ley de concordia de aragón
La ONU acusa al Gobierno de Aragón de "invisibilizar a las víctimas del franquismo" con la derogación de la Ley de Memoria
Se trata de la respuesta del organismo internacional a una petición de amparo impulsada por el Gobierno central tras la derogación de las leyes de memoria en varias CC. AA.
La Organización de las Naciones Unidas ha expresado en un informe su preocupación respecto a las iniciativas en algunas Comunidades Autónomas de España, gobernadas por coaliciones de PP y Vox, que buscan reemplazar las leyes de memoria histórica con nuevas normativas denominadas 'de concordia'.
Según un informe de la ONU, firmado por los expertos en Derechos Humanos Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz, estas leyes podrían contravenir los estándares internacionales en la preservación de la memoria histórica relacionada con violaciones graves de derechos humanos.
Las propuestas en cuestión podrían implicar la eliminación de entidades y proyectos existentes dedicados a esta causa, según los expertos. Tal y como apunta el informe, “las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”, ya que, señalan, “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos".
En su informe, la ONU hace referencia explicita a la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Los relatores recuerdan que "el 15 de febrero de 2024, las Cortes de la Comunidad Autónoma de Aragón adoptaron la ley No. 1/2024 de memoria democrática, por la cual se deroga la ley en vigor en la materia (ley 14/2018), (...) y se suprime la estructura orgánica específica de memoria democrática en la Administración basada en dicha ley, así como la Comisión Técnica de Memoria Democrática de Aragón".
La Organización de las Naciones Unidas es muy dura con esta derogación en el informe y señalan que "la nueva ley invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al no hacer referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial, o su responsabilidad por los crímenes cometidos en este periodo".
Por otro lado, la ONU señala que la derogación de las leyes regionales de memoria sustituyéndolas por otras llamadas de concordia contribuye a alentar teorías “revisionistas o negacionistas” sobre la Guerra Civil y la dictadura.
En el informe también se destaca que la nueva ley aprobada por el parlamento aragonés "no hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975), sino que se refiere a las "atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil", mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada Segunda República que le antecedió"
La ONU incluye en su informe que "se suprime un gran número de entidades y actividades de memoria histórica previstas en la legislación anterior, tales como: el Censo de memoria democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática de Aragón, el Inventario de lugares y rutas democráticas de Aragón, el Centro de Investigación de la memoria democrática de Aragón, el Registro de entidades de memoria democrática de Aragón, las actuaciones en el ámbito educativo, y los elementos de identificación, interpretación, señalización y difusión".
Esta ley también "suprime el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática, el cual incluye un mapa de fosas comunes de Aragón e información sobre los lugares de memoria democrática de esta autonomía, entre otros datos". Asimismo, establece que la base de datos genética prevista se remitirá, con el consentimiento de los interesados, al Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura. Por su parte, la nueva ley deja sin efecto las iniciativas de colaboración y cooperación administrativa establecidas.
La ONU insta a España a actuar
Por otro lado, la ONU señala que la derogación de las leyes regionales de memoria sustituyéndolas por otras llamadas de concordia, “evitan, y/o omiten nombrar o condenar el régimen franquista” y subraya que contribuyen a alentar teorías “revisionistas o negacionistas” sobre la Guerra Civil y la dictadura.
Además, la Organización de las Naciones Unidas señala en su informe que "todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de Gobierno, cualquiera sea su nivel -nacional, regional o local-, deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humano”.
El Ejecutivo central ya anunció a principios de abril que redoblaba su ofensiva contra la derogación de leyes de Memoria Democrática por parte de PP y Vox, como la aprobada en febrero por el Gobierno de Aragón. Tras anunciar un recurso de inconstitucionalidad por la supresión de esta normativa en la Comunidad, que previsiblemente acabará en el Tribunal Constitucional, la Moncloa también informó de que elevaría el caso a las instancias internacionales, como la ONU y la UE, al entender que se estaban vulnerando principios fundamentales de los derechos humanos.
El Gobierno español llevó así ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al de Ejecuciones Extrajudiciales estas leyes “para que evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos”. El informe que se ha conocido hoy es la respuesta a esta solicitud de amparo del Ejecutivo español.
"No afecta Aragón"
Cuando se conoció que el Gobierno central se disponía a presentar el recurso ante el Constitucional, el presidente de la DGA, Jorge Azcón, aseguró que estas decisiones “no afecta” a la Comunidad, puesto que únicamente se ha eliminado una normativa y aún no se ha aprobado otra que la sustituya. Desde el Pignatelli, en la misma línea, defienden que su actuación fue "jurídicamente intachable".
“No afecta a Aragón porque Aragón no tienen ningún proyecto de ley de Concordia que vaya a tramitarse en nuestras Cortes”, señaló el presidente de Aragón cuando se conocieron las primeras informaciones.
Según fuentes de la DGA, Aragón únicamente ha derogado su ley de Memoria, pero no ha impulsado, todavía, el “plan de concordia” alternativo, por lo que, aseguran, no hay un texto nuevo que fiscalizar por parte del Gobierno central. Desde el Gobierno de Aragón recordaban entonces que ninguna comunidad está obligada a contar con una regulación de estas características y achacaron la amenaza del ministro al contexto electoral que afrontaba el país.
"Sánchez puede llevarla a la Estación Espacial"
Por su parte, el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), aseguró no temer los efectos políticos que la derogación de la ley aragonesa de Memoria Democrática pueda tener. "No nos van a asustar", ha asegurado en referencia a la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de denunciar ante la ONU y la UE esta decisión. Y por ello, ha apuntado que "no se dará ni un paso atrás" en una cuestión que estaba incluida en el pacto de Gobierno con el PP.
"En una de sus esperpénticas astracanadas, este tirano que tenemos de presidente quiere elevar el asunto nada menos que a la ONU", lamentó Nolasco, que jocosamente instó al Ejecutivo a hacerlo también a la Agencia Especial Internacional o incluso a Corea del Norte. "Creo que Sánchez tiene mucho que aprender de Kim Jong-un, que es su modelo", ha sostenido.
Gamarra dice que lo que hay que revisar son los pactos del Gobierno con Bildu
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reaccionado al informe emitido por tres relatores de la ONU, en el que advierten sobre las leyes de concordia acordadas por los 'populares' con Vox en tres comunidades autónomas, expresando que lo que hay que "rectificar" es el "revisionismo" de la ley de memoria aprobada por el PSOE con el apoyo de Bildu, que no condena el terrorismo.
En una entrevista a Antena 3, Gamarra ha indicado que "posiblemente" quienes hayan emitido el informe "desconocen" el contenido de las leyes de la concordia pactadas por PP y Vox y que tampoco saben que la Ley de Memoria Democrática "que ha impuesto Bildu" con los socialistas describe al periodo de la Transición como "no democrático".
"Ese revisionismo creo que es el que no merece la sociedad española y es al que el PP le pone todas las pegas, y no sólo eso, sino que tenemos muy claro que la Transición es uno de nuestros mejores periodos en nuestra historia", ha expresado la dirigente 'popular', adelantando que rectificarán allí donde gobiernen "aquellas leyes" impulsadas por el PSOE "de la mano de aquellos que no condenan el terrorismo" y que nieguen "lo mejor de nuestra democracia".
