La instrucción, al Ministerio Fiscal
La idea no es nueva. Se trató de ponerla en práctica sin éxito con el Ministro Caamaño y, desde entonces, su proyecto permaneció congelado en el cajón de algún despacho del Ministerio de Justicia, hasta que hace unas pocas semanas el Gobierno y el fiscal general, García Ortiz, decidieron reactivar la idea impulsando la ley que hará posible poner en manos de los fiscales la instrucción penal.
Ello fue anunciado en el Consejo de Ministros del pasado mes de marzo por el ministro Bolaños. Por su parte, las asociaciones de fiscales exigen una reforma estatutaria que garantice la independencia de las investigaciones.
Llegados a este punto, lo primero que se me ocurre es si los fiscales van a disponer de la suficiente independencia para asumir la dirección de las investigaciones. Coyunturalmente se trata de un momento malo, ya que nos encontramos con un fiscal general absolutamente dependiente del Gobierno y que para más inri ha sido condenado por el Tribunal Supremo por haber incurrido en desviación de poder y está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos. En cualquier caso, sería absolutamente necesario acometer una reforma en profundidad del Estatuto del Ministerio Fiscal para hacer posible que de una manera o de otra el fiscal general dejara de depender del Gobierno. Esto cohonesta con lo que expuse hace unos meses desde esta misma tribuna cuando hablaba del principio de legalidad frente al de oportunidad, retomando las palabras de Goldschmidt, quien ya en 1935 nos prevenía de los peligros que conllevaba la aplicación de este último al hacer prevalecer los motivos de oportunidad política frente a la estricta aplicación la Ley.
Pero ahí no acaba la cosa. ¿Cómo se improvisarían de golpe y porrazo unas dos mil plazas de nuevos fiscales encargados de la investigación penal? Se dice que tal problema se resolvería transformando dos mil jueces de instrucción en funcionarios del Ministerio Fiscal, pero en mi opinión se trata de una solución simplista y de difícil traslado a la práctica, ya que, en su momento, quien decidió ser juez no puede resultar obligado de golpe y porrazo, valga la expresión, a cambiar su estatus profesional y, además, de continuar subsistiendo el mismo número de jueces de instrucción que hay ahora, pero privados ya de las funciones de investigación que les son propias por haber sido encomendadas al fiscal, su función quedaría reducida a la de meros jueces de garantías, mientras que el número de fiscales actualmente subsistentes resultaría claramente insuficiente para asumir las tareas de instrucción. De otro lado, la estructuración jerárquica propia del Ministerio Fiscal y, en consecuencia, su dependencia del fiscal general del Estado nombrado a su vez por el Gobierno, reclamaría una profunda reforma de su Estatuto: piénsese que en nuestro sistema actual, el Ministerio Fiscal puede pedir al juez de instrucción que se procese a una persona o, en su caso, que se archive un asunto, pero en definitiva corresponderá a este último el decidir libremente si lo hace o no, mientras que en el sistema que se propone es el propio fiscal quien lo decide, decisión que en determinados delitos, y básicamente en los de corrupción, podría encontrarse impuesta o condicionada por una orden venida ‘desde arriba’, con evidente quebranto del principio de independencia que ha de presidir la función del Ministerio Fiscal.
Concluyendo: ignoro cómo funciona en otros países la Instrucción por el Fiscal, pero cuestiono muy seriamente cómo funcionaría aquí. Pero lo que, sí me gustaría transmitir al sufrido lector, recurriendo al sentir popular, es que lo que funciona hay que dejar que siga funcionando y, que yo sepa, la labor de los jueces de instrucción en España nunca ha sido cuestionada. Alonso Martínez sigue vivo.
Francisco José Picazo Blasco es presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza
