El Ejecutivo central convocará la próxima semana al Gobierno de Aragón a la comisión bilateral prevista para resolver conflictos entre el Estado y las comunidades. El objeto no es otro que instar a la DGA a revertir la polémica derogación de la ley de Memoria Democrática, después de que tres relatores de la ONU hayan emitido un informe en el que denuncia que se “invisibiliza a las víctimas del franquismo”.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comparecido de urgencia este viernes para analizar dicho informe, que ha calificado de “unánime y contundente”. Ha destacado que los relatores de la ONU advierten que la derogación de la ley en Aragón y los planes de concordia que ya avanzan comunidades como Castilla y León y Valencia “vulneran los derechos humanos e invisibilizan a las víctimas”.

El organismo internacional ha intervenido en esta polémica a petición del Gobierno de España, que también elevará el asunto a la Unión Europea. En el caso concreto de Aragón, Torres ha subrayado que el informe alerta de que en la ley que deroga la Memoria Democrática en la Comunidad “no hay referencia explícita a la violación de los derechos humanos, ni condena el régimen y su carácter dictatorial”.

“La nueva ley habla de violencia política durante la Segunda República, pero no se puede comparar años de dictadura con los de democracia”, ha puntualizado el ministro. Además, Torres ha recordado que “las nuevas leyes suprimen que las entidades y proyectos puedan lograr subvenciones o la dificultan”. “En Aragón -ha añadido- se establece que las subvenciones puedan estar sujetas a justificación correspondiente haciendo incierto su sostenimiento”.

Por todo ello, el ministro ha instado a los gobiernos autonómicos implicados que “adopten todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales en derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica”. Y como primer paso, ha anunciado que la próxima semana comunicará a Aragón la convocatoria de la comisión bilateral, que abrirá un periodo de negociación de seis meses. Si en ese plazo no hay acuerdo, o si la DGA no se persona, como ya advirtió hace unas semanas, el Estado llevará el caso al Tribunal Constitucional.

"El PP debería reflexionar, está pagando un precio de sumisión a la ultraderecha", ha reclamado el ministro. A su juicio, esta polémica "va mucho mas allá de las leyes de memoria, va de la amenaza de que crezcan visiones que defienden que el totalitarismo debe vencer a la democracia".

"El PP hizo propuestas en la ley de Memoria aprobada en Aragón por Lambán, y ahora derogan lo que proponían por imposición de la ultraderecha", ha enfatizado Torres.

Por su parte, la portavoz del Gobierno central y ministra de Educación y Deporte, la aragonesa Pilar Alegría, se ha manifestado con un mensaje corto y directo a través de su cuenta de X: "No son leyes de concordia, son leyes de discordia".