Los pactos del PSOE con sus socios tienen una destacada dimensión económica y una incidencia innegable en el conjunto de las comunidades autónomas. 

Es el caso del pacto de investidura firmado entre el PSOE y Junts al inicio de la legislatura, o, recientemente, la oferta negociadora del PSC a ERC para formalizar un gobierno en la Generalitat. En ambos casos, el denominador común del acuerdo son las concesiones en materia fiscal para Cataluña.

Según las últimas informaciones publicadas, estaría en fase de estudio el establecimiento de un esquema fiscal propio en Cataluña, "singular" en palabras de los representantes políticos, pero en todo caso distinto al que opera en el resto de las comunidades de régimen común. Este esquema estaría caracterizado por el traspaso de la gestión de los impuestos cedidos y por el control de la capacidad normativa sobre estos tributos, es decir, la potestad de modificar los tipos aplicables a las distintas figuras tributarias. Este modelo para Cataluña, de espíritu foralizante, estaría encima de la mesa para su estudio y aprobación en esta primera fase de la legislatura.

La materialización de esta propuesta política por el Gobierno central representaría un antes y un después en la ley que rige el sistema de financiación de las comunidades. En primer lugar, porque socavaría los cimientos fiscales del modelo al desgajar del mismo la parte correspondiente a la economía catalana (alrededor de un 20% del PIB nacional). Y en segundo lugar, porque esta nueva hacienda territorial tendría total libertad a la hora de diseñar su estructura fiscal, una capacidad que no estaría al alcance del resto de las comunidades de régimen común, entre ellas Aragón.

Estos cambios de orden fiscal harían inviable el sistema de financiación de las comunidades en su actual diseño y comprometerían, todavía más, el cumplimiento del principio de solidaridad territorial y de sostenibilidad de las cuentas públicas que debe regir toda acción de gobierno.

En el caso concreto de Aragón, las fuertes relaciones económicas y de vecindad que existen con Cataluña se verían afectadas por el establecimiento de una barrera en la fiscalidad. Dada la convergencia económica de ambas comunidades, la nueva realidad tributaria podría llegar a alterar las decisiones de los agentes económicos privados, los cuales podrían reorientar el destino de la factura fiscal buscando un mejor tratamiento impositivo.

Este cambio en la arquitectura fiscal no tendría un impacto económico inmediato en las regiones limítrofes. Sería un proceso a más largo plazo. Como recuerda el economista Charles Tiebout en su teoría del ‘voto con los pies’, una mejora en la tributación y en la provisión de bienes y servicios públicos, con una mejor relación coste beneficio para el contribuyente, podría representar un poderoso incentivo para que muchos trabajadores y familias, del extranjero o de otras partes de España, optaran por establecer su residencia en Cataluña.

Otro efecto colateral de estos acuerdos políticos es el aplazamiento ‘sine die’ de la armonización fiscal de las comunidades, un empeño del Gobierno en la anterior legislatura que ahora, por un cambio en las prioridades o por exigencias de los socios de gobierno, deja de figurar entre los proyectos del Ejecutivo. Obviamente, de retomarse esta iniciativa, estaríamos ante un ejercicio de contorsionismo político notable, ya que se estaría instando en el Parlamento una equiparación del sistema tributario autonómico para mitigar sus ‘deslealtades’ y, simultáneamente, se estaría diseñando un modelo fiscal alternativo para una región determinada.

Con estas maniobras del Gobierno central, vuelve también a la casilla de salida una iniciativa legislativa de suma importancia para el buen funcionamiento del Estado autonómico: la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas.

El hecho de avalar políticamente, aunque sea una posibilidad jurídica remota, un modelo de financiación exclusivo para Cataluña es un obstáculo insalvable para alcanzar el consenso necesario sobre la actualización de ley de financiación autonómica; un marco legal, este sí, con las mayores garantías democráticas para asegurar los recursos financieros de todas las haciendas territoriales.

Eduardo Pérez Barrau es economista