La inmigración inflama el escenario político
Ante el desbordamiento de la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias, es imprescindible una acción concertada entre el Gobierno central y las autonomías. El PP, que gobierna en la mayoría de las comunidades, se ha manifestado a favor de la cooperación siempre que haya «capacidad» de acogida. En cambio, Vox ha amenazado con romper los gobiernos de coalición con el PP, incluido el de Aragón. El partido de Santiago Abascal no debe fundamentar su relación con los populares en la inaceptable táctica del chantaje.
La constante llegada de inmigrantes a las costas españolas se ha convertido en un desafío muy complejo que también afecta a otros países occidentales. Encararlo no es tarea sencilla, pero, de entrada, exige organización, leyes consensuadas, voluntad política y presupuesto. No abordar este reto atendiendo a los principios de legalidad y solidaridad daña a los propios menores y también a la sociedad en su conjunto porque se potencian los discursos xenófobos que tanto predicamento han tenido en las urnas de países vecinos como Francia e Italia. En España, Vox ha optado por convertir este asunto en un escaparate para la exhibición de su deriva extremista.
El Gobierno central es el primer responsable de las políticas migratorias, que para ser eficientes exigen coordinación con las autonomías, lealtad política y la exigencia en Bruselas de una respuesta común de los países de la UE. Hasta ahora han faltado datos claros, identificaciones precisas de los menores y dotaciones presupuestarias adecuadas. La Moncloa, que ya llega tarde, tiene que poner en marcha una gestión equitativa y eficaz de los flujos migratorios contando con todos los gobiernos autonómicos y locales, sean del partido que sean.
