Rajoy extiende un modelo similar al de Aragón, que apenas llega a los 'sin papeles'

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció este martes que los inmigrantes residentes en España en situación irregular podrán recibir atención primaria. Esta asistencia les estaba 'vetada' desde el verano de 2012, cuando a este colectivo se le comenzó a retirar la tarjeta sanitaria y en caso de enfermedad solo podía acudir a urgencias. En Aragón fueron retiradas unas 14.000 tarjetas del Salud, según los datos facilitados por el Gobierno autonómico.

Pocas horas después del anuncio del ministro, el departamento de Sanidad aragonés comunicó que el cambio normativo no afectaba "en absoluto" a Aragón, porque a pesar de lo recogido en el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, en la Comunidad se siguió atendiendo a los inmigrantes irregulares en centros de salud, hospitales y Urgencias.

Se hizo a través del Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública, puesto en marcha en 2013, cuyo objetivo era cubrir las necesidades sanitarias de personas sin permiso de residencia pero con vocación de permanencia en España y sin recursos económicos suficientes. El programa nunca ha funcionado, a juzgar por los datos de personas adscritas.

A mediados de diciembre del año pasado, el último dato oficial disponible, un total de 901 inmigrantes en situación irregular estaban adscritos a este programa. Hasta esa fecha, 1.159 personas habían pedido acogerse al mismo: solo 99 peticiones habían sido rechazadas y 47 estaban estudiándose en el momento en el que la DGA proporcionó los datos. Estas personas suponen un porcentaje muy pequeño del total de tarjetas retiradas, que ascendió a 14.000 según Sanidad.

El Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública exige para ser considerado beneficiario no tener derecho a asistencia sanitaria por ninguna vía, empadronamiento en Aragón igual o superior a seis meses de forma ininterrumpida y tener ingresos inferiores al IPREM (532,51 euros/mes). Este programa no incluye asistencia farmacéutica y solo incluye la atención en Aragón (no se pueden tramitar desplazamientos).

Un sistema muy similar es el que pretende implantar el Gobierno central a nivel nacional tras el anuncio de este martes. El primer problema a abordar es crear un marco único, ya que como Aragón otras CC.AA. implantaron sistemas similares tras el Real Decreto. El Ejecutivo ya manifestó este martes su intención de pedir un tiempo mínimo de empadronamiento, un nivel de ingresos determinado y la imposibilidad de la atención en un territorio distinto al de su residencia. En ningún caso se devolverá a los inmigrantes las tarjetas sanitarias.

Una medida insuficiente

Katrina Belsué, miembro de la Plataforma Salud Universal (donde se engloban organizaciones no gubernamentales, organizaciones de médicos y enfermeros, movimientos ciudadanos, etc.), opina que el programa aragonés “está claro que no está funcionando” a juzgar por las personas adscritas y critica que el Gobierno no haya dado amplia publicidad a su existencia. Belsué manifiesta que si el programa nacional va a ir en la línea del aragonés “tendrá los mismos defectos de funcionamiento y la asistencia será totalmente insuficiente” y ve un afán electoralista tras el anuncio.

El doctor Leandro Catalán, presidente del sindicato en el que se agrupan los médicos aragoneses de atención primaria (Fasamet), recuerda que la organización que preside criticó en su día la medida del Gobierno porque dejaba sin asistencia sanitaria “a los más desfavorecidos” y advierte que el Ejecutivo tendrá que esforzarse en diseñar una normativa que no deje lugar a problemas de acceso a historias clínicas, tratamientos... porque hoy todo está vinculado al número de la tarjeta sanitaria. “Si se considera que estas personas están dentro del sistema, deberían estarlo en las mismas condiciones que los demás”, valora el doctor.

“El Gobierno ha tardado dos años y medio en darse cuenta que la retirada de las tarjetas a este colectivo era equivocada por múltiples motivos, como le decían organizaciones de todo tipo en 2012”, lamenta Katrina Belsué al hilo de las declaraciones de Mariano Rajoy quien dijo este martes que consideraba "sensato y razonable" la medida impulsada por Alfonso Alonso.

La Organización Médica Colegial (OMC) o la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), entre otras, celebraron el cambio de política. Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) la tildó de "demagógica y electoralista". UGT, CCOO y CSI-F también la consideraron "insuficiente" y avanzaron que van a seguir trabajando hasta que se les devuelva la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles y la sanidad sea "universal". El PSOE, UpyD y Podemos se manifestaron en la misma línea.

Hasta ahora, los inmigrantes en situación irregular podían ser atendidos en urgencias, durante el embarazo, el parto, el postparto, y todos los menores de edad tenían garantizada la asistencia sanitaria.