desde la fecha en que exista un procedimiento de reclamo.
Por ello, explican desde la Consejería, "no se puede exigir ahora lo acumulado en diez años mediante una decisión unilateral del Gobierno central, sin diálogo previo con las comunidades", y añaden que "supone un perjuicio para sus cuentas, sin posibilidad de planificación": "El Gobierno central debería aplicarse la receta a sí mismo y abonar las deudas pendientes que tiene con las comunidades, como la sanidad penitenciaria, que se eleva a 9 millones".
Al mismo tiempo, desde la Consejería de Bancalero ponen el foco en que "no se pueden reclamar unas cantidades respecto a las que no hay seguridad de que recogen con homogeneidad en todas las comunidades las prestaciones sanitarias que se asigna a este fondo". E insisten en que "el propio Ministerio ha reconocido en diferentes reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la necesidad de revisión del procedimiento para que los saldos se computen de forma adecuada a las asistencias actuales y a los medios para cuantificarlos con lo que ahora se cuenta. También ha reconocido que puede haber saldos negativos y positivos que son injustos, pero que su objetivo ahora es resolver la situación de los saldos acumulados. Para Aragón esto no es ni riguroso ni justo".
Segundas residencias
Aragón tiene todos los años un saldo negativo, algo que, desde la Consejería, atribuyen a distintos factores, como las segundas residencias en comunidades del entorno como Cataluña, Comunidad Valenciana o Castilla y León (Soria). También a unidades o centros de referencia para determinadas patologías Cataluña, Madrid y Cantabria (unidad de cardiología del Hospital Marqués de Valdecilla).
También a la derivación de pacientes aragoneses que, por convenio, se atienden en comunidades limítrofes, desde donde derivan a centros de referencia dentro de esos territorios. "El Gobierno anterior no tuvo interés en potenciar una adecuada facturación de todos los servicios que se prestan en Aragón a ciudadanos de otras regiones", explican.
Por ahora, Aragón ha presentado alegaciones a la comunicación remitida al Departamento de Sanidad del director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia sobre el saldo negativo acumulado por las liquidaciones del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial desde 2013.
En la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del 30 de abril, Aragón votó en contra al acuerdo sobre los saldos asignados a las comunidades del Fondo de cohesión sanitaria y Fondo de Garantía Asistencial de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023. También rechazó el acuerdo sobre compensaciones, deducciones o retenciones según los citados saldos de las Comunidades Autónomas. Esto supone que el Ministerio de Sanidad puede plantear una reclamación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previa formulación de un requerimiento. El requerimiento llegó el 29 de mayo.
