Los afectados por la talidomida deben devolver la mitad de su indemnización en impuestos
El Supremo suprime la imposición del Gobierno de que hagan un nuevo examen para cobrar, aunque el proceso judicial aún no ha terminado.
Desde los años cincuenta y hasta 1985 se permitió en España el uso de un fármaco, recomendado a las mujeres embarazadas, que causaba malformaciones en el feto. Durante un cuarto de siglo nacieron personas a las que faltaba alguna extremidad, y a veces todas, cuyas madres ingirieron la talidomida.
Con aquellos niños que ya rondan los 70 años si han sobrevivido, las responsabilidades tanto de la farmacéutica Grünenthal como del Estado se diluyeron. Hace una década se estableció por ley que no recibirían una pensión, como pedían, para afrontar la vejez que ya les llegaba a los primeros afectados, pero sí serían indemnizados con 12.000 euros por punto de discapacidad reconocido. La ley no se cumplió y en 2018 la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) reclamó ante la justicia.
En noviembre del año pasado los primeros afectados comenzaron a cobrar esa ayuda. De media tienen un 60% de discapacidad reconocida, lo que significa que les corresponde unos 720.000 euros por una vida trastornada por un medicamento usado por sus madres con prescripción médica.
Los primeros que lograron reclamar la indemnización vieron con asombro cómo les quitaban casi la mitad en impuestos. Por ejemplo, a una víctima con 45% de discapacidad, el director del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Luis Barriga, le envió una carta en diciembre de 2023 para notificar que se le concedía la "ayuda" por 540.000 euros, menos "la retención correspondiente" del 47%. Total, el monto era de 286.200 euros.
"Al aplicar la ley, el Gobierno lo que ha hecho es retener el 47% por rendimiento de trabajo", explica Ignacio Martínez, el abogado que representa a Avite. "Es otra batalla que llevamos, por un lado, por la vía política y hemos logrado en el Senado que el PP presente una proposición de ley. Por otro, en los juzgados, donde están recurridas las retenciones".
Además el Gobierno de Pedro Sánchez redactó un real decreto que excluía a tres de cada cuatro afectados, según los cálculos de Avite, de cuyo centenar de socios solo han podido cobrar 24. "El año pasado, hizo un real decreto que obligaba a tener un papel para recibir la ayuda y ese certificado se lo dieron a muy pocos", prosigue Martínez. "No sabemos por qué el comité del Instituto Carlos III usó unos criterios extraordinariamente restrictivos. Cometió muchos errores y no permitía recurrir, a pesar de que el propio Estado ya había reconocido, a través de otro tipo de resoluciones, que eran afectados".
En un largo proceso judicial, Avite logró una victoria en el Tribunal Supremo que, con dos recientes resoluciones obliga a reconocer la condición de los afectados por la talidomida, sin tener que volver a pasar un examen.
Resolución del Supremo
Los demandantes "alegaban que someterse a un nuevo examen de comprobación podría dar lugar a la pérdida de la condición de afectados, que habían obtenido de manera regular y que habían ostentado durante todo este tiempo", resume el Supremo. Aunque las secuelas son evidentes y sus consecuencias terribles, la causa (talidomida) solo puede deducirse. "No existe un diagnóstico objetivo cierto", explica Martínez. "Lo sabes por la fecha, las patologías y el descarte de otras enfermedades. Se puede presumir, pero no asegurarlo".
El tribunal reprende al Ejecutivo por "ignorar los actos que las administraciones autonómicas hayan adoptado en el pasado" y anula el artículo de la ley que les obliga a pedir otro certificado. Un paso adelante para las reclamaciones de la asociación de personas afectadas. También permite recurrir los informes negativos.
El Defensor del Paciente, asociación de la que forma parte Martínez, celebró que se enmendara una ley lograda después de "veinte años de lucha y cinco de retraso, lo que podría ayudar a desbloquear y entregar a las víctimas los 130 millones de euros previstos". Sobre todo, levantar "la ayuda denegada" que habían reclamado los afectados de manera individual y que servirá para "afrontar su difícil vejez". Los afectados por la talidomida comienzan a morir de vejez sin haber recibido una compensación.