Compartir vídeos íntimos sin consentimiento también es un delito
Grabar, difundir o compartir vídeos íntimos es un delito de revelación de secretos penado con cárcel, advierte un abogado de Arag.
Los vídeos íntimos sin consentimiento de las personas implicadas se deben denunciar, eliminar y nunca compartir, según el abogado penalista Gonzalo Oriente (Arag), porque grabarlos, difundirlos o compartirlos es "un delito de revelación de secretos penado con cárcel".
Oriente ha recalcado que no sólo comete el delito quien envía las imágenes, sino "también todas las personas que comparten y difunden este vídeo o fotografías íntimas", informa Arag este martes en un comunicado.
También ha recomendado avisar a quien lo envía de que está incurriendo en un delito, y eliminar la imagen para evitar que siga circulando.
En 2015 hubo un caso de revelación de vídeo íntimo de una concejala y acabó en la modificación del Código Penal: en el artículo 197 se introdujo "la difusión y revelación de imágenes o grabaciones, estableciendo penas de prisión de tres meses a un año o multas económicas".
Así también lo manifestó ya el Tribunal Supremo en la sentencia 70/2022, según la cual el delito no solo abarca a la persona que realizó el video.
"LEY DEL SOLO SÍ ES SÍ"
Según Oriente, la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual ('Ley del solo sí es sí') modificará ese artículo del Código Penal en su apartado 7, que quedará así: "Se impondrá la pena de multa de uno a tres meses a quien habiendo recibido las imágenes o grabaciones audiovisuales las difunda, revele o ceda a terceros sin el consentimiento de la persona afectada".
Además se deberá indemnizar a la persona agraviada, por los perjuicios ocasionados a consecuencia del delito, que es un caso frecuente a nivel social en general y en el entorno escolar en particular.
Detenido por extorsionar a un menor a través de redes ociales
Precisamente este martes, la Guardia Civil ha detenido a un joven de Palma de Mallorca como presunto autor de un delito de abuso sexual a un menor de 16 años, residente en la Región de Murcia, y otro de descubrimiento y revelación de secretos, según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado.
La operación, denominada 'Deoleza' y enmarcada en el 'Plan prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia', continúa abierta para determinar si existen más víctimas relacionadas con el caso.
A finales de 2021, el Instituto Armado abrió una investigación en Murcia, después de que el padre de un menor denunciara que su hijo era víctima de acoso por parte de una persona con la que había contactado a través de las redes sociales.
La víctima manifestó que, después del primer contacto virtual, el autor se hizo pasar por una chica y le solicitó que realizara sexo explícito, a lo que el menor accedió. De esta forma, el autor obtuvo un vídeo íntimo que usó para amenazar al menor con difundir el material si no le enviaba más.
El menor le manifestó su intención de cesar en tales prácticas y entonces comenzaron las amenazas, en las que el sospechoso le manifestó su intención de hacer públicos los archivos recibidos si no continuaba con los envíos. Incluso llegó a enviar archivos con contenido íntimo a varios de los contactos del menor.
Los primeros pasos de la operación, desarrollada por especialistas de Policía Judicial de la Benemérita en Murcia, permitieron verificar los hechos e identificar a la persona que se hallaba tras estos mensajes, un vecino de Palma de Mallorca.
Una vez obtenidos los indicios, previa autorización judicial y con el apoyo de efectivos de la Comandancia de Palma de Mallorca, los guardias civiles efectuaron la entrada y el registro del domicilio del sospechoso, donde se le incautaron diversos dispositivos electrónicos.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia dirige judicialmente la operación. El detenido, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma de Mallorca.
La 'sextorsión' consiste en amenazas o coacciones de las que puede ser objeto un usuario de nuevas tecnologías después de intercambiar o enviar a terceras personas archivos de índole sexual a través de aplicaciones de telefonía móvil u otros dispositivos tecnológicos.
