¿Agotarán la legislatura?
Es la pregunta más veces repetida en los últimos días: ¿se agotará la legislatura? La cuestión, formulada tanto en singular como en plural al hacer mención a los gobiernos central y autonómico, descubre una evidente incertidumbre que pone en riesgo políticas y crecimientos económicos. Con las dos situaciones alejadas de cualquier calco milimétrico, Pedro Sánchez y Jorge Azcón insisten, tal y como describe el manual, en su deseo de consumir los años que restan hasta la próxima convocatoria electoral, aunque las dudas, crecientes además de evidentes, se extienden al no ser dueños de su destino político.
La continuidad de Sánchez depende de Junts. La clamorosa fragilidad en la que está sumida la política nacional, nacida en el mismo instante en el que el PSOE concedió a sus socios la fuerza necesaria para decidir cuándo podía romperse la legislatura, ha sometido la independencia y capacidad de decisión del Ejecutivo. Sin mando alguno sobre el calendario, el problema no solo se centra en quién gobernará la Generalitat, sino en si será posible la aprobación de los presupuestos del Estado de 2025. Con claras evidencias del empeño que PSC y ERC están poniendo para lograr un acuerdo que convierta a Salvador Illa en president (unas conversaciones centradas en conceder a Cataluña una singularidad en su financiación cuando en comunidades como Aragón existe una falta de dotación presupuestaria), la atención se centra en conocer qué es lo nuevo que Sánchez estaría dispuesto a conceder a Junts para que tolere el pacto.
Después de que Junts tumbase en el Congreso el techo de gasto, el miedo a un adelanto electoral se ha avivado entre los socialistas, que parecen aceptar que no se puede seguir gobernando con las cuentas prorrogadas y, menos aún, afectados por la condición imprevisible de Puigdemont. Al margen de todas las causas abiertas contra el expresidente, y sabiendo que Junts da por superada y amortizada la ley de amnistía, Sánchez necesita estabilizar esta relación para avanzar en la legislatura y lograr la aprobación de los presupuestos del Estado. Por su parte, Puigdemont, que ayer mismo aseguró que regresará a España para la sesión de investidura, en un claro intento de presionar al máximo para evitar el acuerdo entre el PSC y ERC, sabe que su mejor opción es lograr que Cataluña retroceda a la tensión vivida en 2017.
En Aragón, por su parte, la continuidad de Azcón depende de Vox. En mayoría minoritaria, el PP asume que, en paralelo a lo que ocurre en la política nacional, el futuro de la legislatura se garantiza con la aprobación de los presupuestos de la Comunidad. Los voxistas lo saben y Azcón lo asume, por lo que la futura negociación mirará preferentemente a la bancada donde se sienta el ya exvicepresidente Alejandro Nolasco. Sin olvidar que Vox tendría muy difícil explicar la caída de un gobierno del PP mientras en Madrid aguanta el PSOE con el respaldo del independentismo, los de Santiago Abascal, sin una estrategia aragonesa reconocible, se encuentran obligados a dejarse notar en un permanente tira y afloja. La falta de madurez de Vox, en cualquier caso, invita a pensar que la continuidad del Gobierno de Azcón está más que garantizada, en especial cuando en Aragón a ningún partido le interesa una convocatoria electoral.
¿Se agotará la legislatura? Tanto Sánchez como Azcón tratarán de aguantar. Pese a las dificultades políticas, ambos gozan de un extraordinario viento de cola gracias a los buenos datos que ofrece la economía.
Sin punto de comparación con lo que se vive en Aragón, la fragilidad del líder del PSOE, cada vez más acusada, es un poderoso factor que altera toda la realidad nacional. Sin una mayoría estable, Sánchez hace tiempo que asumió que solo las cesiones le conceden estabilidad.
