Aragón afronta una campaña de incendios con un “riesgo desigual” en la que preocupa la sequía de Teruel
El 97,4% de los fuegos registrados hasta abril se originó por causas humanas. La Comunidad activa el próximo 15 de junio la fase máxima en la lucha contra los siniestros forestales.
Tras las lluvias de este mes de mayo, Aragón afronta la campaña de lucha contra los incendios forestales con un “riesgo desigual”, a priori menor que el año pasado, pero con los ojos puestos en el cuadrante sureste de la Comunidad, en la provincia turolense, especialmente afectada por la sequía. En estos momentos, las zonas que más preocupan son la cuenca del Mijares, Javalambre, las muelas del valle del Ebro y Valmadrid, mientras el Somontano occidental y el Pirineo presentan la condiciones favorables por la humedad que acumulan.
Este escenario ha dibujado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, este lunes en la presentación del operativo que se desplegará a partir del 15 de junio, cuando se inicia habitualmente la fase de máxima activación, y que se prolonga hasta el 15 de septiembre. Casi todo está ya listo y se van a invertir 46,75 millones de euros. Comprende 62 cuadrillas terrestres y 8 helitransportadas, 68 vehículos terrestres y 9 medios aéreos que suponen un operativo de 625 personas trabajando diariamente. No obstante, el mapa de riesgo de fuego puede variar en las próximas semanas si, como ocurrió el año pasado, regresan las precipitaciones en junio.
Blasco, que ha comparecido en rueda de prensa junto la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, y la jefa de servicio de Gestión de los Incendios Forestales, Maribel Ureta, ha hecho un llamamiento a la colaboración de administraciones, agricultores, empresas y ciudadanía en general para extremar las precauciones. “Cualquier negligencia, cualquier descuido, puede provocar un incendio que luego lamentaremos todos”, ha señalado. El año pasado fue “extraordinariamente bueno” por las condiciones climáticas que se vivieron, el mejor de las últimas dos décadas, pero ha insistido en que no se puede “bajar la guardia”.
80 fuegos este año y 600 hectáreas calcinadas
Las responsables de gestión forestal han llamado la atención sobre varios datos. En los siniestros forestales ocurridos este año hasta finales de abril, el 97,4% se debieron a causas humanas y solo un 2,6% a naturales (sobre todo rayos), un porcentaje este último que aumenta durante el verano cuando abundan las tormentas con gran aparato eléctrico sobre todo en zonas como Gúdar.
Ureta ha puesto el foco en que los datos revelan que en invierno y primavera más del 70% de la superficie quemada se produce por usos inadecuados del fuego, mayoritariamente quemas agrícolas, en días con riesgo alto en los que están prohibidas. Además, ha subrayado que en los últimos 15 años, el 90% de la superficie forestal se ha calcinado en solo el 1% de los siniestros, que suceden en días que hay un riesgo importante (naranja) o alto (rojo).
Los incendios vividos este mayo en Batea y Lledó, que arrasaron en la Comunidad 471,74 y 51,95 hectáreas, respectivamente, han roto la buena estadística del primer cuatrimestre, que arrojaba cifras por debajo de la media. Sobre estos dos focos, la jefa de servicio ha precisado que ambos se extendieron “por el fuerte viento”. Mientras el de Lledó fue provocado por “un coche que se prendió fuego en el monte”, el origen del de Batea sigue investigándose, pero todo apunta a una quema agrícola “que se descontroló”. Con estos dos incidentes, los más importantes registrados hasta el momento, se han contabilizado al menos 80 siniestros (78 hasta el 30 de abril) con una superficie quemada de casi 600 hectáreas.
"No podemos olvidar que los incendios forestales son un fenómeno complejo con muchas variables", ha concluido Ureta, que ha insistido en que no se pueden "buscar soluciones simplistas".
Estreno de la base aérea de Villanueva de Gállego
La directora general de Gestión Forestal ha concretado algunas de las novedades de la campaña que está a la vista. El helicóptero para labores de coordinación de medios aéreos, que actualmente sale de la base de Zaragoza, pasará en cuanto sea posible a las nuevas instalaciones de Villanueva de Gállego que compartirá con el del 112. En Villanueva está pendiente de terminarse la instalación eléctrica, ha explicado Oliván, un trámite que depende del Ayuntamiento.
Otras mejoras son la puesta en marcha de la red de comunicaciones de emergencias unificada, la remodelación que se va a acometer de los puntos de encuentro de las cuadrillas y el uso de la base helitransportada de Calamocha.
Además, se está trabajando en ampliar la formación del personal de mando y dirección de los incendios y se ha implementado la guardia de unidad técnica de apoyo durante todo el año (hasta 2023 solo había guardias a partir del 1 de abril). En la misma línea se ha reforzado el personal de guardia los fines de semana de la alta activación para facilitar los relevos (un guardia de técnico adicional y otra de conductor adicional).
El operativo de prevención y extinción de incendios de Aragón (Infoar) cuenta con 625 profesionales trabajando diariamente durante la época de máxima activación distribuidas en: 62 brigadas terrestres, 8 helitransportadas, 39 vehículos autobomba, 26 vehículos 4x4 pick ups dotados con sistema de extinción, 3 'bulldozer', 80 puestos fijos de vigilancia, 330 agentes de protección de la naturaleza, 55 técnicos para labores de dirección y gestión de la emergencia, 1 helicóptero para coordinación de medios aéreos y 4 salas de coordinación.
Además, el Ministerio para la Transición Ecológica pone a disposición de las comunidades distintos recursos de extinción para apoyar a sus dispositivos, de los cuales se encuentran ubicados en Aragón: la brigada de refuerzo (Brif) en Daroca, un hidroavión Canadair (Foca) y otro de coordinación (ACO), ambos en la base aérea militar de Zaragoza y un helicóptero bombardero medio (Bell 412) en la base de Plasencia del Monte (Huesca).
Negociación del convenio con Sarga
En total, la inversión prevista es de 46,75 millones y la partida más elevada, de 28,70 millones, corresponde al importe que se transfiere a la sociedad pública Sarga para financiar el operativo.
El consejero, a preguntas de los medios de comunicación, se ha referido a la negociación del convenio que están llevando a cabo actualmente el comité de empresa de Sarga y la empresa pública autonómica de gestión de incendios y que lleva caducado desde 2017. La preocupación de la plantilla es extender a todo el año los contratos que ahora son de 10 meses. Blasco ha apuntado que las "instrucciones" de la consejería van en la línea de atender la demanda sindical y que lo que más le preocupa es "la seguridad de todos los trabajadores", aunque ahora toca esperar a que se llegue a un acuerdo.
