Sin vergüenza y sin honra
Contemplo con aflicción el actual desbarajuste en el ámbito del poder judicial, que ha desembocado en el aciago disenso entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, por mor de las ocurrentes actuaciones de este último arrogándose el conocimiento de la voluntad del legislador y llevando a cabo una interesada revisión y rectificación de sentencias del primero con rebuscados y falaces argumentos.
No son tales los cometidos del Constitucional y desde luego no tiene entre sus competencias la de enmendar la plana al Supremo. Es una inadmisible asunción de funciones y una desleal injerencia en el trabajo de este tribunal a fuer de retorcer la ley y la jurisprudencia hasta límites inverosímiles, dictando resoluciones en contra de la doctrina establecida, borrando de un plumazo hechos fraudulentos y delitos graves de conculcación de la ley y de clara malversación, más allá del rigor exigible en estos casos y del sentido común.
Esto se explica bien por la peculiar elección de los miembros del Constitucional, procedimiento que suele forzarse de manera artera, pero que nadie se atreve a reformar (como tantas otras cosas) por no destapar la caja de Pandora con todos sus males. En la actualidad está integrado por una mayoría de personas de la órbita del gobierno de la nación, dóciles ejecutores de los deseos y apetencias de su dueño en pago al disfrute de sus respectivas y confortables poltronas. La labor del Supremo queda así minorada cuando no directamente anulada. Se ha sugerido que el Constitucional podría ser una Sala del Supremo y que sus miembros deberían lograr la anuencia del Congreso y el Senado; pero vivimos en un remedo de democracia y aún tenemos por delante un largo camino que recorrer.
El doble rasero, las consideraciones sesgadas al amparo de textos farragosos o inconcretos, incluso faltos de definición o completitud, los actos descarados al servicio del poder en vez de al conjunto de la sociedad, etc., son cosas que siempre me han soliviantado y provocado hondo rechazo. Ítem más: la supeditación del canon o precepto jurídico al albur de la interpretación (atinada o no) de un señor que puede decantarse por una u otra resolución, incluso antagónicas, con total ataraxia e impertérrito ánimo, tal como significados próceres dan muestra hoy, libres de toda ética y sin temor de hacer algo inoportuno o perjudicial que entrañe graves secuelas.
Fui testigo de la malicia en la manera de obrar de un fiscal y de un magistrado (ambos de acentuado perfil político, aunque de menguado crédito) y desde entonces tengo claro el tornadizo papel de la justicia. Por desgracia, este sentimiento se ha acrecentado en el transcurso de los años a tenor de otras exégesis. Ah, lo legal (lo prescrito por ley y conforme a ella) y lo legítimo (lo justo, lícito o equitativo): ¡qué triste desavenencia a veces!
En un reciente artículo publicado en estas páginas, mi buen amigo el profesor Lobo Satué, catedrático emérito de Psiquiatría, se refería al denominado ‘deterioro cognitivo leve’ (DCL por sus siglas en inglés). Decía que "se caracteriza como un menoscabo no grave de las funciones cognitivas (memoria y otras funciones necesarias para adaptarse a la vida cotidiana); … pero, a diferencia de las demencias, no causa todavía la dependencia del sujeto… pues una muy importante proporción de casos no progresan a demencia". Sin osar contradecir a mi querido amigo, creo que algunos ya han pasado por DCL y han devenido, si no en demencia, al menos sí en DDD, o sea en desvergüenza, deslealtad y desprestigio. Me refiero a algunos miembros del CCC, quiero decir del Colegio Constitucional de Comisarios, trufado de arribistas obedientes al poder, que no es que hayan discurrido fuera de razón o meado fuera del tiesto, es que, según parece, se han enlodado de pies a cabeza con sus taimadas y tortuosas maniobras, anteponiendo sin rubor criterios ideológicos y políticos a las pautas de estricta justicia.
Nuestro Estado de derecho se deteriora a ojos vistas y bajo este herrumbroso tinglado chapotean algunos juristas con aviesas intenciones, hasta el punto de convertir el Tribunal Constitucional en uno de apelación y de revocación de penas impuestas por el Tribunal Supremo. ¡Qué mayúsculo dislate! ¡Cómo no va a resentirse la calidad de nuestra democracia y nuestra convivencia! Por lo visto, para ellos priman más la ideología y las consignas políticas (además del acomodo personal) que la sana práctica jurídica y la salvaguardia del principio de igualdad ante la ley. Impasibles ante la acción denigrante y el agravio, no les turba embarrarse por ambición propia o enfermiza ofuscación. Son como viejos y torpes elefantes hundidos en la ciénaga del descrédito que barritan sin vergüenza y sin honra su deleznable sumisión al amo autócrata. El tiempo pondrá a cada cual en su sitio.
José Badal Nicolás es catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza
