Los ciudadanos pueden hallarse un tanto desconcertados ante el debate abierto en España en relación a los medios de comunicación.

 Sobre todo por la decisión polémica del presidente Pedro Sánchez de denunciar lo que denominó «pseudomedios», vinculados a su juicio a la derecha y extrema derecha, que esparcen «fango» sobre el tapete público. Una declaraciones directamente relacionadas con las investigaciones sobre las actuaciones profesionales de su mujer. Las anunciadas medidas de «regeneración democrática» están, por lo tanto, vinculadas en una buena parte a los medios de comunicación, cuyo marco de actuación acaba de ser abordado por la Unión Europea. Por primera vez, la UE ha aprobado un reglamento, de obligado cumplimiento por parte de todos los Estados miembros, que establece un marco de referencia que aboga por la pluralidad y la defensa de los medios como antídoto ante los peligros de intervencionismo del poder y como garantía de fortalecimiento de las sociedades democráticas. No es, por lo tanto, una ley que deja una puerta abierta a los abusos de los gobiernos, sean del signo político que sean, sino al contrario, trata de fijar una línea de actuación en un contexto de proliferación de las grandes plataformas de contenidos, la desinformacion, y ante los nuevos desafíos como el de la inteligencia artificial.

Por lo tanto, los gobiernos no pueden -ni deben- legislar contra la libertad editorial ni contra la pluralidad, sino solamente tienen que adaptar la legislación actual en el caso concreto de la transparencia de la publicidad institucional además de exigir dicha transparencia sobre la propiedad accionarial. Ningún gobierno ni ningún partido podrá modificar ninguna norma que vaya en contra del sentido del reglamento, para lo que se crea un organismo central que velará por dicho cumplimiento. Se trata de proteger al ciudadano, no al poder.