Opinión
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Por
  • Manuel de Miguel

Freno al alquiler turístico

Las viviendas de uso turístico deben ser autorizadas por la DGA.
Vivienda de uso turístico
Francisco Jiménez

La polémica sobre los pisos turísticos crece sin freno. Hace cuatro semanas dediqué esta columna al asunto y en este tiempo se han multiplicado las opiniones y reportajes, las decisiones políticas y las protestas de ciudadanos, generando un gran debate contra esta moda que se expande de forma desbocada e insostenible.

No ayuda la nueva ley de vivienda. Al cumplir un año en vigor, Javier Escartín resumía en Heraldo: "Esta norma ha agravado la escasa oferta de alquiler en todo el territorio español, principalmente por la inseguridad jurídica que atormenta a los propietarios, que no quieren sacar sus viviendas al mercado de arrendamiento tradicional". Entendemos a quienes alquilan su piso a turistas, resulta más rentable y menos arriesgado, pero las instituciones deben regularlo con urgencia por un interés común.

Entre las grandes capitales españolas, Zaragoza es la que menos sufre el problema y aún así entrando a Airbnb, empresa que por cierto obtiene casi 2.000 millones de euros anuales de beneficio, hallas 1.200 alojamientos. En el centro de las ciudades más turísticas expulsan a los vecinos de siempre, a base de no renovar contratos o encarecerlos fuera de sus posibilidades. Incluso en Zaragoza es evidente la escasez de ofertas de alquiler residencial y el incremento de los precios en los últimos meses.

A muchos pueblos de costa o de montaña es muy complicado que lleguen los necesarios camareros, médicos, maestros, funcionarios, guardia civil, etc. incapaces de pagar ni una habitación. En Ibiza miles duermen en caravanas.

Tampoco se pueden obviar los conflictos de convivencia cuando en vez de un vecino tienes cada fin de semana una despedida de soltero y podríamos sumar más argumentos como el de la competencia injusta para los hoteles.

En estos últimos días desde la ministra de vivienda a las autonomías y ayuntamientos anuncian propuestas y medidas parciales o tan rotundas como la del alcalde de Barcelona, que promete la desaparición en 5 años de los 10.000 pisos de alquiler vacacional que soportan. Y lógicamente le aplauden.

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