El servicio de autobús urbano sufre la incomprensible prórroga de contrata a una empresa que viene siendo un ejemplo de mal servicio. Contrata negociada a espaldas de los ciudadanos, en pleno conflicto laboral y solo desvelada tras las elecciones. Por si esto fuera poco, la justicia ha obligado a la corporación a convocar un nuevo concurso dada la ilegalidad del anterior.

Toda esta falta de información a los ciudadanos y la incertidumbre creada sobre el futuro de la gestión del servicio se traduce en un deplorable transporte público con incumplimientos diarios de horarios, información y calidad del material rodante.

Consumir agua en Zaragoza se ha vuelto carísimo. A una subida de la tasa de suministro que triplica la inflación hay que unir una subida del 29% en la tasa de basura. Tasa que se calcula también sobre el consumo de agua de hogares y empresas. La excusa dada de la repercusión de costes no se sostiene y contrasta con lo ocurrido en otras localidades de Aragón. Esperemos que tras esta subida no esté la preparación de un escenario económico que permita una privatización del servicio.

Todo esto se ha traducido en una fuerte subida de la importancia de los precios y tasas en la recaudación municipal, mientras que ha bajado sustancialmente la importancia de los impuestos a la riqueza y la propiedad como evidencian los informes de los servicios técnicos sobre ejecución presupuestaria municipal.

Sorprende que hasta la fecha no sepamos qué va a pasar con la renovación de la depuradora de la Cartuja, de costosa y necesaria actualización. Los zaragozanos contribuimos generosamente al plan aragonés de depuración. En esta cuestión hemos pasado de la confrontación entre el Ayuntamiento y la DGA, a una colaboración que no se ha traducido en mejoras para los zaragozanos ya que seguimos pagando las depuradoras de los demás mientras nuestras necesidades nos las pagamos nosotros. Las necesidades futuras de la ciudad en los temas del ciclo del agua son multimillonarias sin que a estas alturas sepamos todavía ni cuando, ni cuanto ni qué se va a abordar y sobre todo cuanto va a financiar la DGA.

Particularmente sangrante es la situación de los vecinos y empresas de los barrios de Casetas y Garrapinillos a los cuales el colaborante Gobierno de la DGA no reconoce la condición de zaragozanos y aplica el IMAR sin la bonificación. Estos vecinos y empresas pagan pues el IMAR en su totalidad y sus recibos municipales de agua y vertido sin ningún tipo de bonificación.

Esta política de altos costes de los servicios públicos, tanto los gestionados directamente como los contratados, tiene un impacto directo sobre los precios que los ciudadanos pagamos por los servicios privados. Por ejemplo, los precios de la hostelería de la ciudad vienen siendo explicados por el incremento del en los precios de la basura, tasados en el consumo de agua, más el propio incremento del precio del agua.

La inversión en equipamientos deportivos puede repercutir en los precios de los servicios públicos. Nos preocupa mucho los reiterados anuncios de inversiones multimillonarias en un equipamiento deportivo que, en principio, no iba a costar nada a los vecinos. No sabemos la repercusión futura de este equipamiento en los precios de los servicios públicos. Pediríamos un firme compromiso del equipo municipal que nos asegure que este equipamiento no supondrá que los vecinos y empresas zaragozanas paguemos más por nuestra basura, el suministro de agua, las tasas municipales, el servicio de transporte urbano, etc. Nos gustaría que, a cada noticia sobre el coste de este proyecto, se correspondiera con una información sobre la financiación de este y su repercusión en presupuestos municipales.

La falta de vivienda amenaza con estancar el desarrollo económico de la ciudad, además de suponer un enorme factor de empobrecimiento de los zaragozanos. No nos vamos a extender sobre la importancia del problema habitacional en Zaragoza. Es de dominio público que la posibilidad de encontrar una vivienda es cada vez más inalcanzable. Las causas y las consecuencias son varias y no es este lugar para detallarlas. Pero es claro que no es posible diseñar ningún proyecto, empresarial, educativo, sanitario, sin tener en cuenta la falta de viviendas para las poblaciones necesarias.

Sabemos que la solución no es fácil, que no hay medidas milagrosas que lo solucionen de un plumazo. También que el Ayuntamiento no es la única administración implicada. Pero echamos de menos un planteamiento estratégico y un liderazgo de la ciudad que arrastre al resto de administraciones. Pedimos soluciones a la altura del problema. Ambición en los objetivos. Consensos políticos y sociales a largo plazo. Elevación de esta cuestión a la categoría de primer problema de la ciudad. Los zaragozanos no queremos tener que cambiar de población para poder vivir, como les está pasando a otros.

José Ángel Oliván es presidente de Unión de Consumidores de Aragón (UCA)