El Antiguo Régimen consagraba un estatuto peculiar para cada estamento social. La modernidad trajo la igualdad, que se plasmaba, entre otros muchos aspectos, en la generalidad de la ley. 

Desde hace décadas, el Derecho se ha fragmentado en regímenes jurídicos dispares destinados a reconocer privilegios para determinados territorios o algunas identidades sexuales, por ejemplo. Así no nos debería parecer extraño que la ‘alta nobleza catalana’ exija no aportar nada al erario común o que "en las ofertas de empleo público realizadas por las Administraciones públicas aragonesas, se reservará un cupo no inferior al 1% de las vacantes para ser cubiertas por personas transexuales" (artículo 27.3 de la Ley aragonesa 4/2018, de 19 de abril). En este caso, el nuevo ‘alto clero’ identitario exige sus privilegios.

Siempre he creído en conceptos como persona o ciudadanía. Siempre he mantenido que lo único que se debe valorar de un alumno es su esfuerzo, mérito y capacidad. Pero, frente a esta idea basada en los principios de igualdad y responsabilidad, han explosionado decenas de conceptos identitarios. En las propias universidades se han creado ‘oficinas de la diversidad’, destinadas a primar la diferencia frente al talento individual.

Durante varias décadas habré impartido docencia a unos diez mil alumnos aproximadamente. Nunca me ha importado el color de su piel, el origen de su apellido, su creencia religiosa, su identidad sexual o si se sentían gavilán o paloma. Dos de mis mejores alumnos provienen del ámbito musulmán. Una ha llegado a ocupar puestos relevantes en algunas asociaciones de abogados parisinas y el otro, procedente de una ‘banlieu marseillaise’, ha comenzado una prometedora tesis doctoral. Me fijé desde el principio en su capacidad e interés, su creencia religiosa salió en conversaciones posteriores en torno a un buen café. Y, por cierto, cuidado con los estereotipos. En los últimos años me he topado con una alumna de origen ruso profundamente anti-Putin y con una ucraniana prorrusa.

España es el país de Europa con más identidades territoriales, milenarias para muchos de sus apologetas. A quienes desde posiciones aparentemente progresistas defienden los derechos históricos y los privilegios forales, cabe recordarles que Franco también los conservó en las provincias de Navarra y Álava. Es cierto que los suprimió en Guipúzcoa y Vizcaya, a las que se calificó de ‘provincias traidoras’. Aunque no es menos cierto que a los territorios traidores les fue mucho mejor que a la ‘mártir’ ciudad de Teruel. Esa es una constante de la historia de España.

El franquismo también intentó imponer sus identidades en lo que se dio en llamar el nacionalcatolicismo. En cuanto a la identidad nacional, no lo hizo con más ahínco que algunos nacionalistas periféricos actuales. En relación al catolicismo, no me resisto a comentar una anécdota ocurrida durante la Eurocopa. Una periodista le pregunta a Luis de la Fuente sobre la "superstición" de persignarse antes de los partidos. El seleccionador le responde que no es superstición, sino fe. Lo curioso del caso es que la periodista pertenece a la COPE, la emisora de los obispos. Mucho me temo que ya no quede nadie con vocación de mártir en la Conferencia Episcopal. Sobre la existencia de traidores en su seno, no me cabe ninguna duda.

Ángel Garcés Sanagustín es doctor en Derecho